Ahora que estamos terminando un curso escolar tan singular y que tenemos ya en mente qué puede pasar en septiembre, cuando debemos volver a las aulas, me viene a la memoria lo sucedido con la enseñanza hace ochenta y cuatro años, es decir, en 1936, cuando solo en unas cuantas semanas estivales se llevó a cabo la transformación más reaccionaria experimentada por la educación en nuestro país.
Ese año, el curso que acabó lo hizo bajo las condiciones creadas por la Constitución de la II República, que consideraba el servicio de la cultura como una “atribución esencial del Estado” que debía ser prestado “mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada”.
Establecía, también, que la educación primaria sería gratuita y obligatoria, que los maestros y profesores, funcionarios públicos, gozarían de una libertad de cátedra garantizada, que la República facilitaría a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, que esta sería laica, haría del trabajo “el eje de su actividad metodológica” y se inspiraría “en ideales de solidaridad humana”, que “las Iglesias” tendrían derecho, bajo la inspección del Estado, a “enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos” y, por último, que las regiones autónomas podrían organizar la educación en sus lenguas respectivas, aunque sería obligatorio el estudio de la lengua castellana, que se usaría “también como instrumento de enseñanza en todos los Centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas”.
Todo ello es lo que contemplaban los artículos 48 y 50 de la Constitución de 1931. Pero cuando los escolares y sus maestros se fueron de vacaciones el verano del 36, no podían ni imaginar lo que se les venía encima. En julio la insurrección golpista lo cambió todo.
En Granada triunfó el 20 de ese mes, lunes, cuando los militares se adueñaron de los principales órganos de poder. El Gobierno Civil de la provincia, la Diputación, la Alcaldía de la capital, así como distintas delegaciones ministeriales, entre ellas la de Instrucción Pública, fueron usurpadas por oficiales del ejército rebelde.
Pronto el golpe se convirtió en guerra y los insurrectos se dispusieron a tomar todas aquellas decisiones que les facilitaran la derrota del gobierno republicano y el establecimiento de su propio régimen. Y entre ellas se encontraban las disposiciones para liquidar esa escuela obligatoria, gratuita y laica que había creado la República y que tan peligrosa era en el futuro para el estado que pretendían crear: “¿hombres y mujeres instruidos, libres y racionales?”.
El 26 de agosto de 1936 el nuevo gobernador civil de Granada, el falangista José Valdés Guzmán, firma la circular que dispone las reglas iniciales de las autoridades militares para el comienzo del inminente curso escolar en la provincia (publicada al día siguiente en el nº 179 del B.O.P.). En un breve preámbulo y en quince instrucciones quedan establecidas las condiciones básicas que va a tener la enseñanza primaria desde ese momento, en la capital y en aquellos pueblos ya bajo su poder, para que su labor “se desarrolle con arreglo a las normas eminentemente educativas, patrióticas y religiosas que son el guión del Movimiento Nacional que ha salvado a España de las garras del marxismo”.
Lo primero que se establece es la fecha de inicio del curso en las “Escuelas Primarias Nacionales”: el 7 de septiembre. Ese día deberá organizar cada maestro un solemne acto de apertura, con la ayuda de las autoridades del pueblo, que empiece con una misa para los alumnos, maestro, vecinos y autoridades en la parroquia de la localidad; terminada la cual, los alumnos y su maestro, acompañados del cura, regresarán a la escuela “con el mismo ritual oficial que a la ida,…” y allí colocarán la imagen de “Cristo Crucificado” y la “gloriosa enseña bicolor de la Patria…”. Todo deberá terminar con una explicación del maestro sobre el significado de los actos realizados y de lo que supone “el movimiento que ha salvado España,…” del libertinaje y que pretende “constituir la España única, grande y libre que todos deseamos”. Al menos cuatro días antes del comienzo de curso “todos los señores Maestros y Maestras…” deberán presentarse al alcalde de su localidad a fin de organizar estos actos de inauguración.
A continuación, la circular fija también las primeras medidas de represión del magisterio, anunciando que todo aquel maestro que no “fuese merecedor de continuar al frente de su cargo, será separado de él por mi Autoridad, previa propuesta de la Junta de Autoridades de Primera Enseñanza”, que estará compuesta por el “Director de esta Escuela Normal, Inspector Jefe de Primera Enseñanza y Jefe de la Sección Administrativa,… dependientes de este Gobierno civil de mi cargo”. Además, se obliga ineludiblemente a los maestros a residir en la misma localidad donde está la escuela, “debiendo tener en ella casa abierta y realizando todos los actos de ciudadanía y convivencia social que son más obligatorios en los que tienen la misión de educar al pueblo y ser en todo momento el ejemplo de sus alumnos y convecinos. (…)”.
En tercer lugar, queda “restablecida obligatoriamente la enseñanza de la Doctrina Cristiana e Historia Sagrada, así como las prácticas religiosas de estas enseñanzas…, que interesa más moldear el corazón y mover la voluntad que llenar la inteligencia de nombres y fechas, definiciones y frases hueras y sin sentido”. A tal fin, se desechan los libros de texto al uso en ese momento para sustituirlos por otros, autorizados “por la Autoridad Eclesiástica”.
Especialmente importante es la instrucción 13, en la que, escuetamente, se prohíbe la coeducación, excepto en las escuelas de párvulos, debiendo desdoblarse las demás.
A “los señores Maestros y Maestras…”, por último, se les incita a organizar breves conferencias para los “mayores de cada sexo…”, que traten especialmente temas patrióticos y educativos y en las que se enseñe “lo que España iba camino de ser…” de no resultar salvada por el “glorioso Ejército… secundado por todos los buenos patriotas”.
Termina el gobernador civil avisando a los alcaldes que se espera de ellos el exacto cumplimiento de lo establecido, apelando otra vez a su patriotismo y a “su amor por la verdadera educación nacional” y ofreciéndoles que se dirijan a la citada Junta de Autoridades con cuantas observaciones y advertencias vean convenientes.
Unos días después, el 8 de septiembre, es el Inspector Jefe de Primera Enseñanza, Gonzalo Gálvez, el firmante de una nueva circular en la que ya adopta directrices de censura contra todo tipo de “libros, folletos, periódicos y toda clase de impresos pornográficos o de literatura socialista, comunista, libertaria y, en general, disolvente. (…)”, de manera que se impone “al Magisterio de esta provincia,…” que haga una inmediata revisión de las bibliotecas escolares y entregue a la “Autoridad Militar más próxima…” los libros descartados, no pudiendo existir en ellas más “que aquellos que puedan contribuir a inculcar en la infancia los elevados sentimientos que son postulados del movimiento salvador de España,…” (B.O.P. nº 185, del 9 de septiembre).
Y el 15 del mismo mes, el comandante Juan Casas, nuevo delegado de Instrucción Pública del Distrito Universitario de Granada, informa mediante otra circular, por delegación del gobernador civil, de lo que días antes había establecido la Junta de Defensa Nacional respecto a la jornada escolar en las escuelas nacionales de instrucción primaria: funcionarán “en sesión matutina de cuatro horas hasta el día 15 del mes actual, y en dos sesiones de tres horas a partir del día 16” (B.O.P. nº 189, del 17 de septiembre).
Paralelamente, se había iniciado la depuración del Magisterio anunciada por Valdés: desde el 4 de septiembre hasta el 8 de octubre fueron suspendidos provisionalmente de empleo y sueldo 206 maestros y maestras de la provincia; todos, además, con carácter retroactivo desde el 1 de agosto. La futura Comisión Depuradora del Magisterio Primario de Granada, activa desde enero del 37, sería la encargada de derogar o, por el contrario, confirmar esas suspensiones. Sus pesquisas se prolongaron más allá del fin de la guerra y muchos maestros y maestras no volvieron nunca a las escuelas o lo hicieron pasadas varias décadas.
Ver artículos anteriores de
Profesor de Historia en el IES Padre Manjón
y autor del libro ‘Un maestro en la República’ (Ed. Almizate)
