Resulta bastante significativo que en un conocido hospital granadino de la red privada haya una dependencia que tiene en su entrada el rótulo “Atención al cliente”. Los que habíamos sido denominados hasta ahora “pacientes” ya sabemos la consideración que ha decidido reservarnos cierto tipo de asistencia sanitaria, cada vez más en auge. Sería sorprendente si no analizáramos las claves de esta mueva perspectiva. Tienen ya, desgraciadamente, un largo recorrido las movilizaciones de los trabajadores sanitarios para denunciar las numerosas formas en que se manifiestan la precariedad y la falta de medios humanos de la sanidad pública.
La universalización de la asistencia sanitaria sin una correspondencia proporcional de los recursos destinados a llevarla a efecto con la eficacia y calidad que la convirtieron no hace tanto en uno de los pilares básicos de nuestro sistema de bienestar ha desembocado en una precarización creciente de la misma, traducida en el aumento de las listas de espera, en el empeoramiento de la atención primaria, en la falta de especialistas y de personal de enfermería. Todo esto se ha visto agravado desde 2020. En los momentos más crudos de la pandemia del COVID, se llegó a niveles desconocidos hasta entonces por los profesionales y por los ciudadanos que necesitaban ser asistidos de las más diversas dolencias. No ha pasado tanto tiempo desde entonces y, sin embargo, es muy elocuente la aparente indiferencia con que asistimos a las crecientes muestras de frustración de nuestros sanitarios por la presión insoportable que sufren en su labor asistencial.
En aquellos duros meses de 2020, abríamos las ventanas y las terrazas para reconocer con nuestro aplauso el titánico esfuerzo de nuestros sanitarios. Nadie habría dado crédito entonces a que cinco años después veamos sin apenas inmutarnos a algunos de aquellos heroicos sanitarios clamando de impotencia y presentando ante sus superiores auténticas llamadas desesperadas a que no se posponga ni un minuto más el necesario incremento de medios y de personal para atender dignamente a los ciudadanos que necesitan atención sanitaria. En aquellos dramáticos momentos, para colmo, fueron muy numerosos los casos en que se pospuso de forma temeraria la detección y tratamiento de enfermedades “que podían esperar”, pero que acabaron en muchos casos produciendo patologías agravadas y hasta irreversibles.
Ante una situación de este calibre, ¿puede permitirse nuestro país tardar más de 10 años en formar espléndidamente a médicos, para condenarlos después a un trabajo estresante y precario, que acaba conduciendo a muchos de ellos a la frustración creciente e incluso a abandonar el sistema sanitario español en busca de otras latitudes donde son mucho mejor tratados y donde pueden ejercer sin tensión su vocación médica?
A la vista de lo que ha sucedido después, parece como si la mayoría de dirigentes políticos creyeran inviable tomar un camino distinto del que conduce de forma inexorable al empeoramiento del sistema público. “Quien quiera mejor atención médica que se la pague” – dicen quienes siguen al pie de la letra un modelo que se parece demasiado al sistema americano de atención sanitaria. ¿Y a qué nos está conduciendo esta forma de entender y afrontar el problema? La respuesta es bien sencilla, desde mi punto de vista: Como según quienes profesan en distintos grados el modelo neoliberal, el Estado tiene recursos limitados, e incluso mucho más limitados si se considera, como lo hacen, que es fundamental para el crecimiento económico bajar los impuestos cuanto más mejor, se desarrolla una estrategia, ya poco sutil, porque cada vez más ciudadanos captan su auténtica intención, que consiste en hacer lo básico para que el sistema público no colapse totalmente, pero haciendo ver simultáneamente que en el “mercado” hay una serie de compañías médicas que prestan atención razonable por módicos precios (bueno, no tan módicos si el que suscribe la póliza no es ya un jovencito).
El crecimiento exponencial de ciudadanos que firman pólizas privadas de asistencia sanitaria está ocasionando que esa atención médica ya no sea a veces tan razonable, porque las lujosas instalaciones de los hospitales y consultas en que se desarrolla esta sanidad no compensan la espera de varios meses para ser asistido por determinados especialistas, para realizarse una prueba diagnóstica o para ser atendido adecuada y puntualmente por un médico o por una enfermera de guardia tras una intervención quirúrgica. Es decir, de la sanidad pública, cada vez más saturada, se desvía una parte importante de su carga asistencial a la sanidad privada. Si, como sucede cada día más, muchos de estos fugitivos de la sanidad pública acaban percatándose de que tampoco la sanidad privada les da lo que esperaban, por esta sobrecarga de usuarios, que genera plazos de asistencia inaceptables, acabarán decidiendo acudir a un tercer tipo de sanidad, que cuenta por ahora con unas condiciones de holgura y de calidad sobradas como para admitir a bastantes más ciudadanos, los que estén dispuestos a pagar de su bolsillo consultas, pruebas e intervenciones. Es la que podemos denominar “sanidad de élite” o “sanidad vip”.
Podríamos creer que esto último es una exageración, pero no: cada vez hay más personas necesitadas de una rehabilitación que, ante la demora de varios meses para poder iniciarla, la acometen puntualmente, pero pagándola. Lo mismo podríamos decir de intervenciones quirúrgicas delicadas o graves, con incursiones incluso en hospitales de gran prestigio situados en otras comunidades o incluso en otros países. Hemos podido comprobar cómo quienes dan las citas médicas en algunas de estas consultas las dan inmediatamente y sin ningún rubor si se trata de pacientes de pago y semanas o hasta meses después si son titulares de pólizas suscritas con compañías médicas.
Ante el hecho incuestionable de que la salud es la principal preocupación de los ciudadanos, hay que preguntarse cómo es posible que no se convierta, junto con la educación, en la principal obligación de quienes nos gobiernan. ¿Pueden el dios Mercado y la protección nada sutil de los intereses del sector privado marcar el paso a los poderes públicos hasta esos niveles a la hora de procurar asistencia digna al dolor y a la enfermedad de los ciudadanos? ¿Se merecen la excelente sanidad pública española y sus usuarios tal retroceso?
Según parece, el porcentaje de PIB dedicado a esos fines está previsto que disminuya en los próximos años, como consecuencia de nuevas prioridades: la actitud de Trump de exigir a los miembros de la OTAN una implicación mayor en conflictos como la Guerra de Ucrania y en la política general de defensa de la Alianza, y las derivadas económicas de la imposición de aranceles anunciada por el mismo presidente van a afectar negativamente a la disponibilidad de recursos para otros fines en los países de la UE. Las circunstancias son poco halagüeñas por todo lo dicho, pero confiemos en que la responsabilidad imprescindible de nuestros representantes políticos y la presión de los profesionales sanitarios y de toda la sociedad, hasta ahora poco consciente del problema, lo impida.
(Este artículo es una actualización del publicado en Ideal el 10 de febrero de 2022, con el título “¿Es esta la sanidad que nos espera?”).
Granada, 3 de febrero de 2025.
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