Con esto, en absoluto quiero decir que cualquier manifestación o reunión no gocen de toda legitimidad tal y como reconoce nuestra Constitución aprobada el 29 de diciembre de 1978, regulada por la Ley Orgánica de 9 de julios de 1983 y . «Sólo en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas, cuando existan razones fundadas de alteración de orden público con peligro para personas o bienes».
Antes bien, estamos llegando a tales extremos que las propias Fuerzas de Seguridad del Estado se manifiestan en demandas que, aun siendo justas, las formas reivindicativas que esgrimen llevan a la población a tal estado de confusión que alimentan las dudas del sistema democrático. Las fuerzas de orden público no deberían de exhibir una pancarta con un texto tan demoledor como el que apareció en días anteriores: «fuerzas y cuerpos de seguridad unidos. Pedimos perdón a los ciudadanos por no poder detener a los mayores chorizos: políticos y banqueros».
Desde luego se debe tener mucho cuidado con lo que se pueda esconder detrás de las citadas aseveraciones, pues estas siempre son el punto último del hablar dogmático y resolutorio; ya que la realidad de nuestro país muestra muchas aristas de soluciones difíciles que podrían ser negociadas mucho mejor de lo que se está haciendo entre los distintos interlocutores sociales y la administración.
A todo esto, al cuerpo especial de policía, adscritos a los antidisturbios, se le amontonan los problemas diariamente (incluidos a los Mossos d`Esquadra y la Ertzaintza), que tienen que vérselas muy duramente en estas tempestades públicas contra la ciudadanía, convirtiendo diariamente nuestras calles en campos de batalla.
Recuerdo amargamente a aquellos «grises», al servicio de poderes antidemocráticos que apaleaban, torturaban y que no disparaban contra los manifestantes precisamente pelotas de goma; se realizaban juicios sumarísimos, la población se jugaba la vida para hacerse entender al grito unánime de: «disolución de los cuerpos represivos» y en donde el derecho de reunión o manifestación estaba prohibido.
Hoy me parece poco noble que a estos Cuerpos Especiales de Seguridad del Estado se les trate de manera tan injusta como intransigente, cuando tratan de disolver manifestaciones de forma expeditiva, como en cualquier país democrático del mundo, para hacer cumplir la Ley Suprema: La Constitución Española, que hemos aprobado libremente todos los españoles.
Los antidisturbios ofrecen una imagen represora y antipática, nos llenan de espanto cuando los vemos como apalean a la muchedumbres y acometen contra ella. A veces corren cegados para cargar contra la multitud y nos parecen despiadados y sin corazón. Sin embargo, vemos con simpatía, cuando algún policía es malherido de una pedrada, o una valla impacta sobre su rostro, o cuando salen lisiados y con un expediente a cuestas.
Y aun reconociendo, que algunos miembros de la policía se extralimiten y cometan excesos contra individuos indefensos, no podemos por menos que reconocer ni olvidar su lealtad al servicio de la democracia y el no actuar nunca bajo el imperativo de «obligada obediencia», sino que lo hacen al dictado de órdenes superiores del poder democrático que procede de las urnas.
