A esta situación se une la incertidumbre generada por el relevo en la presidencia de la Junta de Andalucía y cambios en la composición del gobierno andaluz, con su posible impacto en la gestión de la política educativa. Un año después de la drástica disminución de la plantilla docente en cerca de cinco mil profesores, el tímido incremento anunciado para este curso, de apenas 850 efectivos, nos conduce a cifras de plantilla de hace unos cinco años, cuando aún estaba reciente la firma de un acuerdo entre sindicatos y Consejería que preveía el incremento de la plantilla andaluza en quince mil docentes para la puesta en marcha de la Ley de Educación de Andalucía, compromiso sumido en el olvido y jamás cumplido. Para más inri, a diferencia de otros territorios, en nuestra comunidad el efecto de esta disminución de la plantilla docente se ve multiplicado por el incremento anual del número de alumnos. Lo que se traduce en sistemáticos desbordes de ratios que contravienen el espíritu y la letra de la LEA.
En este contexto de recortes, en el que apenas se perciben cambios con respecto al curso anterior, ni siquiera las bajas del profesorado pueden cubrirse eficazmente, debido a las limitaciones presupuestarias. De hecho, el comienzo de curso se produce con centenares de vacantes sobrevenidas sin cubrir, con el consiguiente impacto negativo en la planificación inicial de la actividad docente. Una actividad que se seguirá resintiendo durante todo el curso debido a los retrasos en la cobertura de las bajas, que redundan negativamente en las necesidades del alumnado más desfavorecido al utilizarse a menudo a los docentes destinados a su atención en la asunción de tareas propias del profesorado ausente.
Oposiciones
No obstante y a pesar de todas estas dificultades, ANPE indica que exigirá día a día a la administración educativa andaluza el cumplimiento de algunos de los compromisos adquiridos en el comienzo de curso: actuaciones para mejorar la competencia matemática del alumnado, simplificación burocrática de la labor del profesorado, mayor transparencia en las actuaciones de la inspección educativa, mantenimiento de la atención a la diversidad, refuerzo del aprendizaje en idiomas, impulso a la FP, etcétera. Medidas todas que de llevarse a cabo con rigor pueden incidir en la necesaria mejora de nuestro sistema educativo. En este nuevo año escolar, esta formación sindical independiente demandará a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía una amplia oferta de empleo docente para los cuerpos de Secundaria, FP y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas, que van a cumplir cuatro años sin que se hayan celebrado oposiciones, debido al lamentable conflicto jurídico que enfrentó a los gobiernos central y autonómico y que abortó el concurso-oposición que debiera haberse celebrado en 2012.
Igualmente, exigirán al nuevo gobierno andaluz que revise los recortes retributivos a los que está sometiendo al profesorado y que afronte, por el contrario, el desarrollo de la carrera profesional prevista en la Ley de Educación de Andalucía, que debe complementar la promoción prevista en el futuro Estatuto de la Función Pública Docente que llevamos años demandando al gobierno central, independientemente de su signo político. Finalmente, emplazan a Susana Díaz, nueva presidenta de la Junta de Andalucía a que demuestre con hechos que no comparte el menosprecio de buena parte de nuestra clase política hacia la enseñanza pública y su profesorado. Toda medida que favorezca la labor docente en los centros públicos ayudará a mejorar el futuro de las nuevas generaciones andaluzas, que han de asumir el reto de superar el gris horizonte económico y social del presente.
