Me considero una persona agnóstica y laica. A diferencia de un creyente que cree en la existencia de un Dios, para mi esa posible existencia divina, no tiene ninguna relevancia en mi toma de decisiones éticas ni morales.
Prefiero definirme como agnóstico y no como ateo, por una exigencia intelectual. El ateo niega la existencia de algún Dios, pero no puede probarlo científicamente, del mismo modo que el creyente tampoco puede demostrar que existe un Dios. Soy de los que piensan que las religiones no son el resultado de revelaciones divinas, sino de interpretaciones humanas a una serie de preguntas sin respuesta. Ese es el motivo por el que sus dogmas, han ido cambiando a lo largo de los tiempos. La Historia nos ha mostrado que desde sus inicios, las religiones han procurado influir y controlar las vidas de las personas.
Defiendo la laicidad porque creo en la separación de poderes entre el hecho religioso y el civil. “ Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. La laicidad tomó carta de naturaleza a partir de la Revolución Francesa (1789), en la que dicha separación de poderes configuró las nuevas leyes republicanas. Desde entonces Francia proclama en su constitución que no tiene religión alguna y no paga salarios ni subvenciona culto alguno. Francia es un estado laico.
La laicidad sin embargo no supone negar las religiones. Que un estado sea laico quiere decir que es neutral ante el hecho religioso, pero al mismo tiempo permite la libertad de culto y la presencia de todas las religiones.
Tengo amigos y amigas creyentes que son laicos. Tienen muy claro que sus creencias personales e íntimas, no deben (con)fundirse ni confrontar con los asuntos civiles. Solo los creyentes dogmáticos quieren imponer sus creencias en todos los ámbitos de la vida.
La religión y la Constitución
Sería muy interesante realizar un recorrido histórico y comprobar la influencia que ha tenido la religión católica en nuestro país a lo largo del tiempo, pero eso haría muy largo este artículo. Partiré desde la Constitución (1978) y me centraré en dos artículos claves para situar la cuestión.
En el artículo 16.3 se dice que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.
Como se puede leer el Estado de define como aconfesional, que no laico. Pero a renglón seguido añade que mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. En el primer anteproyecto de la ponencia constitucional, no aparecía ninguna referencia a la iglesia católica, pero la jerarquía eclesiástica presionó para que se incluyera en el segundo texto que fue aprobado .
En el artículo 27.3 que se refiere a la Educación, los partidos confesionales consiguieron incluir que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Los Acuerdos con la Santa Sede
Mientras se debatía el texto constitucional el gobierno de la UCD negociaba en paralelo con el Vaticano unos Acuerdos que le permitieran a ésta mantener ciertos privilegios. Los más importantes, que el estado financiara al clero y al culto mediante el IRPF y que la religión estuviera presente en los centros escolares. Este segundo punto es clave para entender la situación de la religión en nuestro sistema educativo.
Inmediatamente después de que se aprueba la Constitución, en enero de 1979 se firman los Acuerdos con la Santa Sede. Para muchos estos acuerdos serían nulos de pleno derecho por no cumplir el artículo 95.1 de la Constitución que exige que cualquier tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias al texto constitucional debe ser revisado, cosa que no se hizo y hasta la fecha no se ha hecho.
Recorrido histórico de la asignatura de religión en los centros escolares
Como resultado de lo expuesto, la religión ha estado presente en los centros escolares desde el inicio del periodo constitucional. A lo largo de este tiempo esa presencia ha ido variado algo, según haya habido gobiernos con mayoría del PSOE o del PP.
En los Acuerdos con la Santa Sede, se estableció que “la enseñanza de la religión católica se incluiría en la Primaria y la Secundaria en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. Aunque no se planteó como obligatoria, se entendió que para que no hubiera una discriminación por parte del alumnado que la cursara, debería de haber una materia alternativa para el resto. Durante los gobiernos de la UCD, se planteó que en BUP el alumnado que no diera religión, tenía que dar la asignatura de Ética.
Durante el gobierno del PSOE se aprueba una nueva ley de educación la LOGSE (1990). Esta ley recoge que la asignatura de religión, sería de oferta obligada por los centro, pero de elección voluntaria para el alumnado y que dejaba de tener validez académica. Como alternativa para quienes no escogieran la religión, se ofrecían clases de estudio. La jerarquía católica protestó con fuerza esa decisión, hasta que en 1994 el Tribunal Supremo anuló la alternativa de actividad de estudio.
En 1996 llega al poder del PP y se planteó cambiar la ley educativa, pero no lo pudo llevar a cabo hasta que en las siguientes elecciones consiguió la mayoría absoluta, LOCE (2002). Tal como venía demandando la jerarquía eclesiástica, la asignatura de religión vuelve a tener validez académica y se le oponía una asignatura alternativa fuerte. Pero dicha ley no llegó a aplicarse, ya que tras los atentados de Atocha y la llegada de nuevo al gobierno del PSOE, se paralizó su aplicación.
De nuevo en 2006 se promulga una nueva ley la LOE, que ofrecía la asignatura de religión como optativa, que contaría para repetir curso, pero no para la obtención de becas ni para las pruebas de selectividad a la Universidad. Como alternativa se volvía a la oferta actividades de estudio o una historia de las religiones que nunca se concretó.
Con la nueva vuelta al gobierno del PP en 2011 y para evitar lo que le sucedió con su anterior ley, que no se llegó a aplicar, aceleró todo lo que pudo para aprobar la LOMCE (2013). Con esta ley se recuperaban los deseos de la Iglesia en lo referente a la validez académica de la signatura de religión y la oferta de una alternativa fuerte.
En la actualidad acaba de aprobarse una nueva ley impulsada por el gobierno de coalición de PSOE y UP que pretende corregir los aspectos más controvertidos de la ley Wert. Se trata de la LOMLOE. De nuevo se plantea que aunque los centros han de ofertar obligatoriamente la religión, será voluntaria para el alumnado y además sin una asignatura alternativa. Este aspecto es muy criticado por la oposición conservadora y los sectores más confesionales. También se le retira la validez académica para la obtención de una beca y para la selectividad a la universidad.
El profesorado de Religión
Una consecuencia inevitable de los Acuerdos con la Santa Sede que obligan al Estado a incluir la Religión en los centros escolares, es el profesorado que imparte la asignatura.
En el año 1993 que se firmó un primer convenio entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal. Se les incluyó en el régimen de autónomos, con características de profesorado “especial” y se les equiparó salarialmente con los interinos En el año 1999 se trasladaron las competencias de gestión a las Comunidades Autónomas. Distintas normativas posteriores han ido garantizando y blindando los derechos adquiridos del profesorado de religión. En la actualidad el número del profesorado de Religión puede estar en torno a los 20.000 y su coste económico es de unos 700 millones de euros anuales.
Para poder ser contratado por los respectivos Obispados, se tiene que tener el grado de Maestro o la licenciatura de Teología para Secundaria. Además las autoridades eclesiásticas, de quienes depende exclusivamente todo lo concerniente a su contratación, deben otorgar a los aspirante sendos certificados de idoneidad moral y pedagógica. No existe ningún concurso público de méritos, la elección es potestativa de la jerarquía religiosa.
Sin la derogación de los Acuerdos con la Santa sede, no hay nada que hacer
Los Acuerdos firmados en su día por Adolfo Suárez con el Vaticano, obligaban al Estado a que la Religión se impartiera en los centros escolares. Hemos visto cómo se ha ido impartiendo la asignatura de religión, según el perfil más conservador o progresista de los distintos gobiernos. Pero en ambos casos sin superar el marco de los Acuerdos.
Los partidos progresistas han llevado y llevan en sus programas electorales, la derogación de dichos Acuerdos. Sin embargo ese propósito no se ha llevado a cabo hasta la fecha. Las fuerzas conservadoras junto con la jerarquía eclesiástica, no quieren cambiar la situación actual e incluso les gustaría avanzar aún más si pudieran. Las fuerzas progresistas que dicen apostar por la laicidad no han sido capaces hasta ahora, de dar el paso de la derogación. Mientras eso no se lleve a cabo, todo será un debate y un parcheo, sobre si la asignatura de religión tiene alternativa o no, o sobre su validez académica.
Con el mayor respeto a las creencias religiosas de cada persona, que como hemos dicho están garantizadas plenamente en nuestra sociedad, apuesto por que la Religión esté fuera de los centros escolares. Las religiones no son una asignatura más, sino un conjunto de dogmas y creencias, cuyos espacios para ser conocidas, estudiadas y practicadas, deben ser sus respectivos lugares de culto.
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licenciado en Historia, ha sido maestro e Inspector de Educación.
Escribe artículos, realiza vídeos y es autor de libros sobre temas de Educación,
entre los que destacaría “La Investigación del Medio en la Escuela”.
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