Antonio Bolívar: «Cuando la autonomía es delegación de responsabilidad»

El Ministerio, al no tener claro qué hacer, progresivamente, ha delegado la adopción de medidas a las administraciones autonómicas. Estas, a su vez, con mayor o mejor acento, sin unas directrices centrales, ni tener unas directrices curriculares consensuadas que ofrecer, han acudido al viejo lema de “autonomía a los centros escolares”.

Tanto tiempo reclamando autonomía, para ahora quedar en esto, como señalaban en un Comunicado los Directores/as de la Provincia de Sevilla, “en un intento de deslizar su responsabilidad, a otorgársela de una manera amplia a los responsables de Colegios, Institutos, … que es como decir al conjunto del profesorado andaluz”. Pero, la autonomía sin recursos (humanos y materiales) para la toma de decisiones es un abandono en la práctica. Además, sin respaldo administrativo a las decisiones tomadas, debidamente consensuadas, es delegación de la responsabilidad (y, por ello mismo) de posible culpabilidad. Por eso, como las Asociaciones de Directores, provinciales, autonómicas, o nacionales (FEDEIP o FEDADI) pusieron de manifiesto, es preciso rechazar las posibles responsabilidades que se deriven de los posibles contagios. Como decía Miguel González, presidente de ADIAN: “como no saben qué hacer, se escudan en la autonomía de gestión de los centros para que cada instituto se apañe como pueda”.

Colaborar con la seguridad

Desde luego, quien mejor conoce la situación es quien está en el lugar y, por eso mismo, quien puede tomar decisiones más acertadas; pero con el apoyo conjunto la comunidad escolar y de la administración educativa. He vivido parte de julio y agosto comentando con un director de Instituto amigo, de vez en cuando, las sucesivas vicisitudes que las directrices, de modo cambiante, a nivel autonómico o nacional se iban produciendo. Medir espacios y transformar otros, mesas, sillas, mascarillas, horarios escalonados, grupos estancos o burbujas, cierre o limpieza regular de espacios compartidos, número cambiante de alumnos por aula de un día para otro, acarrear muebles, reorganizar y reubicar aulas, preparar un aula de aislamiento, enseñanza presencial o semipresencial en los últimos cursos, hacer y deshacer; en fin, utilizados como “recursos instrumentales” para las decisiones políticas. Unas instrucciones (cambiantes) de comienzos de curso que saturan de burocracia, estresantes por la incertidumbre. En fin, si continúan en sus cargos (y no dimiten, una minoría lo ha hecho) es por el compromiso profesional con sus colegas y con las familias. Al final, convendría declarar, como reconocía con ironía el Consejero Andaluz, que los profesores no son “sanitarios” ni “canguros”. Tampoco los llamados “coordinadores Covid” pueden ser técnicos de prevención, aunque sí coordinar medidas.

Es obvio que, entre los retos y desafíos ante el nuevo curso escolar, está conjugar el derecho a la educación y la seguridad, tanto para los alumnos como para los docentes. En esta última colaboran los centros y profesorado, pero no son expertos ni enteramente responsables. Pueden poner los medios, pero no pueden del todo impedir que algún alumno rompa en algún momento (recreo, por ejemplo) los Grupos estables de convivencia que, a modo de “burbujas”, es establezcan. En su lugar, como decía en un comunicado del 27 de julio, las Asociaciones de directores de Primaria, Secundaria, Inspectores (ADIDE) y CODAPA ante el inicio del curso 20-21: “La administración educativa tiene que asumir en primera persona la responsabilidad que le compete trasladando de esta forma seguridad a las direcciones de los centros en condición de representantes de dicha administración y consecuentemente a las familias. No es admisible la delegación de las propias responsabilidades y funciones”.

Las administraciones han dejado en manos de los equipos directivos de los colegios e Institutos la elaboración de los Protocolos de seguridad, incluyendo las medidas en caso de sospecha o confirmación de positivos. Para aminorar el desconcierto y dar seguridad, este Protocolo de Seguridad debe estar revisado y validado por la Administración educativa (salud y educación, conjuntamente), formar parte del Plan de Centro y aprobado por el Consejo Escolar. Además, puede ir modificándose en función de la evolución de la pandemia y adaptándose a la situación de cada centro educativo. Igualmente, el compromiso de colaboración de las familias, ya sea bajo la declaración de responsabilidad de no llevar a sus hijos al centro, si tienen síntomas y comunicarlo al centro, como han previsto algunas Comunidades, y otras formas de velar por la salud e higiene de sus hijos.

Asegurar los aprendizajes imprescindibles

La verdadera autonomía y responsabilidad profesional de directivos y profesorado, de los centros escolares en su conjunto, debe ser la educativa. Con tanto hablar de medidas de seguridad contra la pandemia, quizás, hemos dejado de lado que la principal tarea de los centros es acoger y hacerse cargo de alumnos y alumnas que llevan seis meses sin verse, el reencuentro con sus compañeros y profesores y profesoras en el aula y en el centro escolar. Que, además, vuelven trayendo consigo las desigualdades culturales y socioeconómicas de sus respectivas familias, de las que hay que hacerse cargo. Sin deber de tirar “balones fuera”, a todos ellos hay que asegurar un derecho a la educación, de modo equitativo.

El propio Ministerio ha contribuido a centrar toda la cuestión en las medidas sanitarias cuando, en esta situación excepcional de vuelta, tras medio año, son medidas de adaptación o flexibilidad curricular lo que se requiere. Por ejemplo, no sólo las cuarentenas que haya que guardar sanitariamente en casa, sino qué medidas educativas y curriculares se tengan que tomar, tras estas intermitencias. De esto, prácticamente nada. Sin duda, los docentes son profesionales que, reconociendo su autonomía, tomarán las mejores decisiones en el contexto y alumnado; pero, precisan aquí también sentirse apoyados con las orientaciones y recursos para asegurar las competencias clave y aprendizajes imprescindibles. Entonces, no solo por razones de distancia social hay que tener 20 alumnos por aula y más profesores; también en contextos de desigualdad sociocultural se precisarán contar con más medios materiales y humanos para lograr una personalización de la enseñanza y los aprendizajes.

Muchos protocolos de seguridad, pero casi ningún Plan Educativo de Emergencia educativo que pueda acercarnos a una equidad en educación, con una atención individualizada a los alumnos en riesgo de exclusión o abandono, particularmente en Secundaria. La autonomía profesional y el liderazgo pedagógico precisa de un apoyo social, confianza y reconocimiento, de los que estamos bastante escasos. Con ellos, directivos y profesorado, puedan hacer los planes oportunos, vinculados a la Programación General Anual del centro, previendo las adecuaciones que tengan que hacer con su alumnado para sacarlo adelante.

La circular de 3 de septiembre de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, sobre medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021, es un ejemplo perfecto de lo anterior. Como comentaban algunos directivos y docentes, es un tanto “arreglaros como podáis”. Si bien, es cierto, cada centro conoce su situación, espacios y personal; por lo que puede tomar las decisiones oportunas, sin respuestas homogéneas o uniformadas; el asunto no es sólo organizativo con el personal y espacios que se dispone. La autonomía y flexibilidad curricular, como lleva haciendo Portugal, es primariamente curricular, como adecuación a los contextos, particularmente vulnerables, que requieren un plan de emergencia educativa y apoyos suplementarios personalizados. Lo que se dice referido a “atención a la diversidad, más es procurar que este alumnado pueda acceder a la enseñanza semipresencial, que asegurar los aprendizajes imprescindibles, tras estos seis meses, derivados del contexto sociocultural”.

Publicado (y reelaborado) en “Escuela” (núm. 4261, 10 de septiembre)