Un periódico afín al Gobierno, como el ABC, titulaba la noticia el pasado 5 de octubre: “El PP se queda solo en su defensa de la LOMCE y las reválidas en el Congreso”. De este modo, la reforma educativa aprobada por el Gobierno del Partido Popular cosecha en lo que va de año su segundo rechazo (el anterior fue en abril) en el Congreso de los Diputados. Por mayoría se insta al Gobierno a paralizar el calendario de implantación de la LOMCE y, más específicamente, a derogar el Real Decreto que regula las pruebas de Reválida en Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Es verdad que, en ausencia de gobierno, las iniciativas parlamentarias no pueden prosperar, pero se hubiera requerido una declaración clara del Ministerio o del Gobierno para poner en práctica dicha iniciativa de paralización en cuanto tuviera capacidad plena de gobierno.
Además una gran parte de las Comunidades Autónomas han presentado (o han aprobado presentar) ante el Supremo recursos contencioso-administrativos contra las reválidas de ESO y Bachillerato. Otras, como el País Vasco, han aprobado un Decreto propio de evaluación en la que no entran las reválidas. En las pasada pruebas de junio de evaluación final de Primaria, muchas Comunidades, de modo “insumiso”, no las hicieron del modo que determinaba la Ley (Andalucía, Aragón, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares) y en Galicia, que lógicamente las realizó, más de la mitad del alumnado no se presentó, porque sus familias así lo decidieron. Ante esto, podemos preguntarnos qué tiene que pasar más, para que alguien con cabeza piense que así no se pueden hacer las cosas y que, si se hacen, los efectos no van a ser los pretendidos.
En el Pacto entre el PP y Ciudadanos de final de agosto, se decía que “se congelará el calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no hubiesen entrado en vigor”, Por si faltara alguna duda, el pasado 6 de septiembre Ciudadanos ha registrado en el Congreso una iniciativa para paralizar las evaluaciones finales en la ESO y Bachillerato. Por eso, frente al erre que erre del Ministro y del Secretario de Educación, más razonablemente Fernando Rey, Consejero de Educación de Castilla y León, declaraba en “El Mundo” (28/09/2016) que dudaba “que vaya a haber reválida de la ESO”.
Si de verdad estamos comprometidos en rebajar los niveles de abandono escolar temprano, al margen de que la falta de empleo (y no la LOMCE) con la crisis los haya mejorado, es obvio que, como recordaba recientemente Julio Carabaña, “el abandono volverá a subir si no se rebaja la dificultad del título”. En este contexto, poner una reválida al final del la ESO es contraproducente. Sin duda incrementará el número de alumnos que tendrán que dirigirse a la FP Básica (que, por un juego, no contará estadísticamente como abandono). Tan mal diseñada, como ha destacado el presidente de FEDADI, que si un alumno suspende y quiere seguir estudiando, sólo podrán matricularse de Formación Profesional Básica, volviendo dos años atrás.
Por si faltaba algo, la normativa (orden ministerial con las características generales de las pruebas de ESO y Bachillerato y las fechas de realización) debe someterse a un dictamen previo del Consejo Escolar del Estado, que no puede hacerlo (a falta de presidente y no poder nombrar sustituto). Esto, además, debe hacerse antes del 30 de noviembre. Continuas y masivas manifestaciones de Mareas por la Educación Pública. Huelga y movilización de estudiantes de todos los niveles educativos y familias el 26 de octubre para mostrar el rechazo absoluto a la imposición de las reválidas. En fin, ¿qué más debe suceder para dar el brazo a torcer?
Contra viento y mareas, el MEC continua manteniendo que las reválidas siguen en vigor, cuando –como recordábamos- ni Galicia las pudo hacer en condiciones normales. Trabajar a favor de un pacto por la educación, como algunos dirigentes del PP y el propio Ministro declaran, debiera suponer iniciar un diálogo que culmine en un consenso (aunque fuera de mínimos). Al menos, para dar seguridad al profesorado y alumnado de 2º de Bachillerato que, a estas alturas, no sabe cómo será la reválida o las PAU. Se impone un acuerdo de mínimos entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial. La salida no puede ser no convocarla. Y, mientras tanto, el responsable de tanto desaguisado, lo deja todo empantanado y se premia su huida a la Embajada de España en la OCDE de la Avenue de Foch en París.
Artículo publicado en “Escuela”. Octubre 2016
ANTONIO BOLIVAR
Catedrático de Didáctica y Organización Escolar
Universidad de Granada
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