Este modelo de reválida, ha destacado la consejera, va a provocar incertidumbre, inquietud y tensión externa al alumnado, a sus familias y al profesorado. Además, afectará negativamente al normal desarrollo del calendario escolar y conlleva una enorme complejidad técnica, organizativa y un coste económico importante que no cuenta con financiación estatal.
Asimismo, la titular de Educación duda de que con estas pruebas “impuestas” por el Ministerio se pueda valorar adecuadamente si el alumnado ha alcanzado los objetivos generales de la etapa, ya que los exámenes se realizan sobre dos de las siete competencias básicas establecidas para la Educación Primaria.
En este sentido, De la Calle ha asegurado en una carta enviada al Ministro que una única prueba de estas características “tampoco parece ser el instrumento adecuado para proporcionar información válida y fiable”, distinta a la que el profesorado que ha estado en contacto con el alumnado a lo largo de toda la etapa proporciona en su informe final individualizado para cada alumno o alumna.
En definitiva, las pruebas que se establecen en el Real Decreto no constituyen, según Adelaida de la Calle, ningún tipo de evaluación. En primer lugar, porque la evaluación en Educación Primaria debe ser continua, global, formativa y orientadora, como así se establece en la normativa vigente con rango de ley. En segundo lugar, porque la forma de plantear estas pruebas finales rompe completamente y de forma abrupta con la continuidad del proceso de la evaluación, pretendiendo reducirla a un momento puntual y descontextualizado del progreso del alumnado.
Además, ha señalado la consejera que con esta reválida el alumnado de Educación Primaria recibirá “una calificación final expresada en términos muy reduccionistas”, sin considerar su progreso individual ni su proceso de adquisición de las competencias correspondientes, y que pervierte el sentido educativo y la globalidad de la evaluación que debe aplicarse en esta etapa educativa.
Por último, la titular de Educación ha instado de nuevo al ministro Íñigo Méndez de Vigo a derogar o paralizar este decreto que las comunidades autónomas mayoritariamente han rechazado. La Consejería considera que la evaluación del sistema educativo es imprescindible para conocer y mejorar su funcionamiento y sus resultados así como para poner en valor los conocimientos adquiridos, pero nunca para establecer ránkings competitivos entre el alumnado o territorios, tal y como persigue la LOMCE.
