El principio de curso se está viendo teñido por las informaciones referentes al descenso de la natalidad, que no es una novedad, lo que llama la atención a este respecto es la postura de nuestra delegación. El pasado curso, en las reuniones del consejo escolar, la Delegada afirmaba que las ratios se irían bajando de manera natural con el descenso de la natalidad en los centros públicos dependientes de la Junta de Andalucía, sin embargo los datos contrastan con esta utópica visión. Lejos de mantener las aulas prometidas, la escuela pública ha perdido en la última década un porcentaje más alto de su alumnado, debido a los recortes sistemáticos de recursos y de unidades, que a la enseñanza concertada. Se trata del clásico blindaje de la privada-concertada sostenida con fondos públicos, que en su momento nació como apoyo a la red pública y no al contrario. Este impacto es dramático en la red pública que pierde 112 colegios en 10 años, mientras el número de centros privados aumenta en 80.
La cuestión es cómo afronta nuestro gobierno andaluz esta situación que está esquilmando los servicios públicos, principalmente la sanidad y la educación en Andalucía. Desde USTEA venimos denunciando que el impacto mayor del descenso de natalidad se produce en la escuela pública; a nivel global hablamos de un descenso de un 17% de alumnado en las escuelas públicas frente a un 10% en las privadas-concertadas, sostenidas con fondos públicos. Según las previsiones de USTEA hay más de 300 aulas que se suprimen este curso. Esta situación es más marcada si nos centramos en poblaciones como Baza, Guadix o Granada, estos datos los podremos confirmar cuando salga la orden de creación y supresión de unidades que suele publicarse en octubre.
Si nos centramos en la realidad provincial, en un estudio realizado por USTEA Granada con los datos del curso pasado, nos centramos en los recortes que se han producido en Granada capital.
La situación continúa muy parecida a cursos anteriores donde la hegemonía de la concertada, por ejemplo en la ESO asciende a un 61´39% del total de unidades. Según los datos de delegación hubo 6495 docentes en las etapas de secundaria, bachiller, FP y régimen especial, con una aumento de plantilla de 97 docentes, si bien hay que reiterar que se incluyeron las sustituciones, lo cual falseaba los datos.
Pérdidas de unidades en la enseñanza pública
Mientras que la enseñanza concertada se consolida, la enseñanza pública sigue perdiendo unidades en las primeras etapas, lo que afectará posteriormente al resto. Si en toda Granada el 1º ciclo de infantil está en manos principalmente de la privada en un 52%, según datos de la delegación de educación, la concertada mantiene su hegemonía en la capital desde el 2º ciclo de infantil hasta el final de la ESO, manteniéndose estable y asegurando su futuro.
El estudio realizado por USTEA Granada concluye que estas condiciones de continuados recortes en la pública y con el actual gobierno de la Junta de Andalucía, que concibe la educación como un nicho de negocio, las unidades de la enseñanza pública van a seguir decreciendo y sin embargo los mensajes políticos promulguen falazmente su continua mejoría.
La propuesta de ILP de bajada de ratio promovida por USTEA venía a solventar estos problemas, proponía una máximo de 25 alumnos/as por aula en la ESO y de 30 en bachiller; así como de 20 en infantil y primaria, reduciendo también las ratios en las aulas específicas y para especialidades como PT, AL y orientación. Todo ello con el aval de las firmas de más de 50.000 andaluzas y andaluces. La implantación de esta normativa hubiese supuesto una mejora en la calidad de la enseñanza ofertada a todos los niveles, por desgracia el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla se negó ni tan siquiera a debatirla en el parlamento. Desde USTEA seguimos promoviendo la bajada de ratio en el seno de la plataforma nacida de esta ILP y tenemos una concentración mañana a las puertas de la delegación para reclamar por la supresión de unidades de los centros y la planificación irregular de las unidades por encima de la ratio permitida por ley.
En las visitas que ha realizado USTEA en el inicio de curso hemos detectado, tanto en centros de primaria , como de secundaria planificación de unidades por encima de la ratio permitida por ley, lo cual está sólo previsto en casos sobrevenidos y únicamente después del inicio del curso. Por otra parte, hemos detectado que las zonas que padecen la pérdida de recursos educativos y ven gravemente afectada la dotación de medios, como, por ejemplo, recursos TIC, son principalmente las rurales.
El Defensor del Pueblo Andaluz manifestó la importancia de la escuela pública y la escuela rural en su visita a Granada en junio. La Defensoría pretende lograr ante las administraciones, y poderes públicos responsables, la creación de todo un Sistema educativo que sea la garantía organizativa del derecho fundamental a la Educación y que disponga de las medidas necesarias para compensar y corregir las desigualdades. El Defensor del Pueblo puso de manifiesto la importancia de una ratio reducida para que la enseñanza sea lo más adaptada posible a las necesidades del alumnado. Sin ir más lejos el referente mundial en educación (Finlandia) tiene aulas de 15 alumnas y alumnos en las que hay 2 maestras o maestros por aula. Por tanto una bajada de ratio sería la solución a algunos de los problemas que acucian la enseñanza pública.
Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Por otra parte, USTEA Granada viene denunciando desde hace varios años que no se cumplen los mínimos marcados por el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de febrero de 2021, en lo referente al número de Técnicos de Prevención de riesgos laborales. En el caso concreto de la delegación de Educación de Granada, USTEA Granada ha detectado que cuenta sólo con el 30% de los que le correspondería por ley. Es por ello que el Sindicato USTEA Granada interpuso un conflicto colectivo contra la Consejería de Educación por incumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales e infracción de las normas de seguridad y salud laboral
La sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA de ANDALUCÍA reconoce los argumentos de USTEA y se estima que la Administración demandada incumple las normas en materia de seguridad y salud laboral en lo relativo a la dotación mínima de técnicos de prevención de riesgos laborales , declarando el derecho del colectivo docente de la provincia de Granada a contar al menos con 11 técnicos de riesgos laborales y 1 coordinador/a en riesgos laborales, condenando a la administración demandada a cumplir las peticiones de USTEA. Este curso la delegación deberá devolver este derecho al colectivo docente de Granada.
Por otra parte, siendo Granada la provincia andaluza que más profesorado sordo tiene, la gestión de intérpretes de signos está siendo deficiente. Seguimos pidiendo la cobertura de la intérprete de signos que la sentencia ganada por USTEA el curso pasado obligaba a la Junta a cubrir, intérprete, que desde hacía 11 años no se cubría y sólo se cubrió durante unos meses el curso pasado. USTEA ha constatado que a día de hoy esta adaptación al puesto de la compañera no se ha cubierto y la docente afectada no puede desarrollar su labor docente de manera adecuada; así mismo reivindicamos que la cobertura de estas plazas se haga con vacantes gestionadas por la Junta de Andalucía para evitar las irregularidades laborales que están teniendo las subcontratas que el curso pasado realizó la consejería. A día de hoy hemos detectado tres casos en la provincia de Granada cuyas intérpretes no han sido cubiertas en lo que va de curso.
Desde USTEA seguimos defendiendo la educación pública y los derechos del profesorado.
Un saludo y buen día
Manuela Fernández Gómez,
responsable del sector de enseñanza de USTEA Granada
Ver vídeo de la concentración:
