Antonio Bolívar: «Provocar un nuevo caos en el sistema educativo»

En efecto, la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADI), en su XXX Congreso de noviembre pasado manifestaba la “profunda preocupación” y advertía que el Ministerio estaba repitiendo exactamente los mismos fallos que el curso pasado con la FP básica. Pero aquello afectaba a algunos grupos en los IES, ahora es toda la ESO y el Bachillerato. Decía su comunicado: “Este retraso se traducirá en que las familias afrontarán la escolarización de sus hijos e hijas sin la necesaria información”, y “podríamos vernos abocados a un escenario verdaderamente caótico del sistema educativo”. Todo indica que eso es lo que se pretende intencionadamente que suceda. Algo que afecta a la mitad de la población escolar de la Educación Secundaria (1º y 3º ESO, 1º Bachillerato), por tanto a toda la estructura organizativa, horaria y de profesorado, no se puede hacer unos meses antes.

Veamos. Ahora, a partir de su publicación en el BOE, cada Comunidad Autónoma, en el ejercicio de sus competencias, tiene que ponerse a adaptar y aprobar el currículo para su ámbito territorial. Entre otras, supone rediseñar más de cien asignaturas en unos pocos meses. De querer hacerlo bien, con la participación de los órganos preceptivos, su sola tramitación administrativa llevaría al menos seis meses (hasta junio-julio). Publicados en sus respectivos Boletines oficiales, los IES deben hacer su reorganización (¿cuándo?, en julio o agosto) de horarios y profesorado con un presupuesto insuficiente, lo que hace inviable cualquier aplicación medianamente seria de la Secundaria. La escolarización se realiza en el mes de marzo y antes los Institutos han de hacer la oferta educativa (sin conocer lo que ofertarán finalmente ni la plantilla disponible). Las Programaciones Didácticas por los Departamentos y el Proyecto Educativo de Centro se cierran en Junio, y para esa fecha es imposible esté la normativa autonómica (incluso en las Comunidades gobernadas por el PP). Menos aún, las editoriales podrían tener los nuevos libros de texto, adaptados a la normativa respectiva (aunque se pueden seguir los textos antiguos, como se ha hecho en Primaria).

Al margen de que los directores de IES no tengan que ser consultados, tampoco las Autonomías tienen que serlo en Conferencia Sectorial de Educación (convocada, a posteriori, para el 14 de enero), cuando ambos tendrán que implementarla. Todo esto acontece a menos de un año de las próximas elecciones generales, con la amenaza probable de que si cambia la composición de partidos en el gobierno, la LOMCE será derogada. Por medio, en mayo, hay elecciones autonómicas, donde cambiarán algunos gobiernos regionales. Una auténtica locura. La pena, como siempre, son los estudiantes y su profesorado, que no tienen culpa de nada, pero van a sufrir las consecuencias. Lo aconsejable es hacer como Andalucía hizo con el currículo de Primaria: se retrasa su aplicación al curso 2016-17.

 

El pasado 29 de diciembre se han reunido los consejeros de Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias, que representan a más del 50% del alumnado no universitario, han pedido que –razonablemente– se paralice y posponga el calendario de implantación, pues no podrán tener listos los desarrollos curriculares en el plazo establecido. Además, para cuando lo tengan, ya puede haber un nuevo gobierno autonómico. A ello se suma no tener garantizados los recursos económicos necesarios para su implantación. Razonablemente, de querer hacer las cosas bien, más allá de discrepancias ideológicas, no hay tiempo para aplicar el calendario impuesto por el Gobierno.

Si, como dice el Ministerio, para justificar por qué no han hecho consulta a los órganos preceptivos, ha cambiado poco desde el borrador de primeros de julio; como en efecto así ha sido, entonces, a menos que fuera una provocación meditada, no se entiende que haya que esperar hasta las vacaciones de Navidad para aprobarlo por sorpresa. Ya lo advertían los directores de Instituto, que el tiempo no pasaba en vano y se iba a provocar un caos organizativo; pero el Ministerio no se daba por aludido. Alguien podría pensar que seguramente era eso lo que se quería, cuando se han hecho esperar medio año para aprobar lo que ya estaba casi terminado en julio.

 

(*) ANTONIO BOLIVAR. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar. Universidad de Granada

Este artículo se ha publicado en BLOG CANAL EDUCACIÓN

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