Si nos recortan las extras para no despedir a la “Cofradía de los Colocados” (antiguos cargos, exalcaldes, exconcejales, sindicalistas de pro), ¿por qué los parlamentarios andaluces se subieron las dietas, aunque a última hora lo han anulado? ¿Por qué no se bajan ellos también el sueldo y son solidarios? Sinceramente, esperábamos algo más del PP. Y sin embargo, a los enchufados, que cobran 2.000 euros o más –el director de Invercaria tiene bachiller superior–, resulta que no les descuentan nada de la paga extra. ¿Por qué la Junta concede subvenciones para una playa en El Salvador, para encauzar un río en Marruecos, o 34 millones de euros para 150 linces y sobresueldos bajo cuerda a los directivos de la RTVA? El pasado año, la Junta repartió generosamente 223 millones en subvenciones a Cooperación Internacional, y 241 millones a CCOO y UGT que se han convertido en los guardianes del régimen.
Mienten como bellacos, como cuando recortaron el dinero a los dependientes y le echaban la culpa al Gobierno de Rajoy, hasta que el Defensor Chamizo les descubrió el juego y fue entonces cuando decidieron cesarlo. Que seamos los únicos funcionarios en España, con las pagas extras recortadas este año, se debe al ‘castigo’ por las manifestaciones que hicimos el pasado año contra Griñán. Este basa toda su estrategia y discurso en hacer oposición al Gobierno de Rajoy, pero ha olvidado que es el primer socialista que perdió las elecciones andaluzas. Andalucía es la comunidad autónoma con mayor fracaso escolar, con más paro y la más empobrecida, pero de esto no parece darse cuenta el Gobierno social-comunista. Como vive instalado en sus privilegios y en el derroche, cuando no haya dinero en la caja para pagar a la ‘Administración Paralela’, ¿a quién le van a recortar la paga?
El Tribunal Superior de Justicia, de Andalucía, calificó en varias sentencias de “desprecio al Estado de Derecho” la integración del personal externo en las nueve agencias, por la “Ley del Enchufismo”. Sin embargo, el Tribunal Supremo lo ha corregido y en una sentencia de abril, sobre la Agencia de Instituciones Culturales, afirmó que “el personal ya tenía la condición de empleado público, antes de que se integrara en la Agencia”. En la sentencia se da la contradicción e incongruencia de que son empleados públicos los que han sido contratados a dedo y no han superado ningún proceso selectivo, bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Somos muchos los que nos preguntamos: pero, ¿cómo es posible que el TS no se dé cuenta de que se vulneran los artículos 14, 23 y 103.3 de la Constitución española? ¿O es que tenemos unos jueces ‘politizados’, que no son capaces de anular una ley autonómica, a todas luces ilegal e injusta, porque avala de hecho una “verdadera invasión y ocupación de la Administración andaluza”, igual que cuando el ejército de Napoleón invadió y ocupó España.
Si los jueces tuvieran el problema de que miles de contratados les quitaran el trabajo y encima cobraran más, hace tiempo que lo habrían solventado. Lo mismo ocurre con la ocupación de las fincas y el asalto violento al Mercadona, por el SAT. Han mirado para otro lado y no han sido capaces de sancionar a Sánchez Gordillo. ¡Qué distinto hubiera sido si cualquiera de nosotros hubiera cometido la tropelía! Los ERE son el mayor robo de la democracia, quitaron 1.217 millones de euros a los parados para repartirlos entre las redes clientelares del PSOE andaluz. Esto ha ocurrido en las empresas públicas, con los contratados (si se negaban, podían echarlos), y han sido precisamente los funcionarios quienes han denunciado los ERE y filtrado a la prensa debido a su independencia. En la Junta piensan que con recortes nos castigan, pero pinchan en hueso: ellos se irán y los veremos avergonzados en los juzgados, y nosotros seguiremos. Nunca un Gobierno democrático ha tratado peor a su Administración y a los parados. Finalmente, hacemos una llamada a los sindicatos SAFJA, CSIF y otros para que olviden sus diferencias y se unan, en defensa de los intereses de los funcionarios.
Posdata: Los cargos de la Junta viajan en clase preferente y en coches oficiales, cobran dietas, les queda el 100% de la pensión si completan 8 años, cobran cesantías, durante dos años, después de dejar el cargo, en fin, viven instalados en todos los privilegios.
Ahora les entra la bulla con el caso de los ERE, que lleva la juez Alaya: le han llamado la atención el presidente del Tribunal Supremo, José Antonio Moliner, el consejero de Justicia de la Junta, la Fiscalía Anticorrupción y algún otro más. Cuando Garzón tuvo metido el caso Faisán en su cajón, durante años, nadie se atrevió a decir nada; cuando el juez tardó 17 años en dictar sentencia (un compadreo) en los cursos de formación de Unió (desapareció el dinero), nadie abrió el pico. Y ahora les entra la prisa a todos, es la prueba evidente de que no todo anda limpio en la Justicia.
Ha pasado sobradamente el plazo de tres meses, que el juzgado le ha dado a la Junta para que entregue la relación de los 30.000 externos de la ‘Administración Paralela’ y todavía no la ha entregado, pero ningún cargo de la Justicia dice nada. La juez Alaya le pidió a la Junta numerosos documentos y lo único que hizo fue poner obstáculos y criticarla, y nadie alzó la voz. ¿Alguien tiene alguna duda de los amiguetes, lacayos y paracaidistas de la Junta?
A Pacheco le han echado cuatro años por colocar a dos amigos en el Ayuntamiento. Parece una venganza. Haciendo un cálculo por encima y con benevolencia, ¿cuántos años tendrían que echarles a los irresponsables de la Junta?
Publicado en Tribuna Abierta, en el ABC de Sevilla, el 6 de junio de 2013
