Actualmente estoy jubilado, pero he desarrollado durante muchos años mi labor de profesor de enseñanza secundaria en varios institutos. Tengo amigos en todos los sectores de la enseñanza y, por tanto, en los últimos días, me he alegrado sobremanera de dos hechos que les atañen.
El primero es la concesión de la bandera de Andalucía a los valores humanos por su actuación en la lucha contra la COVID. El segundo es la presentación por el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía de un proyecto de ley que les otorgará el estatus de autoridad pública. La nueva norma los protege de los casos de agresiones, injurias, amenazas y acoso. No en vano, según la noticia publicada por DEAL el martes 23 de febrero, se registraron en la comunidad autónoma 24.000 incidentes de ese tipo durante el curso pasado. Sin contar los muchos que se silencian. Por tanto, la tramitación de este proyecto de ley es un motivo de satisfacción para los docentes, y algo pedido insistentemente por ellos desde hace mucho tiempo. Pues, la falta de disciplina en las aulas no es algo actual, sino que lleva mucho tiempo sucediendo.
En muchas ocasiones los docentes se han sentido incomprendidos y desamparados ante la falta de respuesta de la administración. Es verdad que la autoridad del maestro se va ganando día a día en el aula, y que muchos alumnos la aceptan, pero cuando esta se ve atacada por unos cuantos desaprensivos, hay que actuar con toda contundencia. Una minoría no puede poner patas arriba a la mayoría. El respeto de los alumnos entre sí, de estos al profesorado, y de todos los miembros de la comunidad educativa es esencial para el éxito de un sistema educativo. Si esta ley va a cooperar a ello, bienvenida sea.
JOSÉ VAQUERO SÁNCHEZ,
docente jubilado
(Nota: Este texto se ha publicado como Carta al director en la edición impresa de IDEAL, correspondiente al domingo, 28 de febrero de 2021)
