Antonio Bolívar: «La necesaria reforma del proceso de selección de profesorado»

La oportunidad histórica de renovar a toda la generación que ingresó con motivo de la ampliación de la Secundaria Obligatoria con la LOGSE la estamos perdiendo; porque, con pequeños matices, el sistema de acceso como funcionario para la docencia continuará siendo el mismo.

Un modelo, mantenido desde finales de los setenta, que difícilmente selecciona al profesorado más competente y comprometido, cuando contamos (a diferencia de otros países, como Francia) con muchos candidatos. Estos días, entre febrero y marzo, según las convocatorias de cada Comunidad Autónoma, están haciendo la inscripción miles de licenciados o graduados, hasta un total de las 27.000 plazas de Profesorado (principalmente de Secundaria y Formación Profesional) que, según el Acuerdo de Mejora del Empleo Público, se convocan este año. Incluso, con unos temarios de 1993 que reproducen los contenidos más tradicionales, alejados de lo que han estudiado en la carrera y, más aún, de lo que estudian los alumnos. El de Informática (de 1996), como se ha denunciado estos meses, está incluso ajeno a todo el mundo digital.

Coincidiendo esto, la Ministra de Educación y Formación Profesional, acaba de anunciar en la Comisión de Educación del Congreso que el anteproyecto de Ley de Educación (LOMLOE) incluirá un compromiso de presentar un nuevo sistema de acceso a la docencia (primando las prácticas profesionales tutorizadas), junto con los necesarios cambios en la formación inicial, permanente y, especialmente, el diseño de una carrera profesional (con la correspondiente evaluación de la práctica profesional).

En efecto, establecer una carrera docente es la asignatura pendiente del sistema educativo español, para elevar la calidad de la enseñanza. Deseemos que así sea y, como señalo, pueda romper con tantas inercias heredadas y las correspondientes resistencias (no solo sindicales) que han configurado una cultura profesional poco favorable a la mejora. Pues en educación, como sabemos, existe una “gramática” o reglas que gobiernan la vida escolar que, determinadas olas parecen querer alterar, pero que, tras el huracán, todo vuelve a su cauce habitual. Deseamos que los deseos, ahora, pudieran convertirse en realidad. Sin embargo, como brevemente plantearé, determinadas rémoras estructurales son difíciles de superar.

Según las intenciones expuestas por Isabel Celaá, tras haber cursado Grado de Magisterio o Máster para ser profesor en Secundaria; deberán realizar un examen coordinado pero descentralizado por comunidad, con plazas suficientes para cubrir las necesidades un año después. La clave del cambio estaría en que el año de prácticas (deberían ser dos años, en la propuesta inicial de modelo MIR) sea, por un lado, decisorio para el acceso final a la función pública. Por lo pronto se abandona –de entrada– la idea de “MIR docente” (que, en nuestra historia anterior, sería equivalente al “Plan Profesional” de 1931 para maestros de Primaria, el mejor –sin duda– de los que hemos tenido), para limitarse a revalorizar la fase de inducción a la práctica, dándole mayor peso con la tutela de un profesor experto (seleccionado o reconocido), con un complemento a los tutores-mentores.

Además, más allá del aula, son los centros escolares los que marcan la diferencia, por lo que éstos tendrán que ser seleccionados con criterios muy exigentes para garantizar la misma calidad de la formación práctica.

Realmente, desde finales de los setenta, el proceso selectivo, además de la fase oposición, tiene regulado un período de prácticas que forma parte del procedimiento selectivo. De hecho, la convocatoria de febrero de este año para acceso al profesorado de Secundaria, especifica que “las personas que superen las fases de oposición y concurso, deberán realizar un período de prácticas tuteladas que formará parte del procedimiento selectivo y que tendrá por objeto comprobar la aptitud para la docencia de las mismas. La calificación de esta fase será de apto o no apto”.

¿Qué tiene, entonces, de “novedad” pues el anuncio de la Ministra?

— Que de verdad esté tuteladas (con una selección y complemento para los tutores-mentores), que duren –al menos– un año y que, tras un periodo de inducción y mentorización seria, su evaluación positiva suponga el acceso definitivo a la función pública. Todo el mundo conoce que lo importante es aprobar el concurso-oposición, y que, el “funcionario interino en prácticas”, salvo casos excepcionales, es nombrado al final del período. La supervisión de la dirección, de la jefatura del departamento o de la inspección es puramente formal, enfrentándose a la tarea docente en solitario. Hasta ahora, variable según Comunidades, su duración debe ser “mayor de un trimestre y no superior a un curso”. En fin, se precisaría “un programa de inducción a la profesión”, como señalaba la Ministra que, formalmente tuvimos, pero en realidad era un período de transición, hasta el nombramiento definitivo.

¿Qué problemas, barreras y obstáculos inicialmente se presentan?

— Continuarían perviviendo dos tipos prácticas: en la formación inicial de la universidad (Magisterio y Máster de Secundaria), que ahora suponen más o menos el 20% de la carrera y del máster y, por otro, las de verdad, que dan acceso al funcionariado. Estas últimas serían válidas sólo para los colegios o Institutos públicos, que tienen que opositar; los concertados o privados bastaría sólo la contratación directa.

— Revisar el acceso y los contenidos de la carrera de Magisterio y del Máster de Secundaria es complejo: no pertenece solo a Educación, sino a Universidades y, en último extremo, a las Comunidades y a la autonomía de cada Universidad. Por eso se precisa una colaboración con los gobiernos autonómicos, tanto en un cambio de la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente. A nivel nacional supone el acuerdo entre distintos Ministerios (Universidades y Educación) e igualmente en algunas Comunidades Autónomas, también son distintas las Consejerías.

— El Máster en formación del profesorado para Secundaria, aunque dependiendo de Comunidades y Universidades, en conjunto no ha dado los frutos pretendidos. Si ya supuso un avance (de ahí las amplias resistencias que generó) frente al Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), las “malas costumbres” adquiridas (o, en términos académicos, la “cultura escolar” heredada) no han jugado a nuestro favor. En fin, hoy sabemos, cualquier cambio ha de ser sistémico: por ejemplo, con motivo del EEES, haber establecido un Grado común de tres cursos (como casi toda Europa) y un Master (dos cursos) dedicado a docencia o investigación, que configuraría de entrada una identidad profesional docente.

La LOMLOE recogerá el compromiso de presentar, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, “una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente”. Lo cual supone, primero que se pueda contar con mayoría para aprobar la Ley; luego regular la formación, acceso y carrera profesional.

Consciente de las dificultades que entraña, la propuesta ministerial ha dejado para una segunda fase, establecer una carrera profesional y evaluar el desempeño de los profesores. Mientras tanto, la renovación del profesorado en el próximo horizonte de cuarenta años se habrá hecho del mismo modo que el siglo pasado. Todo esto con la paradoja de un país que tiene la suerte de contar con miles de aspirantes primero a la docencia, luego a funcionario docente; pero con un sistema de formación y –sobre todo– de selección que no garantiza que los mejores accedan de modo permanente a la docencia.

Publicado en “Escuela”, núm. 4243 (27 febrero 2020)

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Catedrático de Didáctica y Organización Escolar

Universidad de Granada

 

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