El 28 de octubre de 1982 era jueves y, no obstante, se celebraron las terceras elecciones generales de nuestra jovencísima democracia. Las dos anteriores, en 1977 y en 1979, habían dado la victoria a la UCD de Adolfo Suárez —la Unión de Centro Democrático— y, por tanto, a aquellos que, procediendo del régimen franquista, habían llevado a cabo su transformación en la monarquía parlamentaria y democrática en la que aún vivimos. Es decir, todavía no se había producido la verdadera “prueba de fuego”: un cambio democrático de gobierno en esa nueva monarquía, que fue lo que sucedió aquel jueves electoral de 1982.
Se trataba de una convocatoria anticipada de elecciones ante el desmoronamiento imparable del partido que sostenía, cada vez peor, al presidente Leopoldo Calvo-Sotelo —sucesor de Suárez desde la dimisión de este en enero de 1981—. De hecho, ese día, la UCD casi desapareció: obtuvo únicamente 11 diputados (frente a los 168 con los que antes contaba). Y el vencedor absoluto de la contienda fue el PSOE de Felipe González Márquez, que llegó hasta los 202, una aplastante mayoría que nunca ha vuelto a repetirse.
Pero sí repitieron el PSOE y Felipe González su victoria: en 1986 nuevamente obtuvieron mayoría absoluta, aunque con un número inferior de diputados, al igual que en 1989, con menos todavía. Ya en 1993 el triunfo no fue con mayoría absoluta, sino simple, lo que llevó al PSOE a pactar con los partidos nacionalistas para seguir en el poder. Solo en 1996 vino la derrota y, en consecuencia, su salida del gobierno, siendo sustituido por el PP de José María Aznar —quien tuvo que pactar con los mismos que González—. En consecuencia, los más de trece años de gobiernos socialistas, siempre bajo la presidencia de Felipe González, fueron la etapa política de más larga duración de nuestra historia democrática. Algo parecido a la reciente “Era Merkel” en Alemania, uno de los países de mayor estabilidad de Europa Occidental.
La España que iban a gobernar los socialistas en aquel momento estaba aún en pleno proceso de construcción institucional. La constitución era “menor de edad” —llevaba en vigor sólo cuatro años— y ni siquiera las autonomías estaban ya plenamente configuradas. Seguíamos fuera de la Comunidad Económica Europea —hoy Unión Europea—, pese a que había sido solicitado el ingreso en ella hacía tiempo; acabábamos de entrar en la OTAN, por decisión del gobierno de Calvo-Sotelo, pero habíamos sufrido el último golpe de estado solo el año antes y estaba pendiente la sentencia del Supremo contra los militares implicados; el terrorismo de ETA era atroz, con numerosos atentados mortales que desgarraban a toda la sociedad; nuestro sistema educativo, con EGB, BUP, COU —y escolarización obligatoria solo hasta los catorce años de edad—, provenía de los momentos finales de la dictadura; el paro y la inflación lastraban muy gravemente nuestro bienestar y el nivel cultural y la mentalidad dominante en el país seguían siendo herederos de la formación “patriótica”, machista, puritana y católica que el franquismo había impuesto durante más de cuarenta años. En suma, aunque la Transición estaba siendo un éxito y el país, institucionalmente, era nuevo, nuestra economía sufría una profunda crisis desde 1973 y la sociedad mantenía una clara división entre un mundo rural “arcaico” y en proceso de abandono y un conjunto urbano “modernizado” y relativamente más próspero.
Durante esos largos años de gobierno del PSOE unas cosas cambiaron más y otras menos: el entramado institucional y territorial del país quedó acabado, con las diecisiete autonomías que todos conocemos. En 1986 entramos en la CEE, que luego pasó a ser Unión Europea, por lo que hoy día somos ya socios veteranos y llevamos décadas disfrutando de las becas Erasmus, que tantas “parejas europeas” nos están dando; continuamos, también, en la OTAN, a pesar de un referéndum en 1986 prometido por el PSOE en la campaña electoral para sacarnos de ella; se dictó sentencia, en el Supremo, contra los golpistas del 23 f, aumentando severamente las penas impuestas por el tribunal militar que los había juzgado primero y, pocos años después, el gobierno de Felipe González los indultó, permitiendo su salida de la cárcel, porque ya el golpismo no suponía una amenaza para el país; en cambio, ETA siguió actuando mortalmente durante toda la etapa, con atentados masivos como el de Hipercor (en Barcelona) o los de las casas cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza y Vic (Barcelona); nuestro sistema de enseñanza fue reformado por la LOGSE, que adaptaba los ciclos escolares —ahora Primaria, Secundaria y Bachillerato— a una educación obligatoria hasta los dieciséis años; el paro y la inflación bajaron, aunque mucho más la segunda que el primero, porque nuestra economía creció considerablemente en la segunda mitad de los ochenta y en los primeros noventa, pero volvió a caer en una nueva crisis en esa década final del siglo; sin duda, el nivel cultural y la mentalidad de la población cambiaron a mejor, con muchos más colegios e institutos, una imparable incorporación de las mujeres a los puestos de trabajo y un declive del puritanismo católico y del patrioterismo más radical —aunque aún hoy día quedan peligrosos resquicios—; y, finalmente, la vieja división campo-ciudad fue aliviada con una mejora muy sustancial de la calidad de vida en los pueblos, convertidos muchos en pequeñas ciudades, aunque otros siguieron en proceso de abandono.
Desde luego, no fueron años perdidos, pese a que se podía haber logrado más. Los sucesivos éxitos electorales socialistas, aun cuando fueran cada vez más menguados, demuestran una satisfacción mayoritaria con lo que se estaba logrando. Entiendo que, incluso hoy, haya quien no lo vea así, pero solo en 1996 los votantes “suspendieron” al PSOE. Y se trató de un “suspenso” alto, porque fue la derrota más “dulce” que se podía esperar para un partido que llevaba tanto gobernando: pasó a la oposición con 141 diputados —frente a un PP que había llegado a 156–.
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Profesor de Historia en el IES Padre Manjón
y autor del libro ‘Un maestro en la República’ (Ed. Almizate)
