Entrevista: Lorenzo Capellán de Toro, presidente de ADIDE Federación

 

– Usted lleva poco más de un mes en el cargo de presidente de ADIDE Federación. ¿Cómo está siendo el cambio de responsabilidades?

– Bien. Creo que bien. Es un privilegio representar a la mayoría de inspectores e inspectoras de España y a la vez es una enorme responsabilidad, tenga en cuenta que están federadas 16 Comunidades Autónomas además de Ceuta y Melilla. Nos hemos presentado con un programa en el que se conjuga continuidad y renovación. Tenemos ilusión y voluntad, estoy seguro que la nueva Junta Directiva de ADIDE Federación en su conjunto hará un buen trabajo.

– El papel de la Inspección, principalmente, es el de control, evaluación y asesoramiento, pero ¿qué es todo lo demás, lo “secundario”?

– A las que usted plantea hay que añadir el de supervisión. Efectivamente las cuatro funciones fundamentales de la inspección,  que nos atribuye la norma  ya desde la LOPGCE en 1995 y que han venido reproduciendo con una redacción muy similar las leyes orgánicas de educación hasta la LOE o las recientes leyes autonómicas, son las de supervisión y  control, la participación  en la evaluación y el asesoramiento.

 Creo que los planes de inspección deberían de centrarse fundamentalmente en estos aspectos, sin embargo, tradicionalmente en las tareas de inspección ha tenido mucha importancia lo que usted llama “secundario”: la gestión de la escolarización, de cupos y plantillas de centros,  de programas y planes educativos de diverso tipo, la divulgación de nuevas regulaciones legales, la realización de multitud de informes a veces de relativa importancia, la dedicación a temas menores que pueden gestionar/resolver los propios centros u otros órganos y servicios de la Administración Educativa, y que producen un déficit de atención a lo esencial y muchas veces un exceso de burocratización de nuestro trabajo.  

 Es importante que los responsables políticos conozcan y apliquen tanto la literalidad como el espíritu de lo que la norma le asigna como fin principal a la inspección educativa “asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza”  , esa es la esencia de la inspección y en esa dirección deben de orientarse las prioridades  de su trabajo. Es un error y un despilfarro que, unas veces por desconocimiento y otras porque lo aconseja la coyuntura política del momento, se desenfoque el trabajo de la inspección y se infrautilice un colectivo con enorme cualificación, experiencia  y un gran potencial transformador,  dedicándolo más a tareas secundarias o burocráticas que a lo esencial. Esta  manera de proceder puede  conducir a una  pérdida progresiva en la valoración de su papel por la comunidad educativa y la sociedad y también a una desprofesionalización paulatina.

En este momento para mí lo esencial es poder contribuir a un conocimiento profundo y riguroso de todo lo que acontece en los centros escolares en relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, su organización y funcionamiento y como confluyen para que se produzca el éxito escolar para la mayoría y, en consecuencia, que nuestros centros escolares presten un servicio educativo equitativo y de calidad.

Esto pasa necesariamente por reforzar las atribuciones de la inspección y muy especialmente la de Evaluación, en algunos casos en manos de Agencias Externas descontextualizadas, poco conocedoras de la realidad escolar y muy costosas para el erario público.

– En esta línea, la Inspección, en el día a día ¿a qué dedica más tiempo, a lo urgente o a lo importante?

– Creo que en parte ya he contestado a esta pregunta. No obstante le diré que por lo general se planifica en relación con lo importante, entendido desde la perspectiva del que planifica y tiene la legitimidad para hacerlo, y que no suele coincidir en las diferentes CCAA. A veces lo importante tampoco coincide con lo esencial que ya le he explicado. Luego en nuestro trabajo se impone la realidad del día a día y es mucho tiempo el que se dedica a lo incidental y a lo urgente. Hay cuestiones urgentes que son  muy importantes y que de su rápida y eficaz resolución depende, en muchas ocasiones, el buen funcionamiento de los centros, de la convivencia, etc., en estos casos la inspección siempre está en primera línea.

Lo que ocurre es que muchas de estas cuestiones podrían evitarse con la planificación e implementación políticas educativas (medidas) adecuadas ya que muchas son cuestiones que ya conocemos,  son reiterativas y se repiten periódicamente, sabemos que suceden curso tras curso, año tras año, y además lo decimos en nuestras memoria, en nuestros informes. Pero por lo general la administración es lenta y poco eficiente en su toma de decisiones. O el político responsable cambia demasiado a menudo y cada cual trae su propia visión.

El resultado es que acabamos haciendo lo urgente pero también lo “importante” (lo planificado) con la consiguiente sobrecarga de trabajo, falta de tiempo, y no siempre todos los recursos que serían necesarios. Si la administración no prioriza y establece límites, es inevitable la pérdida de eficacia y eficiencia en el trabajo de la inspección. La inspección no puede estar siempre y para todo. Le contaré como anécdota que cuando a mi Delegación Territorial llega al registro un escrito o documento y no tienen claro a quien corresponde recibirlo y gestionarlo, siempre acaba en el Servicio de Inspección, el “cajón de sastre”.
Esto desenfoca nuestro trabajo, limita nuestra eficacia y el sistema educativo pierde un recurso esencial para su calidad.

– ¿Por dónde pasaría la solución?

– Como le he dicho se trata de centrar bien el foco en las funciones que establece la LOE y que ya hemos comentado, pasaría por hacer una planificación realista, posible de ejecutar, que priorice sobre lo esencial para la mejora del sistema educativo; no dedicar a los inspectores e inspectoras a demasiadas tareas burocráticas y coyunturales que pueden realizar otros funcionarios y servicios. En estos casos nuestro papel  debe de ser el de supervisar y garantizar un correcto desarrollo de los procedimientos y del cumplimiento de las normas que los regulan. Así pues no es un problema de funciones, sino de cómo concretemos las funciones en un plan de trabajo para un tiempo determinado (con garantías de estabilidad) en cada territorio y lo que se nos pide en el día a día a los inspectores e inspectoras, en relación con el mismo. Por poner un ejemplo para que se me entienda, no se trata tanto ejecutar los procesos de escolarización, como de supervisar que estos se desarrollan garantizando los derechos de las familias en lo que respecta a la aplicación de los criterios de escolarización, al reparto equilibrado del alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo, al cumplimiento de plazos y resolución de los procesos de reclamaciones, etc.

En este sentido, es muy importante que la Asociación de Inspectores ADIDE y la Federación de todas las Asociaciones, como mayoritaria en el Estado español, contribuya al debate y definición del papel de la inspección, que entiendo, por las cuestiones ya expresadas, que ha de ser estable y centrado en lo nuclear del sistema educativo, fortaleciendo además su carácter técnico e independiente. Y que además lo exija.

El nuevo presidente de ADIDE Federación a las puertas de la Delegación Territorial de Educación de Granada

– ¿Qué importancia tiene en todo esto la inestabilidad de la plantilla de la Inspección?

– Esta es otra cuestión de calado, de rabiosa actualidad y que nos preocupa enormemente como asociación profesional. Nos encontramos en este momento con Comunidades Autónomas donde no se convocan, desde hace tiempo, oposiciones para el acceso al cuerpo de inspección, cubriéndose las vacantes que se producen mediante variados, diversos y en algún caso poco ortodoxos procesos de selección.

 En la actualidad existe alguna Comunidad con más del 60% de sus plantillas del Cuerpo de Inspección de Educación, cubiertas  por inspectores e inspectoras, accidentales, extraordinarios o provisiones (en cada una reciben nombres distintos), y con inspectores e inspectoras con más de una decena de años de provisionalidad. ¿Cuáles son las razones para mantener esta situación? Pues la verdad es que ni las entendemos ni las compartimos, sean las que fueren.

  Es precisamente la condición, el estatus de funcionario/a el que garantiza, en un Estado de Derecho, el principio de independencia (ecuanimidad y neutralidad política e ideológica) que debe presidir el ejerció de la función inspectora, al servicio del interés general y  como garante del precepto constitucional del derecho a la educación.

 Esta situación provoca, desde mi punto de vista, además de inestabilidad e incertidumbre sobre la permanencia en el puesto de trabajo, una inseguridad jurídico/profesional del inspector o inspectora y una  dependencia del poder político/administrativo del momento (quien de manera periódica decidirá, de forma  discrecional y más o menos arbitraria, su continuidad), nada deseable ni beneficioso para la sociedad, el Sistema Educativo y los Servicios de Inspección. Queramos o no se produce una quiebra del principio de independencia y se corre el riesgo de una desprofesionalización progresiva y controlada a favor de la creación de inspecciones a la carta, fáciles de cambiar en función del signo político del que gobierna. Esto es inaceptable para ADIDE-F.

 No se trata tanto de hacer una defensa del estatus funcionarial que pudiera parecer corporativa, sino de lo que representa ese estatus de seguridad y de presumible independencia de quien lo ostenta, al servicio de la ley y no de los administradores. Por ello es preciso exigir de estas administraciones la convocatoria inmediata de procesos de selectivos, basados en los principios de merito, capacidad y publicidad, que pongan fin a la situación de inestabilidad, inseguridad y dependencia que se ha creado, y en los que, en todo caso, se tenga en consideración, mediante los procedimientos legales que se deban de arbitrar, a aquellos que durante años, muchos años, han venido y vienen ejerciendo con eficacia y profesionalidad la función inspectora.

– El cuerpo de inspectores está formado por personal docente. ¿Cómo se lleva ser docente y “no serlo” al mismo tiempo?

“No se puede ser inspector o inspectora sin haber sido docente, nuestra actuación es multidisciplinar, poliédrica, muy diversa lo que exige un conocimiento profundo del funcionamiento de sistema educativo, de los centros y de los servicios escolares”.

– No se puede ser inspector o inspectora sin haber sido docente, nuestra actuación es multidisciplinar, poliédrica, muy diversa lo que exige un conocimiento profundo del funcionamiento de sistema educativo, de los centros y de los servicios escolares.  Y esto solo se puede tener si se ha vivido en ellos, se ha participado de sus dinámicas vivas y cambiantes, si has formado parte de los mismos.

– La mayoría de las personas que conforman la inspección educativa no solo han ejercido, muchos años, como docentes sino que además han participado en equipos directivos, en órganos de coordinación docente, en servicios escolares externos, etc., e incluso muchos siguen ejerciendo como profesores asociados en la Universidad.

– Esa visión y conocimiento, atesorado durante años, desde dentro, complementada con la visión que ahora tenemos desde fuera, nos sitúa en una situación estratégica y privilegiada a la hora de analizar, entender y contextualizar cada realidad escolar con la que nos encontramos cada día. Nos permite incorporar elementos de reflexión que a veces están ocultos, poco visibles al que está inmerso en su realidad cotidiana. Se trataría de contribuir, en palabras de Miguel Ángel Santos Guerra, a hacer visible los cotidiano. También nos permite hacer una intervención cercana, realista, respetuosa con el principio de autonomía de los centros, buscando y encontrando el equilibrio necesario en el desempeño de nuestras funciones de supervisión y control, evaluación y asesoramiento. Requiriendo pero también mediando, proponiendo y creando contextos colaborativos con los equipos directivos, el profesorado, el alumnado y  las familias, que abran procesos de reflexión, autoevaluación  y toma de decisiones orientadas a la mejora permanente del sistema y del servicio público que prestan nuestros centros escolares.

– 17 Comunidades Autónomas ¿17 inspecciones diferentes?

– Sí y no. Me explico. Si, aunque seamos un cuerpo de funcionarios de carácter estatal, el artículo 154 de la Ley Orgánica 2/2006 de educación, permite y establece que sean las administraciones educativas las que regulen normativamente  la estructura y  el funcionamiento de los órganos que establezcan para el desempeño de la inspección educativa en sus respectivos ámbitos territoriales. Esto es lógico desde el punto de vista de la organización territorial del Estado en Comunidades Autónomas que además tienen transferidas prácticamente todas las competencias en materia de educación.

 Esto permite y además lo considero positivo y necesario, que cada Comunidad Autónoma, en función de su idiosincrasia, su realidad educativa, sus necesidades, sus fortalezas y debilidades, diseñe e implemente las políticas educativas que considere más convenientes para dar respuestas  efectivas a sus necesidades. Y en este contexto está también la Inspección Educativa. Así sus planes serán un reflejo y estarán al servicio de de esas políticas educativas y de las prioridades que en ellas se establezcan.

 Este no es el problema, es legitimo y como he dicho necesario ya que las políticas deben de estar contextualizadas. Lo que sirve y es bueno para un territorio puede no serlo tanto para otro. El problema radica cuando estas políticas no tienen en cuenta lo que también la Ley Orgánica 2/2006 de Educación establece, con carácter prescriptivo para todas las administraciones, en su artículo 151, que son las funciones de la inspección educativa.

– Si, en cuanto los Planes de Actuación de las distintas administraciones educativas, es decir Comunidades Autónomas, no sean capaces de conjugar autonomía y respecto a lo establecido, respecto de las funciones esenciales de la inspección, en el marco normativo estatal, de carácter de orgánico y por tanto de obligado cumplimiento para las mismas, orientando y cargando a la inspección educativa, como ya he comentado en otro momento de la entrevista, y es inevitable volver sobre el tema aunque parezca reiterativo, más a tareas administrativas y burocráticas, accesorias o de “apagafuegos” estabilizadores respecto de determinadas contingencias que se puedan ocasionar como consecuencia de la aplicación de algunas medidas educativas. Este papel ni nos gusta ni consideramos que sea la esencia de nuestro trabajo, aunque en determinadas ocasione pueda ser necesario, cuando se vulneran o se ponen en juego derechos fundamentales.

– No, si se cumple con el ordenamiento jurídico y logramos, que indistintamente de donde se ejerza la función inspectora, se respeten y se vertebren los planes de inspección en torno a las reiteradas funciones primordiales. Y que un inspector o inspectora, trabaje en Cádiz o Valladolid, tengan un marco común de referencia en su actuación, seguridad y estabilidad en el empleo y garantías de independencia en el ejercicio de su profesión, al servicio de la Ley y la ciudadanía. En esta tarea y en defensa de este modelo estará empeñada ADIDE-F y pondrá en su consecución todo el esfuerzo y la dedicación que sean necesarias, desde el dialogo y la colaboración pero también desde la denuncia y la reivindicación.

– ¿Es posible hoy la independencia de la Administración educativa? Hay algunos casos bastante sonados de conflicto, como el de Madrid de hace unas semanas.

– No solo es posible, es absolutamente necesaria, imprescindible, está en la génesis de su  razón de existir. Sin este principio no hay Inspección, ni de educación ni de nada. Todas las Inspecciones se rigen, en sus actuaciones y proceder, por este principio.

 Imagínese qué dirían los inspectores de la ONU si se les planteara esta cuestión cuando buscaban armas químicas. ¿Tendrían que dejarse influenciar por determinados gobiernos occidentales o por la intimidación del gobierno sirio? ¿O actuar al servicio de los derechos humanos por encima de todos los obstáculos e intereses?

 Es más, la inspección de educación debería de depender del parlamento como ocurre en otros países, para salvaguardar su independencia y garantizar el desarrollo de sus planes. La inspección no es un contrapoder, ni juega partidariamente o hace oposición política. Es garante del cumplimiento de la norma y la protección del derecho a la educación de la comunidad educativa y de la ciudadanía en general. Y ello puede significar a veces la realización de informes y dictámenes que cuestionen la conveniencia, desde un punto de vista técnico, o la legalidad, de acuerdo con la norma, de determinadas decisiones o medidas educativas adoptadas por la administración. Y aunque no guste, ese es también nuestro papel y la ley nos da atribuciones para ello. Es así y debe de ser así.

 No obstante el hecho de que dependa de una Consejería tampoco tiene porqué ser un problema;  eso sí considero que cuanto mayor sea el rango del órgano del que dependa mejor para salvaguardar este principio y otros, al menos de una Viceconsejería o similar. Cualquier dependencia de inferior rango podría lastrar su eficacia, entre otras cuestiones porque podría provocar el que diferentes órganos y servicios se arrogarán y disputarán el derecho a utilizar a la inspección como instrumento al servicio de las políticas propias de cada departamento. Esto sería, es un caos.

"Nosostros informamos y proponemos y es el órgano adminsitrativo el que toma las decisiones, estos son nuestros respectivos papeles, y así de ser"

– Algunas administraciones pueden creer que la Inspección es una especie de “brazo armado” que tienen a su disposición. ¿Tiene esto solución?

– Lo pueden creer, lo pueden intentar y en algunos casos practicar. La cuestión es si, como colectivo, nos dejamos y lo permitimos. Y la respuesta es no, aunque popularmente, e incluso por algunos sectores de la comunidad educativa, se piensa que es así.

 Es más le diré que determinadas situaciones pueda haber tensión o disparidad de opinión y  criterios entre el que ostenta un cargo en la administración educativa y la inspección. Pero la Inspección está obligada a informar, y lo hace, de lo que está ocurriendo de acuerdo con su criterio técnico y con la interpretación que hace de la norma establecida y no puede ni debe acatar instrucciones que no estén sujetas a nuestro ordenamiento jurídico.

 Nosotros informamos y proponemos y es el órgano administrativo correspondiente el que toma las decisiones, estos son nuestros respectivos papeles y así debe de ser. Puede en estas decisiones tener o no en cuenta nuestros informes y propuestas,  es potestativo del que tiene la competencia, eso sí asumiendo la responsabilidad política y/o jurídica que pudiera desprenderse de su decisión.

 Esto en algunos casos nos hace incómodos y por ello se corre el peligro de que alguna administraciones o intente controlar a la inspección (por ejemplo con plantillas inestables o incompletas) o pueda intentar descafeinar (desprofesionalizar) nuestras funciones y nuestras tareas, dedicándonos más a contar sillas, niños y profesores,  etc., evitando el riesgo potencial de conflicto de intereses. En estos supuestos muchas de las tareas que le corresponden a la inspección, y esto sí que es peligroso, son o pueden ser  asumidas por servicios creados exprofeso a la carta, o por empresas o agencias externas con presunción de independencia pero que en definitiva al final estarán al servicio de quien les paga. Uno de los casos más claros en este sentido puede estar, si no se regulan bien y se establecen límites, en las agencias de evaluación que entran en colisión directa con nuestras funciones creando un conflicto de competencias. Cuando así ocurra iremos a los tribunales a defender nuestras atribuciones e intereses profesionales y los de toda la ciudadanía.

– ¿Hay suficiente personal en la Inspección?

– Depende, es un análisis que habría que hacer por CCAA. En algunas sí y en otras están o han estado bajo mínimos porque no se cubren bajas, jubilaciones, etc., incluso no se cubren puestos de responsabilidad dentro del servicio.

También depende del papel que nos quieran o estén asignando. Como ya he dicho Si queremos hacer lo importante, no. Si estamos para cuestiones de escaso calado e interés para el sistema, es normal que en determinadas Comunidades Autónomas no se sustituyan las plazas de los inspectores que se jubilan o que desde hace tiempo no haya convocatorias de acceso.

Y bueno si ya hablamos de personal de apoyo, de administración y servicios, éste en prácticamente todos los lugares es escaso e insuficiente.

– ¿Cómo es la formación, inicial y permanente que reciben?

Lorenzo Capellán considera absolutamente imprescindible la independencia de la inspección  frente a al Administración – También es una cuestión que cambia en función de cada CCAA. Con carácter general podemos decir que la formación inicial en todos los casos está garantizada porque está regulada normativamente y vinculada a los procesos selectivos de acceso al cuerpo de inspección.

En principio, cada inspector, docente con anterioridad dispone de una formación que ha adquirido a lo largo de los años. El propio sistema de acceso, el concurso-oposición supone una preparación en múltiples aspectos relacionados con las tareas propias de la inspección educativa. Las prácticas, posteriores a estos procesos selectivos, suponen un aprendizaje en las técnicas propias de inspección, el trabajo en equipo y el conocimiento y desarrollo de los planes de inspección.

También suele haber sesiones o cursos específicos, relacionados con el desarrollo de los planes de actuación, en los servicios y no hay que olvidar las jornadas o congresos que promueven las distintas asociaciones federadas de ADIDE en su propio territorio o conjuntamente.

La gran asignatura pendiente, por parte de la administración, es la formación permanente. Es escasa e insuficiente. Habría que crear espacios estables y periódicos que permitiesen  el intercambio de experiencias entre la inspección de distintas CCAA o países. Formalizar conciertos, convenios o programas específicos de colaboración, formación e investigación con las universidades. Y sobre todo los planes de inspección, debería de incorporar, en todo caso, un plan de formación específico y obligatorio.

Es paradójico que en la mayoría de los servicios de inspección no se disponga de bibliotecas especializadas, hemerotecas con suscripciones a las publicaciones más importantes del ámbito  de las ciencias de la educación, o el hardware y software que aportan las nuevas tecnologías  de la información y la comunicación, que posibiliten nuestra actualización y autoformación permanente.

Ejercer la inspección tiene su especificidad y requiere de un proceso formativo específico y permanente, aspecto en el que se seguirá insistiendo desde ADIDE Federación. Nosotros desde nuestra organización hacemos nuestra contribución a través de nuestra página web, mediante la convocatoria de cursos de formación On-line y con nuestra publicación digital periódica “Avances en supervisión educativa”  que es otra oportunidad para la formación, muy valorada y seguida no solo en España sino  también en otros países, especialmente en Sudamérica.

– ¿Es necesario profesionalizar la Inspección? ¿Cómo?

– Bueno esta es una pregunta que hay que relacionar necesariamente con la anterior. La formación inicial y permanente juegan un papel esencial en la mejora y la profesionalización continua de la inspección y hay que insistir en su planificación y articulación en los propios planes de inspección.

Pero también la pregunta tal y como está planteada induce a pensar que la inspección no es un colectivo suficientemente profesionalizado. Nada más lejos de la realidad. Es un cuerpo con una gran solvencia profesional que viene dada por  un conocimiento profundo y actualizado de la normativa vigente en materia de educación y que se sitúa en la base de su intervención;  por una amplia experiencia práctica tanto en el ámbito docente (en todos los cuerpos docentes y  programas y servicios educativos) como en el de la organización escolar (equipos directivos y órganos de coordinación docente); por una rigurosa formación científica vinculada a su área de conocimiento de procedencia y por una especialización en determinadas áreas (atención a la diversidad, convivencia, bi/plurilingüismo, por mencionar solo algunas)  adquirida durante el ejercicio de la función inspectora.
Otra cuestión bien distinta es que determinados planteamientos y planificaciones inadecuadas pudieran conducir, como ya he dicho en algún momento de esta entrevista, a una paulatina desprofesionalización de la inspección por considerarla innecesaria.

– La inspección se encuentra en mitad de un triángulo de difícil: administración, centros y familias ¿Cómo es de complejo moverse en semejante terreno?

– A veces mucho. Pero creo que tenemos clara cuál es nuestra prioridad: los niños y las niñas, los jóvenes en edad escolar que son a quienes ampara el artículo 27 de la Constitución. Todo el sistema se debe orientar a garantizar lo que establece este articulo “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Nada ni nadie (padres y madres, administración, docentes, ….) deben  menoscabar, dificultar o impedir el desarrollo de este derecho. Desgraciadamente a veces se intenta o se hace y allí debe de estar y actuar con firmeza y con criterios técnicos jurídicos  y de independencia la Inspección, porque así también lo establece la ley.

En cualquier caso decir que en esa aparente encrucijada, el papel moderador y de mediador que ejerce la inspección, entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, es fundamental, para construir contextos colaborativos y lograr consensos y soluciones negociadas a los conflictos.  A veces puede parecer que nos posicionamos o defendemos intereses de algún sector concreto de la comunidad educativa, pero la realidad es que lo que hacemos es interpretar y aplicar la norma, buscando en todo caso la solución más adecuada y  más ajustada a derecho.

– ¿Por qué una asociación de inspectores y no un sindicato?

– Porque somos trabajadores de la enseñanza como otros colectivos y es lógico que, indistintamente de que contemos con una asociación que trabaje para la profesionalización de la inspección y la defensa de los intereses específicos del colectivo, sean los sindicatos los que defiendan los intereses de todos los trabajadores de la enseñanza. Si los profesores de una determinada etapa educativa o área o materia, los directores, los orientadores, o cualquier otro colectivo constituyen un sindicato, corremos el riesgo de que los intereses de todos los que trabajamos en el sistema educativo queden diluidos en demandas muy específicas. La unión hace la fuerza. Reconocemos el papel e importancia de los sindicatos con los que colaboramos y los informamos frecuentemente de nuestras inquietudes y demandas para que las tengan en cuenta. Probablemente si no existiera nuestra asociación nos escucharían mucho menos. Por otro lado es común la afiliación de nuestros asociados al sindicato que cada uno considere que defiende y representa mejor sus intereses y valores.

– Existen otras asociaciones de inspectores. ¿Qué las diferencia?

– Si existen, bueno puede haber diferencias en la concepción de modelo y papel de la inspección y sobre todo en relación con la estructura organizativa, estas tienen estructuras nacionales y en algún caso sindical, mientras que ADIDE Federación es una Federación formada por las Asociaciones de Inspectores de Educación de las diferentes Comunidades Autónomas, cada una con sus características y peculiaridades, con una organización y funcionamiento propio y autónomo, lo que hace de ADIDE-F una organización muy abierta, escasamente jerarquizada, plural, diversa y respetuosa con la organización territorial española.

En cualquier caso también tenemos cuestiones en común que debemos abordar, consensuar y lograr la unidad necesaria en defensa de los intereses del colectivo.

– ¿Qué incidencia tiene la inspección como colectivo en las decisiones que toman los gobiernos autonómicos y central?

– Si hablamos de la Administración Central en estos momentos ninguna, por ejemplo en el caso de la LOMCE, a pesar de nuestro ofrecimiento reiterado, con escritos y documentos, como Asociación para participar y aportar nuestro punto de vista, sencillamente no hemos recibido respuestas. Sencillamente se nos ha ignorado. ¿Quizá algo podría haber aportado una asociación profesional que acoge y representa prácticamente al 70% de todos los inspectores e inspectoras del Estado?  

En las Comunidades Autónomas varia, depende de los gobiernos, de las personas que los representan y de la capacidad del colectivo para movilizarse. Están desde las que se ignora al colectivo a la hora de tomar decisiones legislativas, organizativas o de otro tipo, hasta las que mantienen cauces de participación abiertos y permanentes.

ADIDE está abierta y siempre dispuesta a colaborar y aportar el conocimiento y la perspectiva que le da el hecho de representar una mayoría del colectivo de inspectores e inspectoras y también cuando sea necesario dispuesta a exigir esa participación sobre todo en aquellas cuestiones que afecten nuestras condiciones profesionales y laborales, sabiendo que este es un papel que corresponde fundamentalmente a los sindicatos a través de los órganos establecidos por la legislación vigente al respecto.

– Después de repasar por encima la situación en España, ¿cómo funciona la inspección educativa en otros países? ¿Hay muchas diferencias con respecto a nuestro país?

– En cuanto a las funciones, en lo esencial con carácter general son similares, así en los países de la Unión Europea la inspección educativa tiene una serie de funciones comunes y básicas que podrían clasificarse  en torno a tres grandes ejes:

  • a)    Ejercer la función de control de la normativa legal como garantía del derecho de los ciudadanos a la educación. Este control tiene como finalidad que su Sistema Educativo cumpla los objetivos que la propia sociedad la ha encomendado.
  • b)     Realizar la evaluación del funcionamiento y de los resultados de Centros educativos así como de los profesores.
  • c)     Asesorar y orientar para la aplicación de las normas que regulan la actividad escolar a fin de conseguir una mejora de la calidad de la enseñanza.

Este asesoramiento lo realizan los inspectores a los diversos sectores y estamentos del Sistema Educativo: profesorado, padres, alumnos, centros v administraciones educativas.

 Estas funciones son ejercidas con distinta intensidad y orden, poniendo el mayor acento en una u otra en cada momento dependiendo de la política educativa de cada país.

 Además de estas funciones básicas, asumidas mayoritariamente, existen otras con un menor grado consenso. Entre ellas se encuentran: la formación del profesorado, la información, la mediación y arbitraje, la innovación educativa, etc.

Respecto de su organización y funcionamiento ésta se encuentra muy mediatizada por las tradiciones pedagógicas y las peculiaridades de cada sistema educativo en el seno de las estructuras institucionales, políticas y administrativas de cada país.

– En los países con tradición descentralizadora como Alemania, la función inspectora queda reservada a la autoridad ministerial de cada uno de los 16 Lander. En Bélgica cada Inspección, con estructuras diferenciadas, depende orgánicamente de cada Ministerio de Educación de cada una de los dos comunidades: Flandes y la Comunidad Francófona (Valonia con la región de Bruselas,  más la minoría germanoparlante). En el Reino Unido  la descentralización es aun más profunda y de doble signo: a la ya tradicional independencia de la Inspección de Su Majestad (HM) en cada una de las cuatro nacionalidades : Inglaterra, País de Gales, Escocia o Irlanda del Norte ha venido a sumársele en los últimos años la progresiva asunción de competencias educativas por los municipios y las autoridades locales (LEAs), incluida la capacidad de actuación inspectora, generando, de hecho, una red de Inspección nueva y vinculada al poder local.

 Por último en los países cuya organización del Estado y de sus estructuras político-administrativas responde a un modelo centralizador, la Administración Educativa se configura piramidal y jerarquizada, funcionando la Inspección Educativa con dependencia directa del Ministerio de Educación, y ubicándose, bien en el propio Ministerio, bien periféricamente, en las distintas regiones y provincias. Así sucede, con variaciones, en Francia, Irlanda, Italia o Portugal.

Sistema educativo

– ¿Hay cambios en la Inspección con la nueva Ley de Educación actualmente en trámite de aprobación conocida como LOMCE?

– No se le dedica ni una sola línea a la Inspección. Ni la mejora ni la empeora, se mantiene tal cual estaba en la LOE. No obstante se ha perdido una buena ocasión para revisar, actualizar y reforzar el papel de la inspección en algunas áreas, en este momento  de vital importancia para la mejora del sistema educativo, como es la evaluación.

LA LOMCE Y CAMIOS EN EL SISTEMA

– ¿Qué opinión le merece como presidente de ADIDE la nueva ley de educación?

Aunque a título personal he manifestado públicamente mi opinión en distintas ocasiones y medios, si me pregunta como Presidente de ADIDE- Federación he de remitirme  necesariamente a lo recogido en el documento elaborado por la Junta Federal en el último Congreso celebrado en Alcalá de Henares en octubre de 2012, y en el que se formulaban una serie de consideraciones en relación con el proyecto de ley y de las que intentaré resumir algunas de las mismas ya que es un documento amplio.

“Es necesario contar con un marco estable de regulación del sistema educativo, que no se ponga en cuestión en cada legislatura”.

En el mismo se plantea la necesidad de dotar de estabilidad la regulación general del sistema educativo y se considera que la sucesión de leyes orgánicas que se han promulgado con diversa fortuna en los últimos diez años (LOCE, LOE, LO 2/2011 y LO 4/2011), con el consiguiente despliegue de normas reglamentarias que se han dictado en su desarrollo, no favorece la estabilidad del sistema. Es necesario contar con un marco estable de regulación del sistema educativo, que no se ponga en cuestión en cada legislatura.

Observamos que, en algunos extremos, el texto del proyecto viene a ser una síntesis de regulaciones o propuestas anteriores (los itinerarios en el cuarto curso de la ESO, por ejemplo).

Observamos, por otra parte, con preocupación en este caso, que se traen de nuevo a discusión propuestas que fueron objeto de debate en épocas anteriores sin alcanzar el suficiente consenso, como la exigencia de la superación de una prueba de evaluación final externa para la obtención del título de Graduado en ESO o del título de Bachillerato. También se replantean cuestiones que, desde la LOGSE (1990), se habían incorporado a la regulación general y se habían asentado entre las bases del sistema (la proporción entre contenidos mínimos, o comunes, y contenidos a disposición de las Comunidades Autónomas), que podrían hacer inviable el acuerdo con amplios sectores de las Administraciones que ejercen competencias compartidas en materia de educación.

En cuanto a las razones que se esgrimen y los objetivos de la reforma, no podemos sino compartir que es necesario reducir la tasa de abandono temprano de la educación y la formación, mejorar los resultados [que miden las evaluaciones] internacionales, mejorar la tasa comparativa de alumnos excelentes y la de titulados en ESO y mejorar la empleabilidad de los estudiantes.

Sin embargo, consideramos que no se corresponde con la realidad de la situación de la educación española el juicio que se emite acerca de los resultados del Informe PISA 2009 en relación con el nivel de los alumnos españoles en comprensión lectora, competencia matemática y competencia científica. Se dice que “el Informe PISA 2009 arroja unos resultados para España que ponen de relieve el nivel claramente insuficiente obtenido en comprensión lectora, competencia matemática y competencia científica, muy alejado del promedio de los países de la OCDE. Sin embargo el Informe oficial español sobre PISA 2009 no señala una diferencia significativa entre los resultados promedio de España y los resultados promedio de los países miembros de la OCDE en las diferentes competencias que son objeto de estudio. Nada se dice, por otra parte, sobre el nivel de equidad alcanzado por España, que es un valor del sistema educativo español que se pone de manifiesto en todos los informes.

Respecto de las evaluaciones generales de diagnóstico y evaluaciones generales al final de las diferentes etapas educativas, que se han ido generalizando en los últimos años, sirven para corregir deficiencias y orientar a los centros, a las familias y a las Administraciones educativas. Creemos que la Inspección de educación puede desempeñar un papel importante colaborando con las Administraciones educativas en el diseño y la realización de estas evaluaciones, así como asesorando a las direcciones de los centros y a los equipos docentes en la interpretación contextualizada de los resultados y en la elaboración de planes y proyectos educativos de mejora.

Respecto de la difusión del resultado de las evaluaciones, consideramos con especial preocupación que puedan establecerse y publicarse rankings de centros por resultados. El punto de partida, el contexto socioeconómico de los centros, es muchas veces desigual. Tratar con criterios comunes lo desigual puede llevar a acentuar las desigualdades.

No creemos, por otra parte, que sea conveniente condicionar la obtención de los títulos correspondientes al final de las etapas de secundaria obligatoria o de bachillerato a la superación de una prueba general externa, una especie de reválida, que podría suponer un freno en la continuidad de los estudios de una parte de los estudiantes, sin mayor incidencia en la mejora general del nivel de las competencias. El sistema actual, evaluación continua y global durante la Educación primaria y continua y diferenciada por materias a lo largo de la Educación secundaria obligatoria y el Bachillerato, nos parece más adecuado que lo que se propone en el proyecto.

Respecto de los itinerarios en la ESO, hay que tener en cuenta que ésta es una etapa crítica. Un cierto número de alumnos no llegan a completar la etapa o no alcanzan los objetivos que se pretenden. Las últimas regulaciones han intentado hacer frente a esta realidad. Lo que se propone en el proyecto vienen a ser una síntesis de anteriores propuestas y contrapropuestas. Valoramos positivamente el intento de encontrar una solución mediante una cierta flexibilidad en el currículo individual y el establecimiento de medidas o programas de refuerzo y de mejora del aprendizaje y del rendimiento
En cuanto a los itinerarios advertimos con preocupación, que la posibilidad de que los centros dejen de ofrecer todas las opciones en función del número de alumnos que vayan a cursarlas podría derivar, en la práctica, en la especialización de los centros y una diferenciación entre centros dedicados a impartir la ESO de la opción de enseñanzas académicas y centros orientados hacia la opción de enseñanzas aplicadas. De esa manera, la opción del alumno al final de la ESO podría convertirse en una opción forzada al principio de la ESO en función de los contextos socioeconómicos y de la clasificación social de los centros.

Consideramos que la formación profesional básica puede suponer una salida adecuada para alumnos que no están suficientemente motivados para completar un currículo de carácter académico. Las condiciones de acceso que se establecen son razonables. Es importante que se establezca la correspondencia de estos estudios con los certificados de profesionalidad.
No nos parece, en principio, que sea lo más indicado incluir en el currículo de los ciclos formativos de grado medio, al menos de forma general y obligatoria, materias instrumentales (Lengua, Lenguas extranjeras, Matemáticas). A priori, podría ser visto como una regresión al sistema de la antigua Formación Profesional.

En la nueva Ley se rebajan las competencias de los consejos escolares a favor del director  y aunque estamos de acuerdo en la línea de reforzamiento de la autoridad –y de la responsabilidad– de los directores, consideramos que no debe ser privado el consejo escolar del pequeño margen de decisión que mantiene en la LOE, en tanto que órgano de participación de la comunidad educativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros.

También advertimos, en la elección del director/a, el desplazamiento que parece efectuarse a favor de la Administración educativa en detrimento del papel de los representantes del centro. Consideramos, sin embargo, que el liderazgo de la dirección se da más fácilmente cuando existe una vinculación previa con el centro que se ha de dirigir. No es una simple cuestión de capacidad de gestión.

El presidente de los inspectores en el Centro del Profesorado de Granada, esta pasada semana

– Si de usted dependiera ¿qué cambios realizaría en el sistema educativo?

– Le diré algunas que se me ocurren a “bote pronto” pero que no sería ni las únicas ni posiblemente suficientes, pero ahí van.

Coyunturales y a cortísimo plazo, en 24 horas: la primera retornar a todo el profesorado, que con los recortes, se ha dejado fuera del sistema educativo y que tan necesario es. Es un contrasentido que con 80.000 alumnos más tengamos 20.000 profesores menos. Este profesorado es imprescindible si queremos un sistema equitativo, capaz de atender la diversidad y seguir ahondado en el principio de igualdad de oportunidades. La segunda disminuir la ratio alumnos/grupo y la carga lectiva del profesorado. Masificar las aulas y sobrecargar los horarios, en detrimento de otras tareas pedagógicas, nos son precisamente factores que contribuyan a la mejora de la calidad sino todo lo contrario. Y la tercera ampliar el número y cuantía de las becas de diverso tipo: comedor, transporte, aulas matinales, ayudas de material, necesidades educativas especiales, etc., sobre todo aquellas destinadas a la población con mayor riesgo de exclusión social y escolar.

Estructurales, a medio y largo plazo: transformar la formación inicial del profesorado. Cambiar los planes de estudios de las Universidades e incorporar itinerarios didácticos específicos en todas las áreas de conocimiento, para el alumnado  que en un futuro deseen acceder a la profesión docente. Esto permitiría diseñar  un máster de profesorado más práctico y también modificaría los sistemas de acceso a la función pública docente, las prácticas y su tutorización. Respecto de la formación permanente tendría un carácter obligatorio, una parte sería general y vinculada a las necesidades generadas por el sistema educativo y otra contextualizada, a la carta, vinculada a los procesos de autoevaluación y evaluación de los centros. Y por supuesto, no presionaría tanto al sistema con pruebas externas que condicionan o cuestionan la labor docente y favorecen la segregación de determinado alumnado. Los centros necesitan confianza y apoyo para desarrollar y centrar su autonomía en lo más importante: los procesos de enseñanza y aprendizaje, la planificación, la coordinación y la autoevaluación con propuestas de mejora que se lleven a cabo.
Lo que considero más relevante en los posibles cambios, como ve  está relacionado con el profesorado, al que hay que apoyar y dignificar en mayor medida. Otros cambios a los que también podría hacer referencia, de carácter curricular u organizativo, estarían supeditados a estos avances.

– Tienen, como inspectores, una capacidad especial para tener una visión global del sistema educativo. ¿Cómo se están viviendo los recortes en el día a día de los centros?

– Mal, porque no se está hablando claro y no se sabe muy bien cuánto se está recortando. Hay una reducción y precarización de plantillas real que afecta a la calidad de la enseñanza y al funcionamiento del conjunto del sistema, y no se percibe en ocasiones que el recorte afecte por igual a otros aspectos más prescindibles: coches oficiales, cesantías y jubilaciones muy costosas de cargos públicos, programas y cargos que se han generado en época de vacas gordas sin necesidad y de los que se podría prescindir, gastos en cuestiones accesorias y que se podrían reducir en este momento como agencias externas o contrataciones con empresas privadas con empleo en precario, cuando existen empleados públicos que pueden desarrollar las mismas tareas,……Lo único prioritario en el sistema educativo y que no debe de afectar de ninguna manera los recortes, y que todo el mundo comparte y acepta, es todo lo que afecte al alumnado y a la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje: al alumnado no le pueden faltar libros, ni material, ni profesores, ni becas,……..

 La mejor inversión de futuro y el mayor crédito que puede tener un país es su capital humano y este se valora por su educación/formación, lo que se traducirá en su capacidad para incorporarse a la sociedad con garantía de éxito y en condiciones de generar desarrollo y  producir riqueza.

  • Entrevista publicada en la revista ESCUELA 31-10-13
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