El año pasado, por estas fechas, escribía en este medio que “la buena práctica está más allá de normativas y regulaciones”. No habiendo cambiado la situación, más bien se han agudizado las incertidumbres, quiero reafirmar esta opinión, como el mejor consejo que se puede dar actualmente.
Este nuevo comienzo de curso, con la interinidad del Gobierno y, sobre todo, la inseguridad legislativa generada tras la LOMCE y las actuaciones variables según cada Comunidad Autónoma (¿se podrá paralizar la aplicación? ¿prosperarán los recursos contra las reválidas de la ESO y el Bachillerato?, ¿cómo amortiguar los efectos no deseados de la LOMCE?) es el summum de la incertidumbre, tanta como que el profesorado no sepa lo que les espera a los alumnos a final de curso. Profesores, directivos, familias expresan su desconcierto en esta vuelta al cole. Resulta irrisorio que el secretario de Estado de Educación (Marcial Marín) declare que el curso escolar se “caracteriza por la normalidad y la tranquilidad”. Tanta normalidad que, pocos días antes, en el Pacto con Ciudadanos acordaron paralizar la implantación de la LOMCE.
Como señalaba el presidente de Federación de directores de Instituto (Alberto Arriazu), es un despropósito absoluto que “a fecha de hoy no sabemos cómo, cuándo, ni dónde serán los exámenes de reválida”; “que alguien me diga en qué mejora la educación de los chavales este galimatías en el que nos hemos metido”, critica con razón. Con todo, en caso de realizarse las reválidas, este curso no tienen “validez académica” alguna, lo que alivia algo la situación.
En un país con una tradición de gobernanza en educación en que una sobrerregulación normativa sobre las prácticas docentes ha llegado a límites desprofesionalizadores, podemos aprovechar esta situación, en lugar de demandar regulaciones específicas, para actuar con la autonomía propia de un profesional. La política no puede mandar lo que pertenece al núcleo duro de la profesionalidad: cómo se enseña y se aprende. En fin, la
la buena práctica, “pasa de normativas”. Este carrusel de cambios legislativos ha contribuido a desprofesionalizar al personal docente más lejos de lo deseable. Hora es de rebelarse contra esta situación para recuperar la necesaria autonomía profesional. La práctica docente no puede estar sometida al juego que quieran jugar las Administraciones autonómicas y el Gobierno central. La inseguridad actual debiera conducir a retomar la autonomía profesional sucesivamente negada.
Al contrario del Gobierno, la educación no está (ni puede estar) nunca en funciones. No puede estar en funciones cuando cada mañana se enfrenta al grupo-clase que tiene a su cargo, donde ha de lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje personalizado, velando que ninguno se quede descolgado. Si no sabemos cómo quedarán finalmente determinadas regulaciones, lo que sí sabemos –como profesionales– es lo que hay que hacer. Hastiados de cambios y reformas, hora es de tomar nuestras propias decisiones, de reclamar la competencia profesional del profesorado. La buena enseñanza, como el aprendizaje, se “juega”, en última instancia, en el espacio en que profesores y alumnado desarrollan, reconstruyen y se apropian el currículum.
No obstante, reconozcamos que este curso que ha comenzado a andar precisa un particular grado de resiliencia de los docentes. Como señala Christopher Day en un libro reciente (Profesores: vidas nuevas, verdades antiguas):
“La buena enseñanza y el aprendizaje satisfactorio requieren el compromiso intelectual y emocional de los docentes. […] Para que los docentes estén y continúen comprometidos, sean resilientes y enseñen a pleno rendimiento, tienen que trabajar en ambientes que sean menos alienantes, menos burocráticamente gerenciales, menos basados en medidas de performatividad, porque sabemos por incontables estudios que esto mina su capacidad de enseñar bien, en lugar de desarrollarla”.
ANTONIO BOLIVAR
Catedrático de Didáctica y Organización Escolar
Universidad de Granada
