Este decreto ley pivotará sobre seis ejes fundamentales:
· El aumento de las ratios escolares en al menos un 20%
· El aumento de la jornada lectiva hasta un mínimo de 25 horas semanales en Primaria y 20 en Secundaria.
· La congelación del proceso de implantación de los nuevos módulos de FP.
· La suspensión de la obligatoriedad de los centros de ofertar las dos modalidades de Bachillerato.
· La eliminación de cualquier nuevo complemento retributivo. El Ministerio no ha concretado si la medida se refiere a la creación de nuevos complementos o al cobro de los mismos por los nuevos funcionarios, lo cual podría llegar a ser incluso anticonstitucional.
· La modificación permanente de la cobertura de sustituciones por bajas laborales.
El aumento de las ratios y del horario lectivo supondrá la no renovación del puesto de trabajo de un buen número de profesores. Además, tendrá un efecto devastador en la escuela rural, que verá cerradas muchas unidades, en las enseñanzas de idiomas, en la formación profesional y en la posibilidad de establecer desdobles, grupos de refuerzo y atención a la diversidad. Por otro lado, la desaparición de los programas de FP y de Bachillerato obligará a un ajuste del personal de los centros y a la masificación de las clases en las enseñanzas no obligatorias. Son por tanto ajustes que tendrán graves consecuencias en la situación del sistema educativo español, ya muy deteriorado.
Además, tanto las modificaciones de horarios como la desaparición de complementos retributivos y de condiciones laborales afectan a acuerdos firmados en la práctica totalidad de las comunidades autónomas. ANPE rechaza esta política de hechos consumados que ignora a los legítimos representantes del profesorado y a la obligatoria negociación en Mesa Sectorial de los cambios en las condiciones laborales de los docentes.
ANPE considera imposible pagar la deuda generada en estos últimos años sólo con recortes en los servicios esenciales. El Gobierno debe acometer ya la reforma que haga viable el modelo de Estado autonómico y garantice las políticas sociales básicas: educación, sanidad y pensiones. Los profesores y la educación llevan desde el inicio de la crisis económica sometidos antes que nadie a ajustes y recortes mientras se han mantenido gastos suntuarios del Estado y las comunidades autónomas.
ANPE advierte además que la imposición de estas nuevas medidas puede hacer inviable la legislación del Estatuto Docente que el ministro de Educación prometió para esta legislatura.
El Gobierno anunció reformas educativas necesarias e importantes, pero los primeros pasos para abordarlas están siendo ajustes en las partidas presupuestarias. Por tanto, las reformas corren el riesgo de ser inviables. ESPERAMOS REFORMAS NECESARIAS Y NO INJUSTOS RECORTES.
Exigimos que la educación se preserve de los rigores presupuestarios con un pacto de mínimos que pueda garantizar que se efectúen las reformas que necesita imperiosamente el sistema educativo español, en la certeza de que solamente la educación de calidad para todos garantiza un mejor futuro.
