Los sindicatos CCOO, UGT y Ustea –integrantes de la Mesa Sectorial de Educación junto a ANPE y CSIF– afirman que el ‘Decálogo para una vuelta al cole segura’, remitido por la Consejería de Educación a los centros educativos y que recoge respuestas a las más de 300 dudas planteadas por las direcciones de los centros y los docentes en general sobre la organización del nuevo curso escolar, «es una medida más de marketing» que «no ha sido negociado ni presentado a la Mesa Sectorial» y que recoge «verdades a medias».
Así, el secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, censura, en un comunicado remitido a Europa Press, que con esta información «extraoficial, al no tomar cuerpo mediante instrucciones, se pretende actuar contra la normativa en vigor sobre la organización y funcionamiento de los centros educativos sin haberse negociado su contenido con las organizaciones sindicales y sin que, además, se garantice la seguridad de los escolares, de los trabajadores y de toda la comunidad educativa».
Para Molina, este decálogo es además «grotesco» en tanto que habla de responsabilidades compartidas, cuando los equipos directivos «siguen aún trabajando en el mes de agosto y no podrán disfrutar de vacaciones, cuando se habla de adaptación de servicios complementarios que no será posible con las actuales instalaciones, y lo peor de todo, habla de recursos materiales y humanos que son claramente insuficientes y cuando se están aplicando incluso recortes».
Desde CCOO se denuncia que el único trabajo que está realizando la Consejería de Educación «es el de marketing en los medios de comunicación falseando, o al menos manipulando, los datos», y lamenta que «habla de crecimiento de plantilla en 4.000 docentes cuando la realidad es que se van a dotar de estos docentes solo hasta el 31 de diciembre, condicionando su ampliación a disponibilidad presupuestaria y cuando en la adjudicación de vacantes docentes para el próximo curso no se han incluido las jubilaciones docentes que suponen alrededor de 2.000 plazas»
Critica además que Educación habla de contratación de 1.400 auxiliares de conversación para centros bilingües, «cuando estos puestos, de los que ya cuenta el sistema educativo, son becas para extranjeros jóvenes que han analizado sus estudios o se encuentran en el último curso; y que Educación habla de 800 puestos de coordinación Covid que no deja de ser personal que a partir de septiembre asesorarán desde los centros de salud, a los casi 6.000 centros docentes andaluces y cuando ya estos han sido obligados a realizar durante las vacaciones su plan de actuación y organización».
«Es por ello que CCOO está estudiando jurídicamente la implantación de las medidas que se anexan este decálogo ‘avestruz’ de la Consejería de Educación, en tanto esconde la cabeza ante esta pandemia, y emprenderá la acciones legales correspondientes porque no puede ser excusa una crisis sanitaria, que no un estado de alarma que ya no existe, para recortar y modificar a antojo propio la normativa existente», argumenta Molina.
Desde CCOO se indica «que, de querer implantar medidas no negociadas y no garantistas para la salud de la población andaluza», esta organización sindical realizará acciones movilizadoras al inicio del curso.
Por su parte, desde UGT señalan que «de nuevo la Consejería de Educación vuelve a sacar un documento sin que pase antes por las organizaciones sindicales». Así, explican que en la última Mesa Sectorial «le preguntamos sobre este documento y nos dijeron que estaban elaborándolo y que nos lo pasarían antes de darle publicidad, por si teníamos alguna aportación que hacer al mismo».
En su opinión, en el documento «hay verdades a medias, como lo del profesorado de refuerzo, que lo vende como un recurso que la Consejería pone en los centros educativos, cuando en realidad es una contratación hasta nal de año y, dependiendo de la situación sanitaria, hasta el 30 de junio», con lo que «nada que ver con lo que el consejero ha dicho en todos los medios de comunicación de que se reforzaría la plantilla con profesorado para un curso escolar completo».
Por último, desde UGT señalan que «también es curioso que haga alusión en el documento a que la vuelta al colegio requiere de la participación de todos, cuando en realidad llevan desde marzo trabajando unilateralmente sin contar con las organizaciones sindicales, simplemente informándonos de las medidas que van tomando», concluye Fernández.
Por su parte, desde Ustea consideran que «pese al intento de transmitir seguridad jurídica a los equipos directivos y profesorado, desde un documento que no tiene carácter normativo alguno, lo que conrma es la tesis del enroque en transferir la responsabilidad a unos equipos directivos sin preparación alguna en prevención de riesgos sanitarios».
Pero, añaden desde el sindicato, «según nuestras propias fuentes jurídicas la dirección de un centro educativo, o un profesor en particular, puede ser responsable civil subsidiario de lo que ocurre dentro de esa escuela, como ha ocurrido en el pasado con casos de violencia o un accidente escolar, casos en el que los docentes has acabado inculpados».
Por tanto, para Ustea, este documento que agrupa las cuestiones planteadas a la Consejería por las direcciones de los centros «abunda en la línea de, amparándose en la autonomía de los centros y el protocolo Covid-19 que han elaborado las anteriores, continuar echando balones fuera sin centrarse en lo prioritario, que es garantizar la salud de las personas que integran la comunidad educativa de los centros», lo que «pasaría ineludiblemente por una considerable bajada de ratio en las aulas andaluzas, muy a menudo incumplida en sus límites máximos». «Esto, es el marco de esta epidemia, además de ilegal es una absoluta irresponsabilidad», concluye Ustea.
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