Como es conocido, además del itinerario “regio” o académico, para aquellos que tengan graves dificultades para terminar la ESO, se abre —como alternativa— este itinerario formativo profesional. Del callejón sin salida, como vía muerta, que aparecía en las primeras versiones de la LOMCE, ya en la tercera versión del anteproyecto (febrero 2013), realizada para el Consejo de Estado, los alumnos que se titulen en FP Básica tendrán ahora acceso directo a la FP de Grado Medio, sin necesidad de aprobar un examen de admisión.
La nueva FP básica tendrá dos cursos obligatorios, cuya superación no implica lograr el título de ESO: para conseguirlo será imprescindible aprobar la reválida de fin de etapa que prevé la LOMCE. Este nuevo ciclo pasará a estar situado en la misma categoría internacional que la FP de Grado Medio y el Bachillerato. Por tanto, deja de contar como abandono escolar temprano. La Memoria de la LOMCE calcula que, al cursar la FP Básica, entre el 8% y el 12,5% dejarán de contar como abandono. Si a esto se suma, como llevamos los últimos años, aquellos que —por el paro— continúan o se reenganchan a estudiar, el éxito está asegurado. Cuantos más alumnos entren en la FPB más bajará la tasa actual de un 24% de abandono escolar, al menos en los papeles. Si ese era uno de los principales objetivos de la LOMCE, su éxito está asegurado. Se matan dos pájaros de un tiro: apartarlos de la vía regia y, sin embargo, considerarlos titulados postobligatorios. ¿Cómo?
Por un juego de “ingeniería estadística”, de golpe —tras los dos cursos de implantación— se reducirá enormemente (actualmente hay 84.500 alumnos en los PCPI, esperándose su incremento, que dejarán de contar). Lograremos así de pronto, como quiere la UE, rebajar el abandono al 15% ¿Cómo se ha conseguido este “truco estadístico”? En la UE, como patrón entre la diversidad de sistemas educativos, el título de Educación Secundaria superior se llama CINE 3 y consiste en tener un mínimo de 11 años de escolarización y al menos un ciclo cerrado completo de dos años en la parte final de la etapa educativa. Por eso, si tras nueve años de escolarización se tiene un ciclo de dos años, se considera Secundaria Superior, contando a efectos estadísticos igual que si tuvieran Bachillerato o FP de Grado Medio. Este es el “truco” estadístico, porque —a pesar de considerarse estadísticamente Secundaria Superior— es un título de primer grado de cualificación profesional, el más bajo, que en una economía del conocimiento difícilmente van a contratarlo o encontrar empleo. En fin, cuantos más alumnos “metamos” en la FP Básica, más reducimos —aparentemente— las estadísticas de abandono escolar.
Queramos o no, uno de los efectos positivos de la LOGSE, que padecíamos desde la doble titulación de 1970 (certificado de escolaridad a FP, Graduado escolar a Bachillerato), ha sido la dignificación de la Formación Profesional, ahora valorada en su grado superior, a veces, más que las propias carreras universitarias. Volver a abrir ahora una doble vía supone, de entrada, desandar el camino que tanto ha costado construir. Un itinerario académico y otro profesional, en España, ya lo sabemos desde la LGE de 1970, significa un mayor valor de la primera y una minusvaloración para la segunda.
Es cierto que está el problema persistente de alumnos y alumnas que no tienen los conocimientos y competencias para proseguir adecuadamente el curso de estudios. La vía tentadora es dirigirlos por “otro” camino. Paradoja de que no se quiere atajar la raíz del problema es que los programas de apoyo o refuerzo que existían (tipo PROA) desaparecen, para poner desde segundo cursos unos “Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento” (antes Diversificación).
Este mes, bajo mi dirección, se ha presentado en Granada la tesis doctoral («Los estudiantes en riesgo de exclusión educativa en la ESO: los PCPI como medida de prevención del fracaso escolar») que analiza el funcionamiento de los PCPI, sus virtualidades y sus limitaciones en Andalucía. Por su parte, que conozcamos, la profesora María Teresa González ha dirigido una investigación paralela en Murcia («PCPI: valoraciones e implicación de los alumnos en la C.A. de Murcia»). Hubiera sido el momento, constructivo, a partir del análisis de la práctica, de haber tomado las decisiones oportunas para su mejora, dejando aquello que razonablemente está funcionando bien, cambiando lo otro (p.e., la configuración del segundo curso voluntario) que muestra déficits. En su lugar, preferimos destejer, haciendo —de paso— irrelevante la investigación educativa, no por sus aportaciones, sino por imposiciones ideológicas y políticas. No es extraño, que así nos vaya en educación.
(*) ANTONIO BOLIVAR. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar. Universidad de Granada
– Descargar PDF de este artículo publicado en la revista ESCUELA, Nº 4003 (28/11/2013)
