La Unidad de Policía Adscrita a la Junta inicia su campaña anual de detección de fraudes en escolarizaciones

Estas actuaciones pretenden evitar el perjuicio que sufren los padres cuyos hijos se quedan sin plaza en el centro educativo que les corresponde por residencia. En el curso 2018-2019, la Unidad de Policía Adscrita investigó un total de 306 casos denunciados como posibles irregularidades en el proceso de escolarización, de los cuales 32 resultaron ser empadronamientos fraudulentos.

Las distintas Jefaturas Provinciales de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía han iniciado una campaña de investigación para la detección de fraude en las escolarizaciones en centros educativos de Andalucía correspondiente al curso 2019-2020.

Esta campaña se desarrolla dentro del marco de colaboración institucional entre Delegaciones Territoriales de Educación y Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de las ocho provincias andaluzas y las diferentes Jefaturas Provinciales de la Unidad Adscrita.

Así las cosas, con la actuación policial se pretende verificar que los datos de empadronamiento aportados por los padres y madres de los menores constituyen el domicilio real o laboral de los mismos o si por el contrario se incurre en algún tipo de fraude que pudiera dar lugar a una errónea asignación de puntos por parte de la administración a la hora de confeccionar el listado de alumnos admitidos en los diferentes centros educativos.

En ese sentido, en el curso académico 2018-2019, la Unidad de Policía Adscrita investigó un total de 306 casos denunciados como posibles irregularidades en el proceso de escolarización, de los cuales 32 resultaron ser empadronamientos fraudulentos y 16 correspondían al domicilio real aportado por familias en el proceso de matriculación del alumnado.

Con estas actuaciones se pretende evitar el grave perjuicio que se les causa a los padres cuyos hijos se quedan sin plaza en el centro educativo que les corresponde por residencia al ser ocupada por personas que han falseado los datos reales de empadronamiento, con el objeto de que sus hijos puedan estudiar en un centro distinto al que les correspondería.

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