Desde los inicios de la escolarización generalizada, hasta hace relativamente poco tiempo, la participación de las familias en los asuntos escolares, fue inexistente. Los estados fueron los detentadores absolutos de toda la organización educativa y el profesorado los gestores de la vida cotidiana en las escuelas.

En nuestro país las primeras leyes que posibilitaron la participación de las familias en la educación, fue durante la IIª República con los Consejos Locales Escolares. Para la República era muy importante que las familias conocieran las enseñanzas que recibían sus hijos e hijas, así como de los problemas que tenían las escuelas, para que implicaran en su posible solución. El golpe de estado y las largas décadas de dictadura, cortaron de raíz cualquier tipo de participación.

Sería ya con la Constitución de 1978, en su artículo 27.7 cuando se vuelve a recuperar aquella posibilidad de participación perdida. En el mismo se dice, “ que los profesores, los padres y en su caso los alumnos, intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca”. Desde ese momento, las distintas leyes orgánicas educativas, han ido desarrollando ese mandato constitucional.

Durante los años de lucha por la democracia, las familias se habían organizado mediante asambleas de madres y padres, exigiendo una democratización del sistema educativo y su participación en la gestión de los centros. Con el gobierno de la U.C.D. se promulgó la L.O.E.C.E. (1980) y se aprobaba el Estatuto de Centros Escolares.

En lo referente a la participación de las familias en los Consejos Escolares, se recogía una representación paritaria con el profesorado, que solo se podía ejercer a través de las A.M.P.A.S. No se podía participar en la selección de las direcciones, que eran nombradas por la Administración. Esa participación estaba muy restringida en la práctica, ya que estaba condicionada por la existencia de los Reglamentos de Régimen Interior de cada centro, elaborados exclusivamente por los docentes.

Con esta Ley se echaron las bases del soporte normativo para la enseñanza concertada. Las presiones de los sectores conservadores, con la bandera de la libertad de elección de enseñanzas y centros por parte de las familias, presionaron para que se diferenciaran elementos claves en la organización y gestión de los centros, entre la enseñanza pública y la concertada. Hasta ese momento no es apropiado hablar de conciertos, sino que los fondos públicos que recibían estos centros, eran en forma de subvenciones.

Órganos unipersonales y colegiados

Sería con la L.O.D.E. (1985) y ya con un gobierno del P.S.O.E. con mayoría absoluta, cuando se da carta de naturaleza, a los tres tipos de centros que existen en la actualidad, públicos, concertados y privados. El argumento que se dio en aquel momento por parte del gobierno socialista, es que los centros concertados solo existirían hasta que la red pública pudiera dar respuesta a todas las necesidades de escolarización y que en cualquier caso sería una red subsidiaria de la red pública.

La Ley recogía dos tipos de órganos de gobierno, los unipersonales ( Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría ) y colegiados ( Claustro y Consejos Escolares ). En lo referente a la participación de las familias, a través de los Consejos Escolares en los centros, se le asignaron importantes atribuciones, selección de la Dirección, régimen disciplinario del alumnado, la aprobación de la programación general del centro, la aprobación de los presupuestos, la aprobación de las actividades extraescolares y complementarias y la aprobación del Reglamento de Régimen Interior.

Esta ley orgánica vino a consolidar los aspectos diferenciales que la enseñanza privada concertada demandaba. La representación de la titularidad en los Consejos Escolares, sería de tres representantes más la dirección del centro, junto a cuatro docentes y cuatro madres o padres. La selección de la Dirección quedó en la práctica en manos de la Titularidad, del mismo modo que la contratación del personal docente. Con estas premisas, las posibilidades reales de participación de las familias de esos centros, eran casi inexistentes.

La L.O.G.S.E. (1990) supuso un cambio muy importante en la organización del sistema educativo, tanto en los fundamentos pedagógicos del currículo, como en la organización de las enseñanzas. Esta ley en general estuvo apoyada por los sectores más renovadores del profesorado, aunque no tuvo la financiación adecuada para su desarrollo y tampoco una reforma más profunda en la formación inicial del profesorado.

Con la puesta en marcha y desarrollo de la ley, pronto cundiría el desánimo en importantes sectores docentes, al tener que enfrentarse a unos cambios para los que no estaban preparados. Los esfuerzos en la formación continua del profesorado, no fueron suficientes. La formación inicial, como ya se ha dicho, fue más cosmética que real. Los planes de estudio de los futuros docentes, no fueron todo lo innovadores que se necesitaban, siendo impartidos mayoritariamente, por un profesorado universitario con metodología tradicional y alejada de la realidad de los centros.

Falta de candidaturas

La escasez de candidaturas para acceder a las direcciones y la falta de una formación específica para su ejercicio, propicio una nueva ley orgánica, la L.O.P.E.G. (1995). En las palabras que definen la ley van la participación, evaluación y el gobierno de los centros docentes. Es una norma que aspiraba a mejorar la participación de los sectores de la comunidad educativa y dotar de un perfil más profesional a los órganos unipersonales de gobierno y muy especialmente a la Dirección.

Al mismo tiempo se pretendía reforzar el asociacionismo de la familias y para ello se incluye un representante elegido por las AMPAS en los Consejos Escolares. Se aumenta la participación de las familias en la aprobación de los planes de los centros y en la planificación y aprobación de las actividades complementarias y extraescolares. Más importantes fueron los cambios introducidos para la selección de la Dirección de los centros. A partir de ahora se necesitaran una serie de requisitos para ser acreditados por la Administración.

Durante el segundo gobierno del P.P. se aprobó la L.O.C.E. (2002). Pretendía esta nueva ley una serie de reformas del sistema educativo, esgrimiendo la bandera de la calidad mediante el esfuerzo. Planteaba distintos itinerarios para la E.S.O y Bachillerato en función de los rendimientos escolares y una prueba de revalida al termino del mismo. En cuanto a la participación de las familias era un paso atrás. Los Consejos Escolares dejaban de ser órganos de gobierno para convertirse en meros participantes en la gestión y control de los centros- Aunque se mantenía el mismo número de representantes de los anteriores consejos, se le otorgan a las direcciones mayores prerrogativas, como por ejemplo lo relacionado con la disciplina del alumnado.

Con la llegada un tanto inesperada del P.S.O.E. de nuevo al gobierno, por los trágicos atentados de Atocha, se promulgó un Real Decreto que paralizó la ley y por tanto no llegó a aplicarse.

El nuevo gobierno socialista con la L.O.E. (2006), se planteó corregir todos los aspectos que consideraba negativos con los itinerarios educativos y la participación de las familias y recuperó para los Consejos escolares, el carácter de órgano de gobierno de los centros. De nuevo, la elección de la Dirección, la aprobación de los proyectos de los centros y el régimen disciplinario del alumnado, vuelven a ser competencias a los Consejos Escolares.

Con un nuevo triunfo del P.P. se promulgó la L.O.M.C.E. (2013), también conocida como ley Wert.

Para que su desarrollo fuera más rápido, en vez de hacer una nueva ley, lo que se hizo fue modificar la L.O.E, dejando prácticamente la totalidad del texto enunciativo, pero introdujo seis artículos y una disposición adicional, que cambiaban de manera muy importante, el espíritu de la anterior norma.

En lo que se refiere a la participación, lo podemos resumir de una manera muy sencilla. Todas las atribuciones que habían recuperado los Consejos Escolares, se cambian ahora con una sola palabra, en vez de aprobar, ahora solo será evaluar y en vez de decidir, solo informar. Esta ley fue muy contestada en el parlamento por los partidos de izquierdas y nacionalistas y en las calles por las asociaciones de estudiantes y familias defensores de la educación pública.

En 2016 y tras la pérdida de la mayoría parlamentaria del P.P., una proposición del P.S.O.E. para la paralizar y derogar la L.O.M.C.E. es aprobada, pero las sucesivas elecciones generales, la formación del nuevo gobierno de progreso y la pandemia del coranovirus, no han posibilitado aún, la aprobación de una nueva ley orgánica. Por lo que se conoce de sus borradores, lo que pretende es corregir los aspectos que se consideran más negativos de la anterior ley, buscando un horizonte bastante aproximado a lo que fue la L.O.E.

Educar juntos

Como hemos podido ver, en nuestro país no ha sido posible hasta la fecha hacer una ley de amplio consenso. Con cada cambio de gobierno se cambia la ley anterior. En lineas generales las fuerzas políticas conservadoras buscan, etapas educativas con más elementos de selección, menor participación de las familias en los centros y direcciones con más atribuciones y centralizadas. Las fuerzas progresistas y en general todos los defensores de la educación pública, demandan más participación de las familias en la organización y gestión de los centros.

Mi larga experiencia profesional me permite decir, que hasta en las etapas con gobiernos más progresistas y por tanto más proclives a la participación de las familias, dicha participación siempre se ha visto con cautela y por eso las representaciones de las familias han estado siempre en minoría en los Consejos Escolares. Para que salieran adelante asuntos importantes, se tenían que producir las alianzas de los representantes de los padres y madres, la representación municipal, la del personal no docente, algunos miembros del profesorado y en su caso los representantes del alumnado.

Pero esa cautela y recelo a veces, no solo es de la Administración. Es bastante frecuente que desde amplios sectores docentes, no se vean a las familias como aliadas, sino mas bien como intrusos, en una tarea que consideran exclusiva.

Para mi esto es un enorme error que tiene importantes consecuencias en la educación. Todos decimos que la educación debe ser un proyecto común, una suma de sinergias … y sin embargo la realidad es otra con frecuencia. Si no caminamos juntos hacia el mismo fin, perdemos la imprescindible confianza mutua necesaria, entre cuantos intervenimos en la educación. Pero además perdemos una enorme riqueza de opiniones e ideas que hacen más ricos los procesos educativos. La participación de las familias en la educación de sus hijos e hijas, da continuidad en los hogares a la tarea educativa escolar.

No se trata de que las familias sustituyan a los docentes en la encomienda que la sociedad les ha dado. Colaborar y participar no es sustituir, sino apoya, acompañar y enriquecer.

Lo que sucede es que tanto familias como docentes, nos manejamos por un sistema de ideas y valores, que hacen que en la práctica se posibiliten más o menos la participación y colaboración de las familias. Si nuestra visión de la vida es corporativa, poco flexible y seguimos un paradigma educativo tradicional, estaremos menos dispuestos aceptar y ver como necesaria y positiva la participación de las familias en la vida escolar. Esto sucede, porque en esa visión pensamos, que la Escuela lo que debe hacer es instruir sobre todo y no tanto educar que se asigna al ámbito familiar.

Soy de los que considero que la función primordial de las instituciones escolares es la de educar junto con las familias. Es por eso que considero que su participación y colaboración se hace muy necesaria. Educar es un concepto mucho más completo que instruir, ya que no solo tiene que ver con los contenidos, sino también con los valores, las emociones y los afectos y en esta visión las aportaciones familiares son imprescindibles.

Mi experiencia docente directa, durante mis 17 años de maestro antes de ser inspector, me dice que la participación de las familias en mis clases, fue muy positiva y enriquecedora. A lo largo del tiempo y según los lugares, participaron en dar conferencias, participar en fiestas y viajes, realizaron algunas pequeñas obras de mejora en las clases y sobre todo algo que yo valoré mucho en su momento, me dieron su apoyo al modo de educar que yo llevaba con sus hijos e hijas, una vez que pudieron comprobar, precisamente por esa participación, lo que hacíamos en clase.

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Paco Olvera,

licenciado en Historia, ha sido maestro  e Inspector de Educación.
Escribe artículos, realiza vídeos y es autor de libros sobre temas de Educación,
entre los que destacaría “La Investigación del Medio en la Escuela”.

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