En el documento de Propuestas para un Pacto Social y Político para la Educación (2010), se enumeraban una serie de propuestas de acción para hacer efectivos los objetivos estratégicos en educación profesional. Se establecían mecanismos para promover una mayor cooperación entre las administraciones, las empresas y los agentes económicos y sociales en el diseño y planificación de las enseñanzas profesionales, se perfilaban medidas necesarias para permitir el tránsito fluido entre los diferentes niveles de formación profesional y entre los diferentes niveles educativos (Bachillerato, FP y estudios de Grado universitario). La innovación, el sistema integrado de información y orientación profesional y la colaboración autonómica eran, entre otras, aspectos clave de este compromiso educativo.
Posteriormente en «Objetivos de la Educación para la década 2010- 2020», documento aprobado en Consejo de Ministros el 25 de junio de 2010 se concretaba el Plan de Acción 2010/2011, que tenía como referencia claros objetivos educativos planteados para la presente década, se articulaban una serie de acciones y programas, a desarrollar en el conjunto del país, con vistas a lograr equilibrio entre la educación y la formación con la generación de nuevo conocimiento. La publicación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, introducen un ambicioso conjunto de cambios legislativos necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo hacia una economía más competitiva e innovadora, capaz de renovar los sectores productivos tradicionales y abrirse camino hacia las nuevas actividades demandantes de empleo, estables y de calidad.
Es, en este contexto legislativo, cuando se aprueban en Consejo de Ministros y se publican inmediatamente, los Reales Decretos 1146/2011, de 29 de julio, de modificación de enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
Podemos considerar esta última norma como disposición de hondo calado que amplía la oferta de las enseñanzas de Formación Profesional mediante la integración de los módulos profesionales de los programas de cualificación profesional inicial, ampliando las posibilidades de acceso a los diferentes niveles de Formación Profesional (ciclos de Grado Medio y Superior). Como novedad, se crean los cursos de especialización de los ciclos formativos, cursos de duración variable, entre 300 a 600 horas de formación, destinados a complementar las competencias profesionales de quienes ya dispongan de un título de formación profesional.
Se crean también programas formativos específicos cuyo objetivo es formar a las personas mayores de diecisiete años, que abandonaron prematuramente el sistema educativo sin ninguna cualificación profesional, para facilitar su acceso a una actividad profesional concreta buscando la empleabilidad. Estos programas, de duración variable, presentan como novedad su doble modalidad ya que se podrán impartir en centros educativos de la red de FP y también podrán ser impartidos en alternancia en colaboración con empresas para aquellas personas que dispongan de un contrato de trabajo, un contrato para la formación o una beca de formación en empresas.
Relación centros-empresas
La relación entre centros de Formación Profesional y las empresas, serán el cauce para potenciar las relaciones entre el tejido empresarial, la formación profesional de grado superior y los organismos agregados. Será en estos entornos integrados de trabajo conjunto donde el desarrollo de proyectos colaborativos de centros de formación profesional, empresas del sector y Universidad, aporten valor al sistema, educativo y económico. La formación profesional del sistema educativo es ahora el referente de calidad, gozando de la máxima confianza del alumnado, del tejido empresarial y de la sociedad en general, lejos de aquellos tiempos de desprestigio social al ser considerada como opción secundaria o como destino mayoritario de alumnos de unas clases sociales determinadas. Asi pues, en este inicio de curso encontramos un nuevo escenario educativo profesional, escenario duramente influenciado por la realidad económica del país.
En este apremiante contexto, los objetivos y acciones prioritarias para la formación profesional del sistema educativo andaluz del siglo XXI, se han de formular de acuerdo a los objetivos de la educación y formación en nuestra Comunidad, en base a las medidas y líneas de acción del Ministerio de Educación, considerando el marco de la educación y formación europeas. Cualquier apuesta estratégica plasmada en planes andaluces de formación profesional en el ámbito educativo debe contar con el profesorado como agente de cambio. Disponer de un profesorado con compromiso profesional y social, bien formado y actualizado será la mejor garantía en el proceso de cambio. La finalidad de toda innovación profesional debe ser la de crear y aportar valores a los procesos de trabajo siempre encaminados al incremento de la calidad y competitividad.
Para ello, la Administración Educativa, debe impulsar planes formativos para promover la investigación, la reflexión y la mejora continua en el ámbito docente de formación profesional. Planes de actuación coordinados, en colaboración con la empresa y otros agentes educativos y económicos. Andalucía, por tanto, necesita reorganizar su estructura y acción formativa para la atención a los docentes de formación profesional, para reforzar la intervención en procesos educativos, para reforzar la formación inicial del profesorado que se incorporan al sistema profesional. Necesita centro avanzado de innovación y formación para activar nuevas estrategias pedagógicas y didácticas, de desarrollo curricular en el marco del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. La I+FP será su distintivo y comandará toda la estrategia formativa del profesorado. La delicada situación apremia, no podemos demorar más las medidas que vengan a situar la formación profesional en en centro del sistema educativo, porque “2011, ahora sí, es el año de la FP”.
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Raimundo Abril Madrid es asesor de formación profesional en el CEP de Granada | |
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