En memoria de Sandra Peña
Rabia e incomprensión por lo sucedido. Una muerte más que debería ir acompañada de una contundente respuesta, más allá de los homenajes necesarios a una chica inocente que se suicidó como consecuencia de ser víctima de bullying, denunciar y ser ignorada.
La familia denuncia inacción del centro educativo en el que Sandra Peña estudiaba, una joven con toda la vida por delante, que ya no podrá llevar a cabo ninguno de los planes o deseos futuros.
[Foto 01, con el pie de foto: Sandra Peña estudiaba en el colegio Irlandesas de Loreto, en la capital sevillana]
En los días siguientes, los medios de comunicación se hacían eco de la noticia, con un sinfín de testimonios en los que se pone de manifiesto la inoperancia del colegio de Sandra ante unos hechos que habían sido denunciados por la progenitora de Sandra y ella misma.
El suicidio de otra menor pone el foco en la necesidad de aplicar el protocolo ante una situación de acoso escolar, la creación de una comisión de convivencia, el seguimiento del caso y el traslado a la Inspección educativa.
El centro educativo es responsable de la protección de su alumnado, debiendo implementar la ruta del Protocolo de actuación en situaciones de bullying.
Colegios e institutos deben generar un clima de seguridad, manteniendo una comunicación fluida con las familias, definiendo las medidas que se van a adoptar (las necesarias para restaurar la convivencia).
Sin duda alguna, los adultos somos corresponsables en caso de negligencia o no actuación, por lo que el acoso escolar requiere intervenciones de manera inmediata, confidencialidad y discreción, actuando de manera precisa y específica en función de cada contexto familiar.
No podemos obviar el interés superior de nuestros escolares, velando por su integridad.
Por otro lado, las instituciones educativas deben mitigar y prevenir conductas negativas, intencionales, sistemáticas y metódicas de agresión.
Pero, ¿es suficiente?
Quizás ya es hora de replantear el actual código penal del menor, la imposibilidad de castigar penalmente al acosador cuando no rebasa los 14 años de edad, exigir el cumplimiento de los protocolos, ampliar y concretar más el marco general para la protección, así como fomentar una cultura de paz dentro y fuera de las escuelas (aquí el papel de los medios de comunicación también podría ayudar enormemente).
Y, por supuesto que ignorar el acoso debería conllevar sanciones legales, administrativas e indemnizaciones a quienes no actúen como es debido, pues las escuelas tienen la obligación de garantizar un entorno seguro para todos/as.
¡Ojalá mis deseos no caigan en saco roto!
Para más información véanse los siguientes enlaces:
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