Daniel Morales Escobar: «¿Dónde quedó Montesquieu?».

Lo sucedido esta semana entre el Senado, que es poder legislativo, y el Tribunal Constitucional, que es poder judicial, me ha traído a la cabeza aquello que aprendí hace años en Historia sobre Montesquieu, La Ilustración y las raíces teóricas de nuestros actuales estados democráticos.

No es que sea un entendido en leyes o en la justicia, sino un simple ciudadano que ¡eso sí! comprendió relativamente bien —¡creo!— el significado de la soberanía del pueblo y de la separación de poderes. Según la primera, todos los poderes de un estado derivan del pueblo, es decir, de los ciudadanos de ese estado. Y cuando digo “todos” es TODOS: el poder de hacer las leyes —que es el legislativo—, el poder de llevarlas a cabo —que es el ejecutivo— y el poder de juzgar y sentenciar en base a esas leyes —que es el judicial—. Cualquiera de ellos, ¡siempre!, en un estado democrático, debe salir de los ciudadanos; y cuando finaliza el tiempo para el que los ciudadanos lo han otorgado, volver a ellos. De ahí que no existan puestos vitalicios ni de larga duración excepto el rey, que no tiene ninguno de esos poderes.

Y, de acuerdo a la separación de poderes, teorizada por Montesquieu, ninguna persona o institución debe intervenir en dos poderes a la vez, porque derivaría en un abuso de poder. Así, un tribunal de justicia debe interpretar las leyes, pero no cambiarlas, derogarlas o impedirlas. Al igual, ningún gobierno o parlamento puede juzgar o sentenciar, porque es tarea exclusiva de los jueces. Cada uno de los poderes, además, debe ser absolutamente independiente de los demás en sus decisiones como tal poder. Por ejemplo, nadie debería interferir en una sentencia de un juez o de un tribunal. Y opino que, de igual manera, nadie debería intervenir en la elaboración y aprobación de una ley salvo los parlamentarios, que son los que han recibido de los ciudadanos el encargo —en exclusividad— de hacer dicha ley.

Sin embargo, esta semana un tribunal judicial, el Constitucional, ha intervenido en un procedimiento legislativo, a modo casi de censor, impidiendo que el Senado, que es una de nuestras cámaras legislativas, pueda someter a votación una iniciativa legal. Me habría parecido impecable que, una vez aprobada esa ley y publicada en el Boletín Oficial del Estado, ese mismo tribunal la hubiese dejado en suspenso de haber detectado indicios de inconstitucionalidad. Y que lo hubiese hecho con la mayor celeridad posible. Incluso en horas. ¡Pero una vez aprobada esa ley por el poder legislativo! Porque tal y como lo ha hecho, a mitad de su elaboración y antes de su aprobación, pienso, como simple ciudadano, que ha habido una interferencia indebida del Tribunal Constitucional en un asunto del poder legislativo, para lo cual no está facultado ese tribunal por nuestro mandato ciudadano. Y somos el pueblo soberano.

Por otro lado, algunos de los jueces de dicho tribunal tienen su mandato caducado, es decir, que el tiempo de ejercicio de su poder, que los ciudadanos les habíamos concedido, hacía mucho que había finalizado; y deberían haber devuelto al pueblo ese poder —limitado temporalmente—. Sin embargo, no ha sido así, continuando, de una manera inexplicable, en esas funciones para las cuales ya no estaban facultados. En consecuencia, este es, para mí, el segundo abuso de poder cometido contra el pueblo soberano, convertido en víctima de quienes así han actuado.

Y aún hay una tercera cuestión. Hace tiempo que aprendí, como funcionario, que cualquier servidor público, si la decisión a tomar le afecta personal o familiarmente, debe abstenerse de participar en dicha decisión. Yo mismo, cuando he sido miembro de un tribunal de selectividad o presidente de un tribunal de oposi+ciones, he tenido que declarar que ningún familiar mío era aspirante en esa convocatoria. Y los años que mis hijos se presentaron a las pruebas de acceso a la universidad, no pude solicitar ser miembro del tribunal calificador de esas pruebas. Pero esta semana, según parece, dos de los magistrados del Constitucional, con su mandato caducado, se veían afectados personalmente por la ley que han paralizado. Es decir, han sido “juez y parte”, lo que es demoledor, porque nunca, así, una sentencia puede ser justa.

No se desde cuándo pienso que nuestro poder judicial necesita una reforma democratizadora, modernizadora y europeísta. Ahora la veo muy urgente. La cúpula judicial está tan politizada e instrumentalizada por los partidos que parece absolutamente corrupta; aunque cabe añadir que tan corrupto puede ser el corrompido como el corruptor. El caso es que la justicia está totalmente desacreditada para mí. Pero no es culpa de los que la critican, sino de los que la utilizan en su propio beneficio: partidos políticos y jueces a su servicio, dispuestos a todo con tal de perpetuar su poder. Hoy por hoy es la gran asignatura pendiente de nuestra democracia. Necesitamos ¡ya! muchos más jueces honestos, moralmente intachables y convencidos de cual es su única dependencia: la soberanía del pueblo español, del que deriva su poder.