Este documento se debatirá en el Congreso que, bajo el título ‘Nueva organización: nuevas metas’, se celebrará en Málaga los próximos 13 y 14, el viernes y sábado. Una vez incorporadas las aportaciones de este encuentro, el documento final iniciará su tramitación como proyecto de decreto para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El objetivo es que la norma, que unificará toda la regulación sobre esta materia actualmente dispersa, entre en vigor a partir del próximo curso escolar.
Junto a la protección de la figura del profesor, las propuestas actualizan las normas de convivencia en las aulas incorporando nuevas infracciones como el acoso escolar al alumnado, así como la difusión a través de Internet o cualquier otro medio de imágenes o conductas degradantes u ofensivas para cualquier miembro de la comunidad educativa. Asimismo, se atribuye la regulación de determinados aspectos como el uso de móviles por parte del alumnado, la implantación de uniforme escolar o la gestión sostenible del centro como nuevas atribuciones de todos los Consejos Escolares.
Además, entre otras iniciativas, el documento recoge una mayor autonomía de los centros para que puedan adaptarse de forma más flexible a los nuevos retos que plantea la enseñanza y la sociedad en la actualidad. En este sentido, una de las novedades será la reorganización de los departamentos en Secundaria, de modo que los 15 departamentos ligados a asignaturas se transformarán en seis departamentos ligados a competencias, se mantendrán los de Orientación y Actividades Extraescolares y se crearán dos nuevos: Formación e innovación educativa y Evaluación y calidad. El resto de departamentos, cuyo número oscilará entre tres y siete en función del tamaño del centro, serán de libre configuración.
Las propuestas de la Consejería de Educación también refuerzan el papel de las familias promoviendo una alianza entre familias, alumnado y profesorado para facilitar la enseñanza y el aprendizaje. El objetivo es «promover una mayor implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos más allá del ámbito estrictamente escolar, favoreciendo la suscripción de compromisos educativos y de convivencia individualizados, tal y como ya está previsto en la propia Ley de Educación de Andalucía».
Según ha destacado la consejera el futuro decreto quiere convertirse en una verdadera «declaración de respeto al profesorado andaluz», que es «el motor del sistema educativo». Además de la novedosa Carta de Derechos, las propuestas también incluyen una serie de medidas para proteger estos derechos como la presunción de legitimidad de sus actos ante la Administración educativa; la promoción ante la Fiscalía de la calificación como atentado de las agresiones al profesorado, entre otras cosas.
