Estas licencias se han convocado anualmente desde el curso 2002/2003 y se encuentran amparadas por el Acuerdo de 29 de marzo de 2007, para mejorar el funcionamiento de los centros docentes públicos y las condiciones laborales y profesionales del profesorado que presta servicio en los mismos, así como por el artículo 105 de la LOE y el 21.2 de la Ley de Educación de Andalucía.
Cabe recordar que el destino de las licencias mencionadas comprende los supuestos de finalización de estudios universitarios de grado y posgrado y tesis doctorales así como la realización de estancias de estudio o investigación, de cursos o estancias en el extranjero para mejorar competencias lingüísticas y estancias en empresas para la capacitación del profesorado de FP o enseñanzas artísticas.
ANPE considera que estamos ante un nuevo atropello del gobierno andaluz contra los derechos del profesorado, en este caso contra su derecho a la formación permanente, lo que supone paralelamente un atentado contra la calidad de enseñanza que reciben sus alumnos. No importa que estas licencias estén respaldadas por una ley orgánica, por la ley que regula el sistema educativo andaluz o por un acuerdo firmado con las organizaciones sindicales. El gobierno andaluz y el gobierno central parecen disputar una carrera enloquecida para desposeer al profesorado de todas las conquistas laborales y profesionales de las últimas décadas. No nos interesan ni sus justificaciones ni sus descalificaciones mutuas. Ambos son corresponsables de una política que amenaza con arruinar cualquier atisbo de calidad en un sistema educativo ya de por sí aquejado de numerosas deficiencias.
Ver también: «Adiós a las licencias por estudio para los docentes andaluces»
