El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reconocido en sentencia dictada el 22 de enero que los empleados públicos a quienes se retiró la paga extra de diciembre tienen derecho a cobrar la parte correspondiente al tiempo de devengo de la paga transcurridos hasta el 15 de julio de 2012, fecha de entrada en vigor del Real Decreto. La demanda fue interpuesta contra la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.
Asimismo la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha planteado dudas sobre la constitucionalidad del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio en “la medida que la norma suprime el derecho de los trabajadores a percibir cuantías ya devengadas, expresamos nuestras dudas sobre su ajuste constitucional”.
Ante estos precedentes y para contrarrestar la avalancha de demandas que se están produciendo en todas las provincias por parte de los sindicatos-entre ellos ANPE-, asociaciones profesionales representativas de los empleados públicos y numerosos recursos de funcionarios a título particular, y que pueden colapsar a la administración de justicia, ANPE exige al Gobierno la inmediata devolución de la paga extraordinaria de Navidad o al menos, en su defecto, la parte proporcional de dicha paga, por el periodo devengado hasta el 15 de julio pasado, cuando entró en vigor el Real Decreto ley 20/2012, de 13 de julio.
ANPE recuerda que los funcionarios docentes sufrieron en 2010 un recorte salarial del 5% y tres congelaciones posteriores que han supuesto una merma de retribuciones superior al 20% de media. La reducción de la paga a los funcionarios docentes en su nómina anual de los empleados públicos ha supuesto un recorte salarial bruto que oscila entre el 5% y el 7%. A ello se debe sumar para este colectivo, los durísimos recortes que han llevado a cabo las comunidades autónomas, y que afectan a los derechos laborales y sociales, y a los complementos retributivos. Y todo ello con una peculiaridad, que las previsiones establecidas en el RD ley 20/2012, de 13 de julio, sobre compensación de la paga a partir del 2015 en forma de plan de pensiones para los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, no resulta de aplicación para los funcionarios docentes que están excluidos de dicho plan de pensiones formalizado en el año 2002.
El Gobierno está imponiendo un dramático esfuerzo al funcionariado para pagar la mala gestión del gasto público y de la economía, que han llevado a cabo en la última década gestores a los que nadie pide cuentas de sus actos. ANPE advierte que la grave situación actual no podrá solucionarse solo con recortes. El Gobierno debe plantearse ya una reforma profunda y regeneradora que afecte a todos los niveles y ámbitos de la administración y la gestión pública sin excepciones.
