En cuanto a la distribución de competencias para la concreción del currículo se distribuyen funciones de manera poco definida a tres instancias diferentes (Administración General del Estado, Administraciones autonómicas y centros educativos), lo cual planteará problemas en la organización de los propios centros y de cara a la movilidad del alumnado y del profesorado. Esta medida podría además afectar incluso a la programación general de la enseñanza y producir asimetrías y desigualdades entre las CCAA y los propios Centros.
Respecto a la evaluación y promoción, se sigue promocionando en Secundaria con dos materias suspensas, y excepcionalmente con tres. La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria se puede llevar a cabo con tres materias suspensas. Por tanto, el anteproyecto mantiene los defectos del modelo comprensivo que ANPE tanto ha criticado. ANPE apuesta por una evaluación continua rigurosa y con medidas inmediatas de refuerzo. La prueba final de 6º curso de Primaria debe valorar la madurez del alumnado y detectar sus déficits de aprendizaje para la corrección de los mismos. En una ley orgánica, no pueden establecerse para la evaluación los indicadores de nivel “alto, medio o bajo”, que son confusos y ambiguos.
Mostramos nuestro desacuerdo con que el anteproyecto mantenga caminos cerrados en las diferentes modalidades del cuarto curso de la ESO, sobre todo en la Formación Profesional Básica, ya que no corresponden a la verdadera flexibilidad que exige el sistema, ni a la recompensa que debe seguirse de cualquier aumento del rigor y del esfuerzo. No podemos olvidar que uno de los factores desmoralizadores del modelo pedagógico actual es, precisamente, que no hay metas a las que llegar. Por eso debe garantizarse para todos los alumnos la posibilidad de la obtención del graduado en ESO para todas las alternativas dispuestas.
En cuanto al funcionamiento de los Centros:
En ANPE nos oponemos a la educación diferenciada por sexos en centros sostenidos con fondos públicos, que debe circunscribirse a la oferta privada. Reivindicamos la prioridad en dotación de recursos materiales y humanos para los centros de enseñanza pública que desarrollen ofertas específicas. Tampoco somos partidarios de que las Administraciones educativas puedan incorporar expertos como profesores bilingües o plurilingües, por considerarlo inadecuado en el marco de una Ley Orgánica, y por obviar la realidad de la salida del sistema educativo de más de cincuenta mil docentes en estos últimos años. ANPE exige igualdad de criterios en la selección del personal docente. Los procedimientos de acceso a la función pública deben quedar establecidos claramente en el Estatuto Docente.
El derecho a usar la lengua común haciéndolo compatible con las lenguas cooficiales debe ser garantizado por la Administración del Estado. Reconocemos el derecho que asiste a los padres, pero rechazamos que se haga a beneficio de los centros privados. La enseñanza pública debe ser garante del cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades en todo el territorio estatal.
Finalmente, el Anteproyecto establece un carácter competitivo en las acciones encaminadas a la mejora de la calidad educativa que no compartimos.
En cuanto a la situación del profesorado:
Aún cuando se ha retirado del borrador la reasignación de efectivos docentes, y se ha aclarado la ambigüedad de la inclusión de los días de evaluación en el calendario lectivo, se mantienen modificaciones sustanciales a las condiciones laborales de los docentes que pueden atentar contra derechos adquiridos, y se ignora la existencia de importantes especialidades docentes como Tecnología, Música o Dibujo relegadas en el anteproyecto. Tampoco tienen lugar relevante la Cultura Clásica ni la asignatura de Economía, entre otras, y siguen sin recobrar su peso específico importantes modalidades de Bachillerato, que estaban muy arraigadas y respondían a una buena demanda social.
Otro aspecto conflictivo es el concerniente a la función directiva, a la que se pretende dotar de unas atribuciones que sobrepasan, en mucho, las requeridas para cumplir con el principio de autonomía pedagógica y organizativa de los centros. Rechazamos que el director del centro pueda establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal docente, incluido el de nombrar o rechazar interinos. A nuestro juicio, estas potestades pueden perturbar notablemente el actual sistema de provisión de vacantes en la función pública docente y, sobre todo, generar una inseguridad jurídica del funcionariado docente e interino, con un cambio radical en el estatus profesional que rechazamos de plano.
En nuestra opinión, todas las cuestiones profesionales deben salir de la redacción de una ley orgánica e incorporarse al imprescindible Estatuto Docente, el cual nunca podrá tener un punto de partida inferior al marco de los derechos laborales adquiridos por los docentes en las últimas décadas y conseguidos también en el marco de la negociación sindical, que ahora se pretende minusvalorar. Ni el Estatuto Docente ni la propia Ley pueden fundamentarse sobre la actual situación de recortes. Por todo ello, además de por el insuficiente calado de las medidas específicas de mejora de la calidad de la educación, la redacción actual del anteproyecto merece nuestra valoración crítica ya que en su conjunto el anteproyecto no apuesta decididamente por la enseñanza pública y deja muchas dudas sobre la situación del profesorado.
Desde ANPE llevamos años sosteniendo que la educación debe estar entre los consensos esenciales que necesita España para salir de la grave crisis institucional y económica en la que estamos instalados pero advertimos al Gobierno que del camino emprendido hasta ahora, por la forma y el fondo de estos primeros pasos de la reforma, no puede surgir la verdadera mejora de la calidad del sistema educativo que reclama toda la sociedad. De no alcanzarse un acuerdo de mínimos en aquellas cuestiones que son básicas, se habrá perdido una nueva oportunidad. ANPE mantiene una actitud y una valoración crítica ante el anteproyecto, pero es una crítica responsable, por ello seguimos abiertos al diálogo y emplazamos al Ministerio de Educación a abrir una negociación y debate profundo sobre la reforma educativa. Todavía estamos a tiempo.
