La evaluación del desempeño docente, en la actualidad, está en las agendas políticas educativas, llegando a configurarse como la nueva ortodoxia del cambio educativo. En un país como el nuestro donde estas cuestiones institucionalmente están ausentes (en el referido informe las sucesivas referencias a España suelen estar en blanco) y, además, no son políticamente correctas plantearlas, puede ser de interés ver por dónde van las políticas del profesorado en este mundo globalizado. Máxime cuando la propuesta de la llamada LOMCE contempla la puesta en marcha de un sistema de rendición de cuentas de los centros que, en mi opinión, no es coincidente con las propuestas actuales de la OCDE. También en esto, como en tantos otros aspectos, solemos funcionar al margen del conocimiento más potente en el ámbito educativo y, en ocasiones, en contradicción con él. 

    Evaluar el trabajo docente, como decíamos en otra ocasión, se ha convertido en un “terreno minado”, sujeto a múltiples peligros por donde lo pises y a posibles usos malsanos. Si su no existencia es un remedio peor que la enfermedad, los sistemas de evaluación del profesorado están sujetos a un conjunto de efectos “perversos”. Se puede considerar que la presión o la motivación por el pago puede tener incidencia positiva para la mejora de la práctica docente, pero los análisis de las experiencias realizadas también muestran que, en contrapartida, pueden tener más efectos “perversos” que beneficios. Por sí misma no crea incentivos de mejora, es más –“culpabilizando a las víctimas” por el fracaso– puede incrementar la desmoralización del profesorado que trabaja en aquellos centros, clasificados bajos. A lo sumo, suele provocar una subordinación de la enseñanza (“enseñar para las pruebas”: teach to the test) a los estándares determinados y medidos en las evaluaciones externas.

Si esta cuestión, de entrada, “levanta ampollas”, como dice el referido informe, es preciso replantearse en qué grado y de qué modos, la evaluación de la práctica docente pueda servir para “aumentar el enfoque en la calidad de la enseñanza y el desarrollo profesional continuo de los docentes, de acuerdo con el reconocimiento creciente de que la calidad de la enseñanza afecta a los resultados de aprendizaje de los estudiantes”. La cuestión ya no es si la práctica docente deba ser evaluada, sino cómo hacerlo en formas que motiven a los que ya lo hacen bien y, a la vez, contribuyan a mejorar aquellos centros y profesorado que tienen bajos niveles en su alumnado. Si bien los resultados obtenidos por los alumnos no pueden ser ignorados en la evaluación docente, la OCDE da cuenta de que existe, en algunos países, una “combinación mal conjugada” entre los resultados obtenidos por los docentes en su evaluación y aquellos que son alcanzados por los estudiantes. Cualquier posible evaluación externa tendrá pocos efectos si no provoca, paralelamente, procesos de autoevaluación interna, conducentes a hacer las cosas mejor. Sin embargo, tenemos razonables dudas de si la evaluación externa de la labor docente del profesorado por los resultados pueda comportar un proceso de mejora interna. Por una parte, es dudoso que la evaluación del profesorado, por sí misma, pueda provocar acciones que incrementen los aprendizajes de los alumnos y alumnas.

Una evaluación del profesorado correctamente situada, como plantea Darling-Hammond en uno de sus últimos libros sobre el tema, debiera conducir a que lo que prioritariamente importa es la mejora profesional y de la calidad de la educación. En la coyuntura actual de crisis, recortes y desmoralización considero que, no es el momento para sacar de nuevo el tema de la evaluación del profesorado. Por eso, ante la amenaza de retomar el tantas veces aplazado Estatuto Docente para convertirlo en Ley, seguramente al margen de los necesarios consensos, mejor dejarlo aparcado, hasta tanto estemos en condiciones para que pueda enfocarse decididamente en provocar la mejora de la práctica. Basta ver lo que sucedió en Portugal con el Estatuto de carrera del profesorado de Preescolar, Básica y Secundaria (Decreto Ley 15/2007), que suscitó la más amplia oposición del profesorado, hasta el punto que ha debido ser derogado y reformulado (enero 2009) sucesivamente. Algo similar podría suceder en España, por lo que conviene aprender de otros.

Acceder al informe: Profesorado para el siglo XXI. Usar la evaluación para mejorar la enseñanza. (En inglés. 3,9 Mb)

(*) ANTONIO BOLIVAR. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar. Universidad de Granada

– Descargar PDF de este artículo publicado en la revista ESCUELA, Nº 3980 (18/04/2013)

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