La crisis y la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

En nuestro entorno más cercano, la profundización y prolongación de la crisis han venido a sumarse a las situaciones de violación de los Derechos Humanos que ya veníamos denunciando desde hace años. Las bolsas de marginación y exclusión social, lejos de reducirse, tienden a crecer a costa del aumento del paro y la precariedad, de los problemas de vivienda cada vez más agudizados o el comienzo de recortes en atención e inversión pública que afectan en muchas ocasiones a los sectores más débiles.

La crisis es, en buena medida una excusa para reorganizar nuestra forma de organización y relación social. Es un proceso que comenzó hace tiempo y que tiene como objetivo final la libertad absoluta de los mercados para actuar, no en función del interés general, sino en su propio beneficio. Todo, todos, somos mercancía: desde nuestra fuerza de trabajo hasta los servicios más básicos que garantizan nuestros derechos más fundamentales, aquello que consideramos intocable; aquello que consideramos que nunca se llegaría a ver violado y que ahora nos tememos que comienza a peligrar en las garras y la avaricia de los mercados que parecen no saciarse nunca. Ahora lo vemos claro, los derechos hay que ejercerlos y defenderlos o se pierden. Son conquistas sociales, históricas, y como tales es necesario exigir su cumplimiento y denunciar su quebranto.

La crisis actual ha puesto de manifiesto buena parte de las contradicciones de nuestra sociedad, de un sistema de derechos que se muestra incompatible con el funcionamiento de los mercados porque están fuera de la lógica del máximo beneficio económico. Una amplia mayoría se ha dado cuenta. El movimiento 15M es un buen reflejo de ello. Situaciones como el sometimiento de la clase política, nuestros representantes, a los dictados de esos mercados y sus exigencias, por encima del bien común y de los derechos fundamentales, han mostrado bien a las claras cuales son las prioridades y dónde están los centros de decisión y poder.

En lo concreto, lo más cercano, algunas situaciones muestran, desde los extremos, cuáles son esas prioridades y las líneas políticas actuales. En los últimos años, cientos de vendedores ambulantes, los manteros, en su mayoría inmigrantes, han sido condenados en España a un total de entre doce y veinticuatro meses de prisión por vender CD ilegales. Mientras, las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), gozan prácticamente de inmunidad fiscal, tributando un 1% de los enormes beneficios obtenidos a través de estas herramientas de gestión de grandes capitales financieros. Se calcula que desde 2008 se han producido en España unos 500.000 desahucios por impagos de hipotecas o alquileres. Solo entre enero y junio de 2011 la cifra alcanzaría los 32.000 procesos. Frente a esta situación, ha sido imposible, por falta de voluntad, sacar adelante la propuesta de la dación en pago en el caso de las hipotecas y los bancos han recibido una ingente cantidad de dinero en ayudas públicas después de haber provocado la propia crisis. Desde el mes de julio de 2011, la ley de residuos y suelos contaminados está generando una nueva crisis social entre las personas que recuperan la chatarra como única fuente de ingresos, obligándolos en la práctica a darse de alta como autónomos o, en muchos casos, a dejar su actividad u ocultarse aún más profundizando las situaciones de marginación. Al mismo tiempo, el fraude fiscal en España se cifra entre el 20 y 25%. Según los técnicos de la Agencia Tributaria, el monto total del fraude que llevan a cabo las grandes fortunas,  las grandes empresas y los Bancos, alcanza los 44.000 millones de €.

Algunas de las famosas ordenanzas por la convivencia de nuestras ciudades prohíben dormir en la calle o recoger cartones (son propiedad pública una vez depositados en la basura). Se prohíbe ser pobre. Afea. Estorba. No contribuye a una imagen de modernidad, ni mucho menos es competitivo.

Estas contradicciones han puesto a su vez de manifiesto que vivimos en una plutocracia y que se gobierna fundamentalmente para los ricos. Como en la fábula política de Mouseland que hizo famosa Tommy Douglas, el mundo de los ratones está gobernado por gatos de distinto color, que hacen leyes que son buenas para los propios gatos, pero no para los ratones. La política ha quedado así cautiva de una economía al servicio de los mercados controlados por aquellos que se benefician directamente de ellos. Hace ya tiempo que sabemos que el beneficio de unos pocos no traerá como resultado el desarrollo y bienestar de la mayoría. Trae precisamente eso, el beneficio de unos pocos. Los demás no somos necesarios. A lo sumo seremos útiles en la medida en la contribuyamos al beneficio de esos pocos, pero siempre fácilmente prescindibles y reemplazables como trabajadores, ahorradores, votantes e incluso como consumidores.

El aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos recuerda precisamente, la importancia de su defensa. Los Derechos Humanos son, esencialmente, herramientas de lucha por la dignidad humana. Para eso nos han de servir, para seguir y no parar hasta conseguir su cumplimiento, aunque sea utópico.

(*) José María Martín Civantos. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, delegación en Granada 

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