La principal implicación jurídica del reconocimiento de la autoridad pública del profesorado es su delimitación como colectivo de funcionarios que han de ser protegidos en atención al cargo o función que desempeñan y que ostentan mando y ejercen jurisdicción propia. De hecho, desde fines de 2008, la Fiscalía General del Estado ha instado a todas las Fiscalías de España a que consideren que los profesores de los centros públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales y que cualquier agresión grave contra ellos pueda ser calificada como delito de atentado a la autoridad, tipificado en el Código Penal.
Con anterioridad a la publicación de la LOMCE, varias son las comunidades autónomas que, gracias en buena parte al influjo del discurso de ANPE, aprobaron leyes de autoridad del profesorado que en su ámbito territorial regulaban aspectos como la condición de autoridad pública, la presunción de veracidad, la asistencia jurídica, los deberes de las familias o la reparación de daños ocasionados a los docentes. La Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana fueron pioneras con la aprobación en 2010 de las primeras leyes de autoridad del profesorado vigentes en España. En el trienio siguiente continuaron su ejemplo otros gobiernos autonómicos como los de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja o Murcia.
Mientras estas novedades legislativas se sucedían, la Junta de Andalucía ha contemplado de modo disperso en su normativa educativa buena parte de las medidas contenidas en las distintas leyes de autoridad de otras autonomías. Sin embargo, siempre se ha negado a reunir todas estas medidas en una ley, así como a reconocer la autoridad pública del profesorado, auténtico problema de fondo, ya que la única autoridad que las normas andaluzas reconocen expresamente al colectivo de profesores es la “magistral y académica”.
Para ANPE, la aprobación de la LOMCE pone fin a las excusas del gobierno andaluz en esta materia. Su obligado cumplimiento, por más que las autoridades educativas andaluzas o nuestra propia organización sindical podamos discrepar del conjunto de la ley, fuerza a la Junta de Andalucía a reconocer la autoridad pública del profesorado. Un reconocimiento que exigimos se plasme en una ley de autoridad similar a la de otras comunidades autónomas que reúna además en un único cuerpo toda la normativa andaluza existente en materia de derechos y protección jurídica del profesorado, actualmente dispersa.
