El real decreto con el que el Ministerio de Educación fijará en febrero las condiciones para adjudicar las plazas públicas de maestros que ofertarán las comunidades autónomas en 2018 mantendrá que es obligatorio aprobar el examen escrito de conocimientos generales para poder pasar a las siguientes fases del concurso-oposición. El aspirante que no llegue al 5 en este examen quedará eliminado, pues no tendrá opción de concurrir ni a la prueba oral ni a la fase de concurso que completan el proceso.
El ministro de Educación recibió ayer en la Conferencia Sectorial el apoyo de la mayoría de los consejeros no socialistas en un punto que le tiene enfrentado con la mayor parte de los sindicatos. Las centrales reclaman que, de forma excepcional, en las convocatorias de plazas de los próximos años, que tienen como objetivo fundamental reducir del 25% al 8% el número de profesores interinos, se debería permitir que el aspirante pasase a la fase de concurso con una media de cinco entre el examen escrito y la prueba oral, aunque suspenda el primero.
La propuesta de examen eliminatorio de Íñigo Méndez de Vigo, quien en la reunión representó también a Cataluña, por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, dividió a los miembros de la Sectorial, pues contó con la oposición de los consejeros de gobiernos socialistas, que defendieron aplicar de manera transitoria la medida que reclaman CC OO, UGT, CSIF y STE.
El ministro defendió que no se puede cambiar este aspecto de las oposiciones porque sería una discriminación para los aspirantes de otras administraciones -que tienen idéntica exigencia- y porque el nivel mínimo de calidad exigible a un docente obliga que domine los conocimientos que tiene que enseñar. Aseguró que variar este punto, según los informes de la Abogacía del Estado, vulneraría los principios de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a la función pública y desnaturalizaría la condición de proceso selectivo de la oposición.
Los sindicatos disienten de que el carácter eliminatorio sea obligado por ley, pues recuerdan que ya se retiró de forma transitoria entre 2008 y 2011, tras la aprobación de la LOE, y defienden que facilitaría la consecución de una plaza a los más de 100.000 interinos -que han llegado a semejante porcentaje, dicen, por culpa de los recortes del Gobierno- sin perjudicar con ello las opciones del resto de los aspirantes.
El real decreto no incluye esta demanda, pero sí incorporará otras cuatro de los sindicatos para favorecer a los interinos, al primar el peso de la experiencia docente. La fase de concurso, que valora los años en la enseñanza, los méritos y la formación, pasará a ponderar el 40% de la nota final (ahora era el 34%) y la fase de oposición (los exámenes) será el 60% (ahora el 66%). De igual manera, la experiencia laboral pasará de valer un máximo de cinco puntos a siete, y en los exámenes se extraerá un tema más al azar que ahora serán 3, 4 o 5, según la especialidad- para dar más opciones de elección al aspirante.
El número exacto de plazas públicas de docentes que ofertará el conjunto de las comunidades autónomas en 2018 tardará varias semanas en conocerse. Lo que sí se sabe es que va ser la mayor oferta desde antes de la crisis.
Alfredo Torices
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