La educación no es un gasto sino una inversión. Vivimos en un país donde el desempleo se ceba con aquellos que carecen de la formación suficiente, aquellos que no disponen de los conocimientos y las competencias necesarias para adaptarse a reconversiones, cambios productivos, avances tecnológicos… El índice de paro en España es del 27% y el paro juvenil se acerca al 60%, debido, en gran medida, a la ausencia de la formación necesaria para afrontar la crisis del ladrillo. El 60% de los jóvenes españoles sin empleo no superaron la ESO: este drama, del que ya se advertía desde el sector educativo cuando en los años del desenfreno veíamos al alumnado abandonar sus estudios por un puesto de trabajo de baja cualificación, no se puede solucionar recortando en Educación, precisamente la herramienta precisa para poder encontrar otro trabajo, continuar su formación… Necesitamos más inversión: más profesorado, más planes, más espacio, más herramientas, más tiempo con cada alumno/a.
La educación no es una prestación social sino un derecho constitucional que debe ser preservado como garantía de que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen las mismas oportunidades de desarrollo personal y profesional. La Educación Pública es el pilar en el que se sostiene un Estado de Derecho (no del «bienestar»… de Derecho) que garantiza la igualdad y la justicia social.
Los recortes perpetrados han acarreado una disminución en la calidad de la enseñanza, empeorando las condiciones de trabajo de los profesionales de la educación y privando al alumnado de aquellas herramientas diseñadas específicamente para mejorar la integración y la atención a la diversidad. Pues esto, y no otra cosa, supone el aumento de horas lectivas: la supresión de medidas tales como los grupos flexibles o desdobles, los programas de diversificación, las adaptaciones curriculares. Esto, y no otra cosa, supone la reducción de salario: desmotivación del profesorado, desincentivación de la vocación en futuros docentes… Esto, y no otra cosa, supone la ampliación de la ratio y el despido de miles de interinos. Esto, y no otra cosa, supone el retraso planificado en las sustituciones. Esto, y nada más, supone la subida de tasas universitarias y la posible introducción de nuevas tasas en ciclos y bachilleratos: la expulsión de buena parte de la sociedad del sistema educativo que, recordémoslo una vez más, les pertenece por derecho.
La Junta de Andalucía, en virtud de su autonomía y su capacidad normativa, no puede ni debe profundizar en los recortes ya realizados desde el Gobierno Central. Los ajustes derivados de la crisis económicas no pueden recaer sobre quienes menos culpa tienen de ella: nuestros alumnos y alumnas. Por ello, exigimos a Junta y Gobierno que den marcha atrás en sus medidas de recorte. Que buceen en otras partidas presupuestarias, comenzando por sus propias prebendas y siguiendo por el enorme fraude fiscal que atenaza al país y encuentren el dinero necesario para proporcionar una educación pública gratuita y de calidad. Es nuestro derecho y su deber.
IGNACIO MANCERA PASCUAL Y 36 FIRMAS MÁS. GRANADA
(Nota: Este escrito se publicó en la edición impresa de IDEAL correspondiente al lunes, 6 de mayo de 2013, pág. 21
