Familias, docentes y estudiantes convocan una nueva manifestación el 8 de noviembre contra la progresiva destrucción de la escuela pública en Granada

 

La comunidad educativa de Granada ha decidido volver a gritar basta contra la “progresiva destrucción de la escuela pública en la provincia”. Con este propósito, familias, docentes y estudiantes se manifestarán de nuevo el viernes, 8 de noviembre, para denunciar la progresiva supresión de líneas, la reducción de profesorado, la masificación de las aulas con ratios ilegales, la externalización y privatización de servicios en los centros granadinos, así como el aumento de horas de religión. 

 

Con esta protesta reivindican, asimismo, recursos suficientes para atender al alumnado con necesidades específicas, una educación laica o la retirada de las instrucciones de Primaria, que han supuesto la drástica reducción de docentes en esta etapa, para poner en valor la figura del tutor, “fundamental para el desarrollo integral del estudiantado y de la atención a la diversidad”.

La manifestación, convocada por la federación de AMPA de Granada (FAMPA Alhambra), USTEA, CGT, SAT, Unión Sindical Estudiantil, Frente de Estudiantes, Movimiento Cooperativo Escuela Popular y Andalucía Laica Granada, partirá de la puerta de la delegación de Educación a las 18 horas.

Según explican los colectivos convocantes, la Consejería de Educación, en manos de Ciudadanos, está valiéndose de la planificación de unidades escolares con ratios por encima de los límites establecidos en la legislación, un “viejo truco” puesto en marcha de forma “abusiva” por el anterior gobierno socialista, para masificar las aulas, eliminar unidades, reducir la plantilla docente en Granada y continuar disminuyendo progresivamente la oferta de plazas en centros públicos. “Este modo de planificar, añadiendo el 10% de la ratio de alumnado en determinadas aulas, ha dejado de ser legal”, subrayan en un comunicado, en el que especifican que esta tónica “afecta principalmente al alumnado y al profesorado, especialmente al personal interino que está en situación de precariedad laboral”.

La comunidad educativa denuncia, asimismo, que en Granada capital o en localidades como Motril o Guadix la paulatina reducción de aulas públicas propicia un progresivo trasvase económico y de alumnado hacia los centros privados-concertados, “apuesta decidida del gobierno actual y fuente de un lucrativo negocio a costa de los impuestos de todas las personas”, lamenta.

Esta “política ilegal de ratios” -critican los colectivos convocantes- tiene efectos “catastróficos” en las zonas rurales, debido a los agrupamientos multiciclos y multietapa. “Es lo que ha ocurrido en zonas como La Alpujarra, donde en los Colegios Públicos Rurales de Bérchules, Torvizcón y Pitres las familias llevan movilizándose desde inicio de curso porque la Delegación de Educación ha eliminado varias aulas, agrupando un número ilegal de estudiantes de varios cursos y etapas educativas, suprimiendo profesorado y haciendo inviable la correcta educación del alumnado”, critican.

Tanto en zonas rurales como urbanas, la provincia sufre de forma paralela el recorte de docentes, personal de apoyo y de compensatoria, especialistas en pedagogía terapéutica, en audición y lenguaje, monitores de educación especial, así como de servicios complementarios (conserjes, personal administrativo y de limpieza), destacan en el comunicado, en el que se oponen al incremento de horas de religión y piden una educación laica.

Las agrupaciones convocantes exigen, por último, poner freno a la externalización y privatización de servicios educativos. “No queremos pagar con dinero público a centros religiosos privados concertados”, sostiene la comunidad educativa, que pide “que todos los servicios educativos sean públicos”, en alusión a las empresas de catering, de limpieza y de monitores escolares, ya que lo privado beneficia a unos pocos, mientras lo público beneficia a todas las personas.

Ante el “desmantelamiento” progresivo que sufre la educación pública en Granada, reivindican “una apuesta firme y real por una escuela pública de calidad con recursos suficientes”, ya que la “educación es un derecho, no un negocio”.

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