¿Me pregunto por qué en muchos de nosotros –sin tener la formación, ni la objetividad, ni la imparcialidad, ni la independencia necesarias– anida la pasión de ser juez? ¿De estimar sin pruebas? ¿De dictar sentencia sin razón alguna?
Muestras de ello, aún en estos días de confinamiento –repito, por decimoquinta vez, que lo considero imprescindible–, están asomando en nuestras conversaciones de terraza, en los espiches de las redes sociales y en las comparecencias de determinados cabecillas. Y no quiero ni citar a los que han convertido la palabra en “vandalismo instrumental”
Cualquier lapsus en el lenguaje –en nuestro discurso– permite la instrumentación de los datos que se quieren transmitir. Algunos lo achacan a un “deber de conciencia”; otros a la “falta de espíritu”; varios a los “discursos del miedo” o a la “legitimación de la censura”…
Al respecto, me cuenta el Defensor de la Ciudadanía de Granada –con tono de acertada preocupación– que junto a las reivindicaciones más que justas –la situación “desiluminada” de la Zona Norte, la violencia de género o la pobreza galopante, entre otras–, le están llegando bastantes quejas vecinales sobre lo molesto del canto de un loro, lo fastidioso del ladrido de un perro, lo incómodo de un determinado volumen musical, etc., impeliéndole a “tomar cartas en el asunto”.
Y eso que yo creía –y aplaudía– que íbamos avanzando en la dirección contraria a la de la denuncia por la denuncia; a la del rencor por el rencor; a la de la individualidad por la individualidad.
Si siempre se dijo que “más vale un mal acuerdo que un buen pleito”, ahora habría que recordar el trasfondo de esta sentencia popular: los convenios, aunque no siempre sean totalmente beneficiosos, no sólo evitan esfuerzos y gastos innecesarios, sino también ayudan a cerrar heridas poco comunitarias.
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de
Ramón Burgos
Periodista
