El viernes 19 de junio de 1987, a primeras horas de la tarde, el centro comercial Hipercor de la avenida Meridiana, en Barcelona, no estaba ni lleno ni vacío de clientes; y los que había eran los habituales en cualquier establecimiento de este tipo: hombres y mujeres normales, algunos acompañados por sus hijos. De pronto, a las 16:10 h., una terrible explosión en la planta primera del aparcamiento perforó su techo, abriendo un gran socavón por el que una bola de fuego penetró en la zona comercial, abrasando a los que encontró a su paso. La temperatura se elevó a los 3.000 grados centígrados y el gas tóxico se esparció por el edificio. Era el efecto de 200 kilos de explosivo que la banda terrorista ETA había instalado en un vehículo Ford Sierra que estacionó en ese aparcamiento.
Un rato antes de la detonación unas llamadas telefónicas habían informado de la amenaza en ciernes, pero los datos habían sido tan confusos y la hora indicada, las 15:30, tan inminente y anticipada a la que realmente resultó ser que los servicios de vigilancia del centro comercial y los agentes que buscaron el artefacto explosivo no encontraron nada y, dado que la hora señalada había pasado y en esos tiempos los avisos de falsas bombas eran muy frecuentes, la policía decidió que no era necesaria la evacuación.
Hubo 45 heridos y 21 personas asesinadas, entre ellas Sonia Cabrerizo, que tenía 15 años, y su hermana Susana, de 13 (además de la madre de ambas), y Silvia Vicente, también de 13, y su hermano Jordi, de solo 9, el más joven de los fallecidos ese día. Fue el más sanguinario de todos los crímenes mortales del grupo terrorista. Sus culpables resultaron condenados a largas penas de prisión (casi 800 años cada uno) y el Estado fue considerado responsable civil subsidiario por negligencia al no haber desalojado el edificio. Nunca antes ETA habían matado a tantos en un solo día ni lo haría en los años siguientes, aunque su dramático historial de vidas segadas se remonta a 1968, todavía en plena dictadura franquista, y más tarde vendrían otros atentados salvajes, como los de las casas cuartel de Zaragoza (diciembre de 1987) y Vich (mayo de 1991).
El 19 de junio de 2009 era viernes asimismo y habían pasado exactamente veintidós años desde la terrible masacre de Hipercor. Ese día, en Arrigorriaga (Vizcaya), el inspector de policía Eduardo Puelles salió a las 9 de casa para desplazarse en su coche al puesto de trabajo. Al arrancarlo se produjo una explosión que incendió rápidamente el vehículo. No tuvo tiempo de reaccionar y quedó dentro calcinado. Nuevamente una bomba, de unos 2 kilos, pegada por alguien a los bajos del coche, cerca del depósito de gasolina. En 2013 cuatro terroristas de ETA fueron juzgados y condenados a 45 años de prisión cada uno y a indemnizar a la viuda y a los hijos. Fue el último atentado cometido por la banda en el País Vasco y solo unos meses después, en marzo de 2010, el asesinato en París de un gendarme de la policía francesa sería el punto y final de un sangriento historial de cuarenta y dos años de crímenes mortales.
Han sido 855 vidas truncadas violentamente (según la Fundación Víctimas del Terrorismo). Entre ellas, desde 1977, las de numerosos granadinos de distintos lugares de nuestra provincia —policías o guardias civiles destinados en el País Vasco o Madrid la mayoría de ellos—:
Antonio Hernández Fernández-Segura (de 23 años), José Manuel Baena Martín (31), Alberto Villena Castilla (27), Antonio Peña Solís (26), Pedro Sánchez Marfil (20), José Torralba López (23), Miguel Hernández Espigares (23), Arturo López Hernández (37), José Alberto Lisalde Ramos (27), Francisco González Ruiz (24), Juan Maldonado Moreno (42), José Ángel Requena Duarte (24), Enrique Casas Vila (40), Ángel de la Higuera López (20), Manuel Jódar Caballero (35), Conrada Muñoz Herrera (55)*, Juan José Escudero Ruiz (52), Fabio Moreno Asla (2), José Manuel Fernández Lozano (25), Miguel Miranda Puertas (64), Rafael Leiva Loro (43), Domingo Puente Marín (51)*, Luis Portero García (madrileño afincado en Granada, 59 años)* y Jesús Escudero García (53), en el año 2000.
Los tres indicados con un asterisco tuvieron lugar en Granada: el 11 de agosto de 1989, Conrada Muñoz abrió en su casa de Montillana el paquete bomba que iba destinado a su hijo, funcionario de prisiones. Domingo Puente, peluquero de la Base Aérea de Armilla, murió al explotar un coche-bomba en la urbanización Jardín de la Reina cuando pasaba la furgoneta militar en la que iba al trabajo esa mañana del 10 de febrero de 1997. Y Luis Portero, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, perdió la vida debido a dos disparos por la espalda efectuados en el mismo portal de su casa, en la céntrica calle Rector Marín Ocete, el 9 de octubre del 2000. En Granada hubo una multitudinaria manifestación contra el terrorismo.
Sábado 19 de junio de 2021. Han pasado más de once años sin asesinatos de ETA, que anunció el fin definitivo de su actividad armada en el 2011 y su disolución en el 2018. Esto significa que, afortunadamente, ya no es actualidad periodística, sino historia. Pero una historia que todos debemos conocer bien —también los más jóvenes—. Es una historia desgarradora, pero hay que enseñarla con toda su crudeza, para no banalizarla. Para que nadie pueda hacer canciones dudosas ni chistes de mal gusto pero, sobre todo, para que entendamos bien nuestro presente y aseguremos un futuro totalmente libre de cualquier violencia.
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Profesor de Historia en el IES Padre Manjón
y autor del libro ‘Un maestro en la República’ (Ed. Almizate)