Os aseguro que el uso inapropiado de la evolución tecnológica que actualmente soporta nuestra sociedad –en especial la más cercana– va a conseguir que hasta modifique mis actitudes más enraizadas. De la protesta íntima, reconozco que tengo la tentación de pasar a la denuncia pública y judicial de una serie de hechos que vienen sucediendo con bastante asiduidad y que, incluso, podrían llegar a colmar la paciencia del santo Job.
Entiendo con el patriarca bíblico que soportar las pruebas celestiales es una cosa, y otra bien distinta es aguantar estoicamente las memeces terrenales: “Señor: me he puesto a hablar lo que no debía decir. Retracto mis palabras. Me arrepiento de lo que he dicho al protestar” (es.aleteia.org/2017/10/18)… Me explicaré: desde hace varios días vengo contestando una serie de llamadas telefónicas (más de diez) de un mismo operador cuyo vocero, con verborrea acelerada, me ofrece un “magnífico televisor” a cambio de que abandone a mi actual compañía y me una a la que él representa.
Cuando consigo –desgraciadamente teniendo que alzar el tono– que el citado emisario me escuche y le conmino a que cese su voz y oiga mi lamento –“por favor: no me llamen más” –, recibo la contestación más esperpéntica jamás soñada: “las conexiones con su número de móvil las realiza un ordenador”.
Así, ante tamaña felonía, y la afirmación de la imposibilidad de borrarme de esa lista digital, no me queda más remedio que recordarle la firme intención de interponer denuncia por “acoso telefónico”, a lo que el susodicho –apropiándose, en el mejor de los casos de unas funciones que no le son propias– pretende que le facilite mis datos personales para tramitar el requerimiento.
Finalmente, como comprenderéis, cuelgo sin mayores explicaciones, esperando, ¡ingenuo de mí!, la buena voluntad de la transmisión de mi queja “a quien corresponda”, cosa que nunca sucede.
Podría poner también el caso de los masivos mensajes de correo electrónico recibidos estos días atrás, o el de las “etiquetas” en las redes sociales, llenas de falsas interpretaciones, que considero altamente lesivos/as para la intimidad de las buenas gentes.
¿Pretenden obligarme a bloquear teléfonos; a llenar mi buzón de “no deseados”; a darme de baja en las “mallas comunitarias”?
El Estado y sus instituciones, algunas de ellas recién renovadas, deberían también ocuparse con modernizado ánimo de estos asuntos, al menos por aquello de no sobrecargar aún más a la justicia española, ni llevar al límite el aguante de sus ya sufridos clientes.
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de
Ramón Burgos
Periodista
