ADIDE-A, la Asociación de Inspectores e Inspectoras de Educación de Andalucía, considera que la Consejería de Educación ha actuado de forma descoordinada, provocando desconcierto y un marco continuado de inseguridad jurídica y profesional y ha demandado al Sr. Consejero que adopte las medidas necesarias para cambiar esta situación y que depure las responsabilidades derivadas del deficiente funcionamiento de su Departamento.
En dos ocasiones, los pasados días 18 y 27 de mayo, la Asociación de Inspectores e Inspectoras de Educación de Andalucía (ADIDE-A) se ha dirigido al Señor Consejero de Educación y Deporte, D. Javier Imbroda, exponiéndole el malestar generalizado existente en la Inspección en relación con diversas decisiones tomadas por su Consejería desde el inicio del estado de alarma y la suspensión de la actividad presencial en los centros educativos. ADIDE-A considera que en este periodo los órganos de la Consejería han actuado de forma descoordinada, provocando desconcierto y un marco continuado de inseguridad jurídica y profesional.
La Inspección educativa no puede ejercer adecuadamente sus funciones si carece de un marco general en el que pueda actuar con seguridad jurídica. En sus escritos, ADIDE-A ha demandado al Sr. Consejero que adoptase las medidas necesarias para cambiar esta situación y, en el último de ellos, que depurase las responsabilidades derivadas del deficiente funcionamiento de su Departamento.
Como respuesta, ADIDE-A ha recibido una contestación no del propio Consejero, sino de la Sra. Viceconsejera de Educación y Deporte, Dña. Carmen Castillo Mena, en la que, sin el menor atisbo de autocrítica, nos repite la cronología normativa, que ya conocemos y pretende aclararnos, interpretando de forma inadecuada, a nuestro juicio, los hechos.
Afirma no tener constancia de que exista o que haya existido ninguna confusión en la comunidad educativa y, menos aún, un contexto de inseguridad jurídica. El escrito de la Sra. Viceconsejera reitera, en relación con los procesos señalados por ADIDE-A (instrucciones para la evaluación en el tercer trimestre, reapertura de los centros docentes, evaluación y selección de directores y directoras de centros públicos, evaluación de funcionarios docentes en prácticas, seguimiento del alumnado durante la docencia no presencial, etc) que no se ha producido ninguna de las incertidumbres y ambigüedades que denuncia ADIDE-A, argumentando que todos ellos se han llevado a cabo con normalidad y que no se han producido incidencias destacables en los mismos.
ADIDE-A coincide en que dichos procedimientos se están desarrollado dadas las circunstancias, gracias a la profesionalidad y buena disposición de todos los colectivos implicados: directores, docentes y la propia Inspección. Además, a lo largo del escrito pone en duda y se refiere a “esa junta directiva”, con notoria desconsideración a la legitimidad y representatividad de la asociación, tratamiento que consideramos inadecuado y censurable que se dirija a una asociación profesional.
ADIDE-A, asociación profesional que representa a la mayoría de los Inspectores e Inspectoras de Andalucía y de España desde hace 28 años, es consciente de que la situación por la que atravesamos es absolutamente excepcional y que ello requiere respuestas y decisiones complejas. No dudamos, por otra parte, de la voluntad de los responsables de la Consejería de intentar resolver las dificultades. Sin embargo, como le trasladamos en nuestro último escrito al Sr. Consejero, creemos que la Inspección no puede permanecer impasible ante improvisaciones, disparidad de criterios entre distintas Delegaciones Territoriales, plazos imposibles de cumplir con garantías y gestiones realizadas con dudoso respaldo normativo. Consideramos nuestra obligación, desde la independencia y lealtad a la Administración, denunciar, que la adopción de medidas extraordinarias no puede realizarse renunciando a la garantía de los derechos y al respeto normativo por los que la Inspección debe velar.
Antes de este escrito hemos puesto en múltiples comunicados, cartas, reuniones y llamadas estas consideraciones. Parece que no se comparte nuestra perspectiva, no obstante, entendemos que la auténtica lealtad es de la quien señala los errores para mejorar, no la del silencio connivente.
En conclusión, seguimos considerando urgente que el Sr. Consejero de Educación y Deporte tome las medidas necesarias y dé las instrucciones oportunas para que los órganos directivos de la Consejería actúen de forma coordinada y establezcan, de cara a este fin de curso y a la preparación del siguiente, un marco jurídico adecuado y definido, que ponga fin al desconcierto que seguimos constatando entre los equipos directivos de los centros, el profesorado, las familias y los propios Inspectores e Inspectoras de Educación de Andalucía, y por tanto le demandamos de nuevo que se depuren las responsabilidades consecuentes.
