La necesidad apremiaba más que nunca aquel caluroso verano. El inclemente calor estival lo era aún más para los obreros desempleados de aquel pueblo alpujarreño. El alcalde, sensible a las múltiples urgencias e improrrogables demandas de los trabajadores de su pueblo, mandó clarear las encinas y hacer carbón en el monte más próximo a la localidad, conocido popularmente por el Cercado. Y, allí estaban ocupados la mayor parte de los jornaleros del lugar.
Totalmente ajenos a las intenciones y concienzudos preparativos militares –largamente diseñados por los golpistas– que se estaban llevando a cabo a cientos de kilómetros de distancia. Hasta que, en la mañana del 20 de julio, todo cambió radicalmente y la Guardia Civil del puesto de Torvizcón, siguiendo las rezagadas consignas de los alzados en armas contra el Gobierno de la II República en la provincia de Granada, contando con el apoyo entusiasta de un puñado de derechistas locales, se hará pronto, y sin resistencia alguna, con el poder en la localidad; como habría venido sucediendo en buena parte de la comarca de La Alpujarra. Acto seguido, detendrán y destituirán a las autoridades locales republicanas.
Sin ningún tipo de demora se iniciará el encarcelamiento y aniquilación de los más significativos militantes o simpatizantes de ideas de izquierdas en Torvizcón; en su mayor parte jóvenes jornaleros que, desconocedores de las oscuras intenciones de sus captores y confiados en su inocencia, en su mayor parte se presentarán por sí mismos al traicionero requerimiento de las autoproclamadas nuevas autoridades locales.
Uno de los curiosos e inquietos niños que deambulaban por la calle, en esos trágicos días, era José Joaquín Góngora Montero, más conocido por Agustín “Neguilla”, que acudirá raudo al paraje del Cercado a llevar el recado que le acababa de dar el médico de la villa:
–Aniceto, el nuevo alcalde, que quiere que te presentes –le comunicará sin más dilación a su hermano mayor–.
Esa será la última vez que lo verá –con y sin vida, a pesar de que Aniceto Góngora Montero contaba con apenas 20 años de edad–. Nada más llegar al pueblo, como la mayoría de sus compañeros, sería inmovilizado y encerrado en la dependencia que hacía las funciones de prisión local. Selección previa que, seguramente, ya habría estado precedida de la confección de una lista más o menos consensuada de nombres. A continuación se procederá a su posterior traslado, en diferentes “sacas”, hasta la vecina población de Órgiva; ciudad cabecera comarcal que, como sabemos, también se encontraba ya bajo el control de las fuerzas rebeldes y lugar desde el que resultarán impunemente asesinados los detenidos.
Dramáticos hechos violentos que se sucederán sin interrupción durante el escaso mes de dominio de los sublevados en Torvizcón (1). Periodo de tiempo este que, enmarcado dentro de las directrices del terror diseñadas por los golpistas, arrojará un trágico balance final de más de medio centenar de víctimas civiles. Medio centenar de personas inocentes que, súbitamente, verán cercenadas sus legítimas aspiraciones de vida.
No podemos obviar, tampoco, que en las zonas de la provincia granadina que quedaron bajo dominio gubernamental, también se desencadenó una descontrolada represión contra los partidarios de los rebeldes –sobre todo durante los primeros meses y a expensas de las circunstancias provocadas por el propio golpe militar–, pero que nunca alcanzará el nivel desarrollado en las zonas controladas por los sublevados. En Torvizcón, por continuar con lo ocurrido en la misma localidad, se contabilizará un total de ocho represaliados. Víctimas que, a pesar de su irreparable pérdida, durante todo el tiempo de la dictadura verán, al menos, recuperados sus restos y honrada y restablecida su memoria. Mientras tanto, los muertos afines a los republicanos continuarán siendo unos fallecidos invisibles y anónimos. Muchos de los cuales aún siguen abandonados en las fosas y cunetas de España.
Con el fin de la guerra se impondrán cuarenta años de miedo, represión y silencio sobre los vencidos. Sometimiento que excederá hasta más allá de la misma muerte en la cama del dictador. La Transición a la democracia tampoco mejorará mucho la situación. Pues, dentro del conjunto de estrategias destinadas a la reconciliación, se apostó por el olvido del pasado y un reparto equitativo de las culpas a partes iguales, entre “los dos bandos” que se habían enfrentado en la Guerra de España. Equidistancia que, lógicamente, acentuó, aún más, el desequilibrio que ya habría existido entre unas víctimas y otras.
No será hasta el año 2000 cuando, gracias a la labor de algunas asociaciones –como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)–, se tomará la iniciativa de búsqueda, localización y exhumación de sus familiares desaparecidos (2). En esos momentos, a más de seis décadas del final de la contienda, se empezará a hablar de “la recuperación de la memoria histórica de los vencidos”. Un hito importante, en dicho proceso de reconocimiento de la represión franquista, será la Ley de Memoria Histórica, del año 2007. Ley que, obviamente, aunque llegaba demasiado tarde y de modo insuficiente, permitió, al menos, reivindicar la memoria y dignidad de las víctimas (rompiendo la hegemónica visión sesgada y falsificada de los hechos que habría venido predominando hasta entonces).
El 14 de junio del año 2003, sesenta y siete años después del golpe de Estado que dio inicio a la Guerra Civil, a solicitud expresa de Agustín “Neguilla” –contando con la colaboración de la Confederación General de Trabajadores (CGT)– se realizará el primer intento de exhumación de una fosa común en Andalucía. Se llevará a cabo en el término del Valle de Lecrín, el valle de las lágrimas hispanoárabe, y concluirá con una tremenda desolación y pena; una mastodóntica carretera se entrecruzó en el camino de las excavaciones (la autovía de Granada a Motril). Este será su último y postrero esfuerzo en la lucha incansable por el restablecimiento de la verdad, tanto tiempo silenciada, sobre lo ocurrido a sus vecinos “desaparecidos” (especialmente a su hermano, Aniceto). Morirá muy poco tiempo después.
Con la aprobación en Andalucía de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, del año 2017, su artículo 17.1, declarará el día 14 de junio como “día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura franquista”; el Día de la Memoria Histórica y Democrática. Una ley con la que, por fin, se abrían unas buenas expectativas para la, tan largamente postergada, recuperación e identificación de las numerosas víctimas del franquismo en nuestra tierra. Políticas públicas de apertura de fosas comunes, de derecho a la verdad, de justicia y de reparación que, con el vuelco político recientemente experimentado –y, más aún, con su plegado a las exigencias de la ultraderecha– han quedado paralizadas o en proceso de desmantelamiento.
Este domingo próximo, por tanto, puede ser un buen día para reflexionar y reafirmar la actualidad del compromiso con los valores cívicos y democráticos que nos unen. Así como la mayor profundización posible, en el currículum educativo, del conocimiento real de los hechos históricos acaecidos. Sin que recuperar el respeto y el deseo de justicia para las víctimas signifique, de ningún modo, ni “reabrir viejas heridas” ni un ejercicio absurdo de “revanchismo”.
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(1) Asesinatos contabilizados solo en este periodo inicial, pues, no se ha incluido el centenar largo de represaliados que lo serán posteriormente durante la posguerra.
(2) Asociación memorialista que surgió a raíz de la exhumación de una fosa común en la que se encontraban los restos de trece víctimas civiles –una de ellas la del abuelo y presidente de la ARMH, de Emilio Silva–, en Priaranza del Bierzo (León)
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Maestro del CEIP Reina Fabiola (Motril).
Autor de los libros ‘Cogollos y la Obra Pía del marqués de Villena.
Desde la Conquista castellana hasta el final del Antiguo Régimen‘
y ‘Entre la Sierra y el Llano. Cogollos a lo largo del siglo XX‘
