El Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea fue firmado en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid el 12 de junio de 1985. La rúbrica la pusieron el Presidente del Gobierno Felipe González, el Ministro de Asuntos Exteriores Fernando Morán, el Embajador de España ante la UE Gabriel Ferrán y el Secretario de Estado de Relaciones con las Comunidades Europeas Manuel Marín. El Congreso ratificó por unanimidad la adhesión, y el 1 de enero de 1986 España entró a formar parte de pleno derecho de la UE. Ese día del año recién estrenado se han cumplido cuarenta años de esta importante efeméride.
Al hilo de este acontecimiento, el expresidente del Gobierno Felipe González, ha manifestado: “Este hecho supuso la superación de un aislamiento secular y la integración en un destino común con Europa Occidental. Fue la culminación de un periodo de lucha de millones de españoles que identificaron libertad y democracia con nuestra integración en Europea. Hoy en día, el Tratado demanda defensa y seguridad porque no se puede estar permanentemente dependiendo de otros. Si de verdad Europa se quiere empoderar se debe hacer cargo de sí misma”.
La organización que se convertiría en la Unión Europea se creó en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial impulsando la cooperación económica: el resultado fue la Comunidad Económica Europea creada en 1958. El germen de la UE fue el Tratado de Roma firmado por seis países: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. El cambio de nombre de Comunidad a Unión se produjo en 1993. Esta Institución se fundamenta en el Estado de Derecho, se rige por el principio de democracia representativa, y sus acciones se basan en los Tratados, o acuerdos vinculantes entre los países miembros. Los derechos humanos de sus ciudadanos están protegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales.
La Unión funciona mediante diferentes normativas: directivas, reglamentos decisiones, recomendaciones y dictámenes. Su moneda es el euro y su motor económico el mercado único. Por éste, la mayoría de las mercancías, servicios, personas y capital pueden circular libremente. También toma decisiones sobre treinta y cinco grandes temáticas como las siguientes: Acción por el clima y el pacto verde; Economía, finanzas y el euro; Migración y asilo; Fronteras y seguridad; Empresas e industria; Mercado único; Economía y sociedad digitales; Política de empleo y asuntos sociales; Investigación e innovación; Educación y formación. Bajo ésta, la UE ayuda a los países miembros para que sus políticas de educación y formación sean de calidad mediante el intercambio de buenas prácticas; ofreciendo financiación y conocimientos especializados; y potenciando la creatividad, la innovación y el emprendimiento en todos los niveles educativos. El “Erasmus +” brinda la oportunidad a personas de todas las edades a formarse, adquirir experiencia laboral y ejercer como voluntarios en el extranjero. La Comisión Europea es consciente del papel determinante de la Formación Profesional; de ahí que ha hecho de estas enseñanzas uno de los ejes relevantes de sus políticas. Así se pone de manifiesto en la “Recomendación del Consejo de 24 de noviembre de 2020 sobre la Educación y Formación Profesional para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia: 2020/C 417/01”.
Cuatro son las instituciones que participan en la toma de decisiones: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo y la Comisión Europea. El Parlamento es elegido por los ciudadanos de la Unión en elecciones directas que se celebran cada cinco años. Trata asuntos como aprobar, modificar o rechazar leyes; decidir sobre acuerdos internacionales y sobre las ampliaciones de la Unión; y elegir al presidente de la Comisión. El Consejo Europeo está compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de todos los Estados miembros, el presidente de la Comisión Europea y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y tiene potestad para fijar la agenda política de la Unión. Representa el nivel más alto de cooperación política entre los Estados miembros y toma decisiones sobre las prioridades de las políticas generales; establece la política exterior y de seguridad común; y designa y nombra al Presidente de la Comisión Europea y al presidente del Banco Central Europeo. El Consejo es la principal instancia decisoria junto con el Parlamento. En él los ministros de los Gobiernos de cada Estado se reúnen para modificar y adoptar leyes. La Presidencia del Consejo rota cada seis meses, preside todas sus sesiones y fija el orden del día. Igualmente coordina las políticas de los países de la Unión, celebra acuerdos entre ésta y otros países u organizaciones internacionales, y adopta el presupuesto anual junto con el Parlamento.
La Comisión Europea es la encargada de gestionar la labor cotidiana de la Unión. La mayoría de su personal trabaja en Bruselas y Luxemburgo, aunque existen oficinas de representación en todas las capitales de los Estados miembros. Está formada por el Colegio de 27 Comisarios, uno por cada Estado miembro. La UE tiene también dos instituciones de carácter exclusivamente económico: El Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones. El BCE tiene como objetivo mantener la estabilidad monetaria en la zona euro, y el BEI, que es propiedad de los Estados miembros, tiene por misión prestar dinero para las inversiones de la Unión. En la actualidad, la Unión Europea tiene una superficie 4.103.987 Km2 y una población de 448,4 millones de habitantes de sus 27 países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia.
El futuro de esta Institución pasa por el “Informe Letta”. Toma su nombre de Enrico Letta, político italiano del Partido Democrático (PD) y primer ministro de Italia desde abril de 2013 hasta febrero de 2014. Se trata “De un conjunto de propuestas para dinamizar la economía europea orientadas hacia la culminación del mercado único y su adaptación a las nuevas circunstancias. Entre los retos a los que se enfrenta Europa destacan la transición climática, las transformaciones tecnológicas y los cambios geopolíticos. Para ello se necesita un decidido impulso reformista que pasa por la dinamización de la unión de los mercados de capitales, la creación de un marco de ayudas de Estado paneuropeas basado en contribuciones nacionales, la promulgación de un código de derecho mercantil como alternativa a la armonización de los veintisiete ordenamientos nacionales existentes, la incorporación al mercado único de sectores como la energía y las telecomunicaciones o la priorización de la aprobación de reglamentos directamente aplicables en los Estados miembros. Una de las bondades de este Informe es que ha sido compartido por todos los países miembro de la Unión.
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