Esta formación sindical acaba de presentar una resolución ante el Consejo Escolar del Estado- y seguirá presentándolas ante los Consejos Escolares autonómicos- exigiendo a las administraciones educativas que den a conocer la verdadera cualificación académica y profesional de los docentes, ahora puesta en entredicho por un informe sobre las oposiciones al Cuerpo de Maestros del año 2011, con datos parciales y sin rigor técnico, que se ha difundido de manera irresponsable. Este informe ha sometido al escarnio público a toda la profesión docente y ha abierto una polémica social que desacredita al conjunto del profesorado español de todas las redes de enseñanza incluida la universidad.
ANPE ha solicitado que el Consejo Escolar del Estado eleve al Ministerio de Educación la solicitud de datos referidos a la formación académica inicial y continua del profesorado de la enseñanza pública. Estos datos mostrarán de manera fehaciente que hay decenas de miles de profesores de todos los niveles educativos que poseen, además de las titulaciones específicas de acceso al cuerpo docente, una o varias titulaciones universitarias más, incluyendo másteres y doctorados; están acreditados en idiomas, tienen formación en las TICs y participan continuamente en programas de innovación y mejora.
Como sabe bien la administración, los docentes de la enseñanza pública son, junto a los sanitarios, los profesionales que reciben más formación y están en permanente actualización. Los datos objetivos que lo demuestran están en poder de las administraciones educativas. ANPE exige que se muestren a la sociedad. Es necesario contrarrestar el efecto demoledor de un informe que, para justificar nuevos recortes, lesiona gravemente la confianza de las familias en los profesores de sus hijos y, por ende, en la escuela, uno de los pilares de la sociedad. Este agravio al que algunos dirigentes políticos están sometiendo a los docentes es más injustificado aún ahora que los españoles, en la última encuesta del CIS, han demostrado su confianza en el profesorado reconociendo la docencia como la segunda profesión más valorada.
Los profesores españoles hemos tenido congelados los sueldos durante décadas mientras se derrochaba el dinero público; cuando hubo que ajustar ese gasto, se nos recortaron los derechos laborales y retributivos y para justificarlo, se nos llamó privilegiados; cuando quisieron despedir a un número sustancial de profesores interinos, se aumentaron el horario lectivo y las ratios, y para maquillar la pérdida de miles de puestos de trabajo se nos llamó vagos; ahora, cuando quieren ahorrarse los sueldos de los interinos con más años de experiencia, se eleva una anécdota al nivel de categoría y se llama incompetente a una profesión entera. Sin embargo, los docentes – que jamás han sido privilegiados, salvo en desempeñar la más bella de las profesiones- tienen enorme capacidad de trabajo y vocación de servicio. Trabajan conscientes de que nunca van a enriquecerse con la docencia y sin embargo se vuelcan en su perfeccionamiento profesional fuera del horario laboral.
Evidentemente, el mar de fondo de la publicación de este informe es el amplio número de profesores interinos. Pero hay que dejar claro que si este número se ha convertido en un problema inmanejable para la administración se debe en primer lugar a la inmensa burbuja de empleo precario que las propias administraciones educativas han creado en estos últimos años al no convocar una amplia oferta de empleo público para reponer las jubilaciones y bajas. ANPE ha defendido esta oferta, aunque haya sido exigua, recibiendo críticas a veces, pero en la certeza de que el profesorado interino necesita sobre todo alejar la precariedad laboral que los convierte, como estamos viendo, en el colectivo más vulnerable en esta época de crisis y recortes.
Por este motivo ANPE ha iniciado, con esta solicitud a la administración, una campaña por el reconocimiento social de la profesionalidad de los docentes que denominan LA VERDAD DE LA PROFESIÓN DOCENTE. Sin embargo, para ANPE esta campaña no impide reconocer la necesidad de mejorar la formación inicial y el sistema de acceso a la función docente, como primer eslabón de una carrera profesional seria y bien valorada. Queremos que ello se haga con rigor, negociando con los representantes legítimos del profesorado y con normas básicas de rango estatal para que no se sigan produciendo las desigualdades y desajustes que contribuyen a desvertebrar cada vez más el sistema educativo. En este contexto, ANPE reconoce la necesidad de que los criterios de ordenación de las listas de interinos obedezcan a criterios homologables en todo el Estado. No tiene ningún sentido que las comunidades autónomas estén desarrollando de manera aislada sus propios criterios de selección, con enorme disparidad entre unos territorios y otros.
En el marco actual, en proceso de elaboración de una nueva reforma educativa, la política del profesorado debe ser prioritaria para las administraciones, pero no habrá ninguna mejora posible para la educación en España mientras no se reconozca y valore la verdadera profesionalidad de los docentes.
