Antonio Bolívar: «Demandar un Pacto de Estado por la Educación: entre lo que se puede y debe esperar»

Hemos sufrido en nuestro país el drama de haber convertido la educación en un asunto del partido en el Gobierno, al arbitrio de los cambios políticos, en un continuo tejer y destejer. Nuestras leyes educativas hasta ahora lo han sido del partido gobernante y no de Estado (es decir, con el consenso de todos los partidos), como ha solido suceder en el mundo; lo que ha motivado que cambios en los partidos gobernantes llevan aparejados cambios en las leyes escolares. A esto se ha unido una confianza ilimitada en las regulaciones administrativas por medio de reformas diseñadas técnicamente, cuando la investigación educativa lleva décadas poniendo de manifiesto que los cambios legislativos no provocan por sí mismos el añorado cambio en la enseñanza y el aprendizaje. De este modo hemos acumulado una estructura burocrática, regulada por sucesivas órdenes, en un ambiente de inseguridad y falta de sostenibilidad, que ha impedido una mejora y desprofesionalizado a todos los agentes hasta límites increíbles.

Es este contexto, una reiterada demanda, acrecentada en los últimos años con motivo de la imposición LOMCE, ha sido un Pacto de Estado por la Educación. Invocado, a menudo, a modo de conjuro que venga a resolver todos nuestros problemas, ¿estaremos ahora, de verdad, en condiciones de que este nuevo intento no sea –de nuevo– un fracaso o un mero acuerdo transitorio? ¿podemos estar razonablemente esperanzados o, después de varias décadas y visto lo visto, más bien cabe una mirada escéptica?

Factores iniciales favorables son que este paroxismo legislativo ha vuelto insostenible la situación; el rechazo mayoritario de la LOMCE, por el modo como se impuso; junto a no tener mayoría en el Parlamento, en efecto, puede ser una oportunidad inédita para un Pacto, que dote de la añorada estabilidad básica a nuestro sistema educativo. El propio presidente de Gobierno ha dicho en su discurso de investidura: “se abre ante nosotros la oportunidad de lograr, definitivamente, un pacto nacional por la educación”. Acogiendo lo firmado en el acuerdo con Ciudadanos y en otras propuestas como el llamado “libro blanco”, va a proponer al Parlamento, en este mes la creación de una Subcomisión que permita la elaboración de un acuerdo consensuado en el plazo de seis meses.

Se suele aducir el art. 27 de la Constitución como ejemplo de pacto. A mi juicio, más que pacto, fue un simple “entente” para salir del paso (recordemos las disputas en su redacción): libertad de enseñanza y derecho de los padres, por un lado; participación en el control y gestión de todos los centros sostenidos con fondos públicos, por otro. Esa ambivalencia, con dos puertas abiertas, a mi juicio, ha sido la causa de que unos gobiernos acentúen una, y otros, otra; llevándonos a la situación actual. Es verdad que dichos acuerdos históricos deben ser tenidos en cuenta, pero también la situación actual a la que nos han llevado.

Sin querer hacer de “aguafiestas”, ahora que se abre la posibilidad, conviene repensar lo que se puede y no se puede esperar, No vaya a ser que cifremos tantas expectativas, que suframos luego una grave decepción. Desde luego en seis meses no se puede lograr, por generación espontánea, un pacto que ha sido imposible desde 1978. No basta la buena voluntad del ministro, mientras sus altos cargos contra viento y “mareas” quieren implantar las reválidas, si ya sin efectos académicos ni ránking, si con el mismo modelo, tantas veces cuestionado pedagógicamente. Mal augurio para comenzar el pacto educativo es proseguir sin ceder en las reválidas, como se ha mostrado en la reunión del pasado día 8 de noviembre (Cataluña y Navarra no asistieron, y los representantes de ocho Comunidades socialistas abandonaron la reunión). La piedra de fuego para ver si es posible el pacto será la próxima Conferencia Sectorial de Educación el 28 de noviembre, tras tanto tiempo sin convocarse. La LOMCE no es proseguible, cuando tiene gravemente heridos algunos pilares como el papel de las evaluaciones externas, y debe ser paralizada hasta tanto se establezcan las bases de una nueva ley en el pacto educativo. La aprobación el martes 15 de la proposición de ley del PSOE para paralizar el calendario de implantación de LOMCE, por mayoría absoluta del Parlamento y la oposición del PP (cuando, al menos, podía haberse abstenido), debe marcar el camino.

Querer hacer un Pacto de Estado por la Educación supone, de entrada, sustraerlo de la esfera ideológica, para centrarlo en los objetivos a conseguir ante los retos futuros y consensuar la estructura básica adecuada para ello. Aun siendo una condición casi imposible, con la confrontación izquierda-derecha poco lejos se puede ir. Muchos puntos graves esperan el consenso: financiación en la media de los países de la OCDE, delimitar pública y privada, fracaso escolar y abandono escolar temprano, religión en las aulas y valores cívicos, la dirección escolar y autonomía de los centros, los idiomas y las lenguas, etc. Llevamos igualmente mucho tiempo pensando que es preciso replantear el acceso a la profesión docente, cambiar la formación, selección, incentivos y evaluación a los profesores a lo largo de su vida. El MIR educativo está en casi todos programas de PP, PSOE y C’s. No obstante, los sindicatos docentes, tienen sus objeciones.

Pensemos esperanzados que es utópicamente posible. Ernst Bloch, en su monumental obra, El principio esperanza, emplea la categoría de utopía, como posibilidad real de transformar las condiciones existentes, como conciencia anticipatoria de “aquello que todavía-no-ha-llegado-a-ser-lo-que-debiera”. El Pacto por la Educación es, en este sentido, una utopía por la que vale la pena apostar, entre el “paisaje desolado” del presente y las expectativas de lo que deba ser la educación en España.

(Nota: Publicado (en parte) en “Escuela”, noviembre 2016)

Antonio Bolívar. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar Universidad de Granada