ANPE considera que la LOMCE aprobada por el Consejo de Ministros mantiene “numerosos desajustes que hacen muy difícil su aplicación”

En la primera valoración, para ANPE, que ha defendido en todo momento la necesidad de una reforma del sistema educativo, el texto propuesto no es la reforma global y profunda que se necesita para acabar con el fracaso y el alto índice de abandono escolar y para implicar y motivar al profesorado. Además, el modo en que se ha desarrollado el proceso de elaboración de la LOMCE no nos ha acercado hasta ahora al consenso de mínimos que necesita una medida de tanto calado, ni ha permitido la participación e implicación efectiva del profesorado, que en definitiva es quien tendrá que aplicarla.

Modificaciones admitidas

ANPE lamenta que en el texto definitivo del proyecto no se hayan tenido en cuenta todas las recomendaciones del dictamen del Consejo de Estado. Aún así, entre las modificaciones que se han introducido están:
– Varían las condiciones de promoción de curso puesto que se podrá promocionar con dos asignaturas suspensas y se elimina la excepcionalidad de promocionar con tres.
– La prueba de evaluación de la enseñanza primaria se aplicará en el tercer curso.
– Las evaluaciones serán efectuadas por personal funcionario docente, como ANPE había demandado.
– Tanto la Religión como los Valores Éticos se convierten en asignaturas optativas, en una solución que ANPE considera ambigua.
– Se incluye la necesidad de justificar los proyectos de los centros con educación diferenciada.

Defectos

Sin embargo, la LOMCE mantiene muchos de los defectos que ANPE ha venido señalando:
– La insuficiencia y falta de concreción de la memoria económica.
– La indefinición entre materias troncales y específicas y la competencia de las administraciones educativas. El propio Consejo de Estado advirtió, tal como había hecho ya ANPE, sobre la indefinición entre materias y la dificultad de establecer quiénes tienen competencia sobre ellas. ANPE ha advertido también de la dificultad de configurar la organización de los centros ante esta ambigüedad en el establecimiento del diseño curricular.
– La distribución de materias. Se mantiene la posibilidad de que algunos alumnos no cursen determinadas materias que son fundamentales para el aprendizaje –Educación Artística, Cultura clásica, Música, Tecnología…-en todo su proceso de escolarización. La LOMCE continúa relegando las Humanidades.
– Las evaluaciones externas. Para ANPE deben ir acompañadas de un refuerzo de la evaluación continua e interna y no pueden ser consideradas como único elemento de vertebración del sistema educativo.
– Sobre la enseñanza del castellano. ANPE rechaza que la oferta del castellano se derive hacia los centros privados. Para ANPE el derecho a la lengua común y las lenguas vehiculares debe garantizarse en todo el Estado en la enseñanza pública.
– La autonomía de los centros y la selección de directores. ANPE critica el exceso de atribuciones otorgadas al director porque el proyecto les dota con unas atribuciones que sobrepasan, en mucho, las requeridas para cumplir con el principio de autonomía pedagógica y organizativa de los centros. Rechazamos que el director del centro pueda establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal docente, incluido el de nombrar o rechazar interinos. Como ANPE, el Consejo de Estado pidió mantener el peso del claustro en el proceso de selección del director.

Todas las cuestiones profesionales deben salir de la redacción de la ley orgánica e incorporarse al imprescindible Estatuto Docente.  No obstante ni el Estatuto Docente ni la propia Ley pueden fundamentarse sobre la actual situación de recortes.

Por todo ello, además de por el insuficiente calado de las medidas específicas de mejora de la calidad de la educación, la redacción actual del proyecto merece nuestra valoración crítica  ya que en su conjunto no apuesta decididamente por la enseñanza pública y deja muchas dudas sobre la situación del profesorado. No obstante, seguimos dispuestos a agotar todas las vías de diálogo y negociación para conseguir que el texto que apruebe definitivamente el Congreso responda a las necesidades del sistema educativo y contribuya a mejorar la educación en España y la situación del profesorado.

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