Temor en ANPE ante el inminente deterioro de la enseñanza

 

ANPE rechaza la opacidad con la que se está llevando a cabo esta política de ajustes, que incluye modificaciones muy sustanciales de las condiciones laborales de los docentes, y para el cual no se ha realizado hasta ahora ninguna consulta previa con los representantes legítimos del profesorado en las Mesas de Negociación. Tampoco se ha explicado la concreción ni el alcance de estas medidas.

Para ANPE es imposible pagar la deuda generada en estos últimos años sólo con recortes en los servicios esenciales. El Gobierno debe acometer ya la reforma que haga viable el modelo de Estado autonómico y garantice las políticas sociales básicas: educación, sanidad y pensiones. Los profesores y la educación llevan desde el inicio de la crisis económica sometidos antes que nadie a ajustes y recortes mientras se han mantenido gastos suntuarios del Estado y las comunidades autónomas.

Estos nuevos recortes anunciados, que incluyen el aumento del horario lectivo y el incremento de las ratios, pueden hacer inviable no solo la atención de calidad a los alumnos sino el desarrollo de los programas de mejora de los centros. Además, al sumarse a la congelación de la oferta de empleo público, pueden desembocar en la desaparición de muchos puestos de trabajo del profesorado interino. El horario de trabajo es una de las cuestiones fundamentales que debe establecer el Estatuto Docente, por tanto, la imposición de estas nuevas medidas pueden hacer inviable esta norma básica que el ministro de Educación prometió para esta legislatura.

En una legislatura en que se han anunciado reformas educativas necesarias e importantes, los primeros pasos para abordarlas están siendo ajustes en las partidas presupuestarias. Por tanto, corren el riesgo de ser inviables. Cualquier reforma en el aumento del bachillerato y el prestigio de la formación profesional implica una financiación adecuada.

En esta situación tan crítica para la economía, exigimos que la educación se preserve de los rigores presupuestarios con un pacto de mínimos que pueda garantizar que se efectúen las reformas que necesita imperiosamente el sistema educativo español, en la certeza de que solamente la educación de calidad para todos garantiza un mejor futuro.

 

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