Bajo el lema ‘Paremos la privatización de la educación’, alrededor de 100 personas se han concentrado frente a la delegación de Educación de Granada para denunciar el paulatino “desmantelamiento de la escuela pública” en la provincia, donde se han recortado 106 líneas este curso solo entre Infantil y Primaria, con 36 y 70 menos respectivamente.
Con esta movilización, convocada por la federación provincial de AMPA, FAMPA Alhambra, y los sindicatos Ustea y CGT, familias, alumnado y profesorado muestran su oposición ante la “sangría” de unidades perdidas en la enseñanza pública, “especialmente dramática en Granada capital”, donde el 60% ya es concertada, lamentan. “Esta situación resulta muy preocupante y debe revertirse, de ahí que las AMPA de la provincia hagamos oír nuestra voz frente a la administración competente”, señala Olga Leralta, presidenta de FAMPA Alhambra.
Las organizaciones convocantes exigen a la Junta de Andalucía asumir el compromiso de que ninguna unidad escolar comenzará el curso en septiembre con una cifra de alumnado superior a las ratios establecidas por la normativa, ya que la “alarmante pérdida de unidades” en la enseñanza pública ha provocado un aumento excesivo del número de estudiantes por clase. La masificación de las aulas incide negativamente en la calidad de la atención que recibe el alumnado y en la carga de trabajo del profesorado, advierten familias y sindicatos, quienes recuerdan que desde 2012 sólo en el segundo ciclo de Infantil se han perdido 256 líneas en toda Granada. “Incluso se están suprimiendo unidades en municipios que disponen de muy poca oferta pública”, provocando una “masificación excesiva” en las aulas, superándose en muchas la ratio máxima de 25 en Primaria y 30 en Secundaria, situación que Educación normaliza, lamenta la presidenta de FAMPA Alhambra.
Familias y sindicatos denuncian, en este sentido, la “discriminación de trato” de la escuela pública, que asume casi en exclusiva los recortes derivados del descenso de la natalidad, frente a la concertada, que permanece “blindada”. En lugar de usar la caída de la natalidad “como pretexto para desmantelar la escuela pública”, abogan por aprovechar esta tesitura para ofrecer una mejor atención, disminuyendo las ratios, dedicando horas del profesorado a apoyos educativos y a la correcta atención que merece el alumnado de necesidades educativas especiales, recuperando el tiempo del profesorado mayor de 55 años, la atención a proyectos, etc. Durante la concentración se denunció, además, la falta de inversiones en los centros educativos públicos, lo que afecta también a las infraestructuras, y en especial a las aulas, que no están preparadas para garantizar el desarrollo de la actividad docente cuando las temperaturas registran sus valores máximos, como viene sucediendo cada curso por estas fechas, recordaron.
Para revertir esta situación piden mejoras “en materia de recursos, transporte escolar, servicios complementarios, personal de servicios, apoyos sociosanitarios y educativos, plazas de comedor, etc.” Según defienden, estos mejores recursos evitarán que los centros públicos sean percibidos por la población como “centros de segunda categoría”, cuando en realidad la escuela pública es “la que atiende a todo el alumnado, la compensadora de desigualdades, la que no discrimina…, de ahí que precise inversiones para conseguir mejorar la calidad”, reivindican.
