Uno de los rasgos más significativos de la sociedad actual, tan afectada por las diversas líneas de pensamiento que transmiten habitualmente los medios de comunicación, según su orientación ideológica, es la consolidación de visiones parciales e interesadas de problemas que generan algunas prestaciones sociales de gran importancia, como la sanidad y la educación.
Hoy trataremos los que se refieren a las disfunciones y desequilibrios existentes entre dos modelos de enseñanza: los que desarrollan los centros públicos y los centros privados concertados. En un sistema que nació como complementario, lo primero que hay que reconocer es el papel importantísimo que desempeñan en este servicio esencial tanto la red de enseñanza pública, como la de enseñanza privada concertada. La cobertura de las necesidades de escolarización que genera el derecho a la educación obligatoria no sería posible sin la suma de ambas redes y por ello, ya en los años 80, con la LODE, se reconoció tal necesidad y se reguló el establecimiento de conciertos educativos.
Precisado esto, comprobamos que, de forma recurrente, desde que se aprobó la LOGSE en 1990, los principales partidos de nuestro país se han enfrentado y lo siguen haciendo en este espinoso aspecto, hasta el punto de considerarlo prácticamente la piedra angular de cualquier reforma del sistema educativo. El problema se hace aún más complejo al estar transferidas las competencias en Educación a las comunidades autónomas, porque estas tienen capacidad de aplicar su modelo tanto si coincide con la ley educativa imperante, como si no coincide.
Analizaremos las prioridades de las dos formas de entender la Educación y las consecuencias que se derivan de ellas.
Para la izquierda, la defensa de la educación pública universal forma parte de su ADN y está totalmente justificada por la necesidad de que todo el alumnado, esté donde esté y tenga los recursos que tenga, reciba una enseñanza obligatoria de calidad.
De la otra prioridad que articula su proyecto, la de reducir las tasas de fracaso escolar, ya hablamos en nuestro artículo anterior, Esta no es forma de eliminar el fracaso escolar en educación secundaria, donde objetábamos algunos de los cambios que ha introducido la LOMLOE, que pueden originar distorsiones inaceptables en la forma y en los resultados de la evaluación del alumnado, al ocasionar justamente lo contrario de lo que supuestamente pretende.
Los partidos de derecha tienen, en cambio, una prioridad bien distinta: siempre que la ley educativa vigente no es la propuesta por ellos, centran sus críticas en que dicha ley ataca frontalmente la libertad de elección de centro por los padres. Para ellos, el Estado debe garantizar que los alumnos puedan formarse en el centro que elijan los padres, para lo cual, deberá concertar con la iniciativa privada todas aquellas plazas que se demanden en esos centros privados, por alejados que estén de sus domicilios los colegios elegidos o por cubiertas de plazas que estén las líneas concedidas previamente a ese colegio. Al estar transferidas las competencias educativas, como hemos dicho antes, tienen la capacidad de adaptar a su conveniencia la norma.
Lo ejemplificamos en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, pero es extensible a otras comunidades del mismo signo ideológico. Ante la conocida línea política del partido gobernante en dicha comunidad, que incentiva la creación de nuevos centros por la iniciativa privada, son numerosas las empresas laicas o/y órdenes religiosas que deciden aprovechar las ventajas tan evidentes que les ofrecen: Se pone a disposición de esas órdenes religiosas, cooperativas de profesores o empresas educativas suelo gratuito donde construir un nuevo centro. Es indiferente que esa zona no tenga ningún problema de escolarización con los centros públicos existentes, muy a menudo de gran calidad. La empresa promotora se hace cargo de la construcción del centro y, una vez terminado y firmado el concierto, podrá ser elegido por los padres, a los que se garantiza una plaza para el curso siguiente.
¿Quién no se puede sentir atraído por un nuevo colegio de magníficas instalaciones y golosa oferta de actividades deportivas y complementarias, aunque tengan un coste añadido? El colegio paga un canon mensual simbólico (una media de 1.500 €) y a funcionar con apoyo tan determinante. Si como consecuencia de ese privilegio manifiesto concedido por la administración autonómica, el flujo de alumnos al centro público de la zona se reduce, no hay el más mínimo reparo en eliminar de este las líneas de alumnos que no hayan cubierto y se desplaza a los profesores que sobren a otros colegios o institutos o incluso se cierra el centro y se dedica a otras funciones en casos extremos.
Esta distorsión, además, lleva añadida una de no menor importancia: los centros concertados, igual que los públicos, tienen prohibido exigir en todos los niveles obligatorios y en los posobligatorios que pudieran recibir financiación pública, aportaciones económicas complementarias. A pesar de ello, recurren a la artimaña de plantear estas aportaciones como voluntarias, cuando en un porcentaje altísimo no lo son, porque afectan a veces a actividades desarrolladas dentro de la jornada escolar y a los alumnos, como es lógico, se les hace ver que son obligatorias, por lo que atienden al requerimiento que les hace el centro. Lo cierto, en cualquier caso, es que, además, quien se considera un privilegiado por haber conseguido una plaza escolar en el colegio de sus sueños difícilmente se señala y por ello hace los esfuerzos económicos necesarios para satisfacer las aportaciones establecidas por el colegio. Son frecuentes las medidas coercitivas para obligar a las familias a hacer efectivas dichas aportaciones si no quieren caer en desgracia o, simplemente, en casos extremos, si quieren recibir el boletín final de calificaciones. Esta exigencia genera inmediatamente una discriminación sangrante más: las familias con escasos recursos no se atreverán siquiera a solicitar esos centros, que además de esas aportaciones, suelen exigir uniformes de clase, chándales y otros elementos de uso uniformado obligatorio. A ese colectivo de alumnos, cuyas familias no pueden permitirse tales gastos, suelen pertenecer los que proceden de familias inmigrantes.
Las cifras y porcentajes son muy significativos: cerca del 80% de ellos, la mayoría con escasos recursos, están escolarizados en los centros de titularidad pública, que tienen que atender a un alumnado socioeconómica y socioculturalmente heterogéneo, frente a la mayoría de los centros concertados, que parten del privilegio de atender a un alumnado procedente de familias acomodadas, lo que supone una clara discriminación, generadora de diferencias ostensibles en el rendimiento escolar.
Hay aquí otro factor que retroalimenta la desigualdad: una vez que esa mayoría de alumnos con escasos recursos (españoles e inmigrantes) acaban escolarizándose en centros públicos, las familias acomodadas manifiestan sin tapujos su rechazo a que sus hijos vayan al mismo centro que ese alumnado de previsible bajo nivel o «problemático», con lo que la brecha puede llegar a hacerse insalvable entre centros con alumnado sutilmente seleccionado y centros en los que se escolariza a ese otro alumnado, que puede dificultar, por diversas razones, que se alcance el nivel formativo esperado.
Curiosamente, la preocupación de los partidos de derechas por la libertad de elección de centro no parece existir en zonas rurales y en urbanas más humildes, con honrosísimas y meritorias excepciones en este último caso (las de centros concertados que desarrollan una gran labor en zonas desfavorecidas), que no desdicen la tónica mayoritaria.
Aún más: no es nada infrecuente encontrar cada año un número apreciable de alumnos que entran en centros públicos procedentes de la privada concertada. Preguntados por las razones de esos cambios de centro, son mayoría los que señalan que no les iba bien y les habían propuesto, sutilmente, desde el propio centro, cambiar de aires y «marcharse a la enseñanza pública». Son todos estos, argumentos más que suficientes para concluir proclamando que existe una sutil o descarada selección de alumnado, con la que pretenden prestigiar sus centros los titulares de colegios concertados, en especial los situados en zonas socioeconómicamente acomodadas.
Parece razonable, por todo lo anterior, que, sin menoscabo de los derechos establecidos por la Constitución, las redes pública y privada concertada escolaricen al alumnado de forma equilibrada y sin primar a la concertada, como lamentablemente sucedió como consecuencia de la crisis económica de 2008 y sigue sucediendo en 2025 en numerosas comunidades autónomas, con una drástica reducción de recursos y de profesorado en la pública y con el mantenimiento completo, o incluso con el incremento de las dotaciones económica y de profesorado de la privada concertada.
Todo lo anterior se inscribe en una aseveración que relaciona la libertad de elección de centro con la libertad de crear empresas, en este caso educativas, que deben ser apoyadas por los poderes públicos con medidas de diverso tipo, incluidas las administrativas y fiscales. De esta forma, se produce una distorsión inaceptable: aunque proclamen que la educación concertada es complementaria de la pública, llega a suceder lo contrario: son los centros públicos los que se hacen no ya complementarios, sino subsidiarios de los privados.
Es esta, desde nuestro punto de vista, una situación inaceptable, puesto que la primera responsabilidad de cualquier país será justamente la contraria: ya que la inmensa mayoría de la iniciativa privada no se siente atraída por ofrecer sus servicios educativos en zonas rurales o en zonas urbanas periféricas y desfavorecidas, los poderes públicos deben garantizar plazas educativas a toda la población, resida donde resida y tenga las creencias y los recursos que tenga. Es decir, no solo la enseñanza pública no puede ser subsidiaria de una enseñanza privada concertada que no es capaz de atender la posible demanda de elección de centro en determinadas zonas, sino que, por el contrario, es la enseñanza privada concertada la que, dando un servicio educativo de gran importancia, no puede verse privilegiada sobre la red pública, a la que complementa.
Granada, 25 de febrero de 2025´
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