José Antonio Fernández Palacios: «Pasar página»

De continuar el aciago ciclo político que se inició con la exitosa moción de censura de mayo de 2018 una legislatura más tras los próximos comicios de julio, aquel comprometería seriamente la estabilidad de la nación.

España necesita pasar página, pasar página respecto del aciago ciclo político que se inició con la exitosa moción de censura de mayo de 2018, bajo la excusa de la corrupción del partido que sustentaba al Ejecutivo de entonces, y que se prolonga, con dos elecciones generales de por medio, hasta hoy. Y ello porque, a lo largo de este lustro, a nivel de gobernanza, los elementos negativos (el debilitamiento del Estado, el aumento de la división dentro de la ciudadanía, la colonización de las instituciones y organismos públicos, la “política antieconómica” o la obstinada voluntad de imposición ideológica) han sobrepujado con creces a los positivos (¿acaso la aprobación de la ley de eutanasia?) hasta el punto de que, de continuar una legislatura más tras los próximos comicios de julio, aquel comprometería seriamente la estabilidad de la nación. Por eso, para conjurar ese riesgo cierto, nuestro país precisa perentoriamente que, de dicha cita electoral, surja un nuevo Gobierno (de una composición muy distinta al actual) cuya actuación debería articularse, a mi juicio, sobre cinco ejes principales. Veámoslos.

– Para empezar, el fortalecimiento del Estado: en ese sentido, ante futuras y anunciadas aventuras secesionistas, habría que recuperar no solo los antiguos delitos de sedición y de malversación , sino también el de convocatoria de referendos ilegales; asimismo, con ese propósito, se ha de garantizar (a la vista de contraejemplos flagrantes que están en la mente de todos) el cumplimiento efectivo de las sentencias de los tribunales por parte de los gobiernos autonómicos, recurriendo sin complejos, llegado el caso, al ya famoso artículo 155 de la Constitución Española; no olvidemos que el imperio de la ley constituye una pieza clave en nuestra arquitectura política y que, si queremos perseverar como país, no nos podemos permitir que perdure la situación, señalada por Fernando Savater, de que tanto Cataluña como el País Vasco funcionen, en la práctica, como si fueran independientes.

– El segundo de ellos sería la puesta en marcha de un proceso de distensión y diálogo: en efecto, para ir superando el clima de polarización y confrontación existente en la sociedad española, nada mejor que la percepción por parte de aquella de que los dirigentes de los grandes partidos políticos, previo reconocimiento mutuo del contrario como un adversario mas no un enemigo ideológico, son capaces de hablar entre sí, entenderse y, producto de lo anterior, llegar a fructíferos acuerdos acerca de grandes temas como la educación, el agua, la energía, la inmigración, la política exterior o nuestra historia reciente, lo cual, en este último caso, habría de traducirse en la sustitución de la actual y sectaria “Ley de Memoria Democrática” por una especie de nueva “Ley de Concordia”, que, basándose en una versión objetiva y rigurosa de los hechos sin caer en maniqueísmos, sirva para reconciliarnos, por fin, con nuestro pasado cercano en vez de convertirlo en otro motivo recurrente de disputa y desunión entre nosotros.

– Seguiría luego el devolver a las instituciones y organismos públicos su neutralidad e imparcialidad: si la democracia constituye el sistema político donde el poder es un “lugar vacío” – como observaba el pensador francés Claude Lefort– porque en ella los gobiernos “van y vienen” mientras que el entramado de instituciones y organismos que conforman el Estado permanece, resulta de todo punto evidente que los diversos componentes del segundo no pueden identificarse con ninguno de los primeros y que han de ser, por tanto, neutrales e imparciales, estando, pues, al servicio del interés general y no del interés particular del Ejecutivo de turno, ejerciendo, de este modo, de útiles contrapesos de aquel. Para recuperar esa condición manifiestamente perdida durante los últimos años se deberá situar a la cabeza de los mismos a personas que, además de una acreditada valía académica y profesional, posean un perfil marcadamente independiente, de manera que su labor al frente de aquellos restaure su antiguo prestigio. Hablando de independencia, mención aparte merece la justicia, que solo la reforzará a ojos de todos cuando, siguiendo las recomendaciones del comisario europeo del ramo, se retorne al modelo de elección de los miembros del CGPJ previsto en en el artículo 122.3 de la Constitución Española.

-El cuarto de ellos consistiría en implementar una política que dinamice la economía, único medio eficaz de crear empleo y reducir así nuestra escandalosa tasa de paro (12,8 %, la más alta de los países que integran la OCDE, dentro de los cuales, por cierto, somos también “campeones” en desempleo juvenil, 29,5 %). Evidentemente, no se contribuye a esa meta si, como hasta ahora, continuamos siendo, asimismo, líderes absolutos en el marco de Unión Europea, durante este lustro, en el aumento de la presión fiscal sobre las empresas, los autónomos y los ciudadanos corrientes (para, entre otras cosas, pagar los intereses de una deuda pública generada por un déficit del Estado descontrolado que no para de crecer) o, desde ciertos sectores del actual Gobierno, se alienta un ambiente hostil hacia los empresarios (el “alma mater”, según Schumpeter, de cualquier economía de mercado) calificándolos de “capitalistas desalmados”, aspectos disfuncionales que, obviamente, la susodicha política deberá revertir.

-Finalmente, legislar atendiendo a genuinas demandas sociales, lo cual implica, por este orden, dilucidar si algo constituye o no tal, si, en el caso de que lo sea, la legislación existente resulta suficiente para satisfacerla y, cuando no fuere así, elaborar al respecto, tras dialogar y consultar con todas las partes interesadas -como prescribe la ética discursiva de Habermas-, leyes equilibradas, que son las únicas que se revelan como duraderas y beneficiosas. De ahí que, por razones de oportunidad o procedimiento, tengan que derogarse o reformarse substancialmente todas las “leyes ideológicas” aprobadas recientemente.

En fin, estas son, en mi opinión, las directrices básicas que habrían de inspirar la acción de un Ejecutivo de nuevo cuño (formado íntegramente por individuos altamente capacitados), de cuyo acierto dependerá que vuelva a ser verdad la conocida afirmación del canciller alemán Bismarck: «España es el país más fuerte del mundo: los españoles llevan siglos intentado destruirlo y no lo han conseguido».