Juan Santaella: «El pacto educativo»

A José Antonio Marina, uno de los pedagogos más prestigiosos, a instancia de más de 100 organizaciones y expertos del ámbito educativo, se le ha pedido que actúe de moderador para conseguir dicho objetivo. A tal fin, el 13 de junio de 2016, se reunieron todos ellos, incluido Marina, y han elaborado una hoja de ruta que proponen a los partidos políticos y a la sociedad en general.

Su intención era haber logrado un acuerdo básico de los grupos políticos antes de las elecciones del 26J, para empezar a trabajar en cuanto que se formase gobierno, pero no ha sido posible. Para elaborar dicha norma, se cuenta con abundante documentación, resultado de trabajos previos a la elaboración de las últimas leyes (entre otros el propuesto por el Ministro Gabilondo, en abril de 2010, que estuvo a punto de materializarse en una ley consensuada).

  Las bases del Pacto que Marina propugna es el siguiente: convertir la LOMCE en una ley de transición mientras que se elabora una nueva, modificando algunos aspectos que resultan más controvertidos; elaborar un Pacto Educativo en el plazo de seis meses y, tras él, comenzar la elaboración de una Ley educativa, basada en ese Pacto. Todo el proceso podría quedar finalizado en dos años, y se tendría una Ley válida para varias generaciones.

Las bases del Pacto que Marina propugna es el siguiente: convertir la LOMCE en una ley de transición mientras que se elabora una nueva, modificando algunos aspectos que resultan más controvertidos; elaborar un Pacto Educativo en el plazo de seis meses y, tras él, comenzar la elaboración de una Ley educativa, basada en ese Pacto. Todo el proceso podría quedar finalizado en dos años, y se tendría una Ley válida para varias generaciones.

Los puntos básicos de disenso, que requieren acuerdo, son los siguientes: calidad educativa y equidad (que todos los alumnos adquieran unos niveles básicos mínimos); enseñanza inclusiva –no dejar abandonado a nadie en el sistema- y derecho a la excelencia; como profesores, base del sistema, han de entrar los mejores, se formarán mediante un MIR educativo y se evaluará su rendimiento; escuela laica y estudio del hecho religioso en las aulas; gestión social de la escuela pública y control del Estado; financiaciada con el 5% del PIB; gestión conjunta de los centros y de las Administraciones para elaborar el currículo y la organización escolar; superar la contradicción existente entre derecho a la educación y libertad de enseñanza; la escuela pública es un bien que debe ser protegido y debe desarrollarse a través de una doble red: pública y concertada; elevar la calidad y el prestigio de la formación profesional, con el apoyo de los empresarios; participación de los diversos agentes en los centros educativos y necesidad de profesionalizar los equipos directivos.

El Pacto para la educación que este país precisa requiere del consenso de todos los agentes sociales implicados, para lograr más el éxito educativo que el éxito escolar, y para que el sistema desarrolle al máximo las competencias de todos los alumnos, fomente una educación cívica y ética, y los prepare para la inserción en la vida política, social y laboral. La oferta educativa ha de ampliarse de 0 a 18 años, ha de mejorarse la atención a todos los alumnos con necesidades educativas especiales y hay que diseñar un programa de ayuda a familias con dificultades económicas y sociales: escuela de padres, asistencia social, becas de estudio y de comedor, compra de libros…

(NOTA: Este artículo de Opinión de Juan Santaella se ha publicado en la edición impresa de IDEAL del jueves  jueves, 23 de junio de 2016)

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