De entrada, si todos pudieran tener el mismo grado de libertad de elección de centro, sin duda estaría a favor. Pero claro, la misma libertad es, conjuntamente, posibilidad real (situación económica, lugar de residencia) de diferentes opciones en la misma ciudad, y capacidad real (capital cultural y social de partida) para saber elegir la mejor opción de futuro para los hijos. Dado que ambas dimensiones no son iguales para todos, la libertad de elección es para unos pocos, no para todos. En cualquier caso, son las familias de clase media (padres más instruidos) en la mayoría de países las que han acabado sacando más provecho de la libertad de elección. Son aquellas que tienen mayor información; mayor acceso a redes sociales privilegiadas; y –paralelamente– mayor capacidad para sufragar los costes complementarios de la escolarización en determinados centros.

¿Quién elige a quién? ¿Las familias a las escuelas, o las escuelas a las familias? Estas políticas en realidad no incrementan la capacidad de elección de las familias, sino la de los centros para que puedan elegir a los alumnos en función de la demanda que tengan. Cuando existe mayor libertad de elección, en realidad, se incrementa la proporción de escuelas con capacidad legal para fijar sus propios criterios y procedimientos de admisión de  alumnos. Constatado por excelentes investigadores a nivel internacional (Stephen Ball en el Reino Unido o Agnès Van Zanten en Francia) lo que provoca es la configuración de centros de diferentes categorías y guetos, incrementando la desigualdad y las dinámicas de segregación escolar (es decir, distribución desequilibrada de alumnos de un mismo perfil). Contra lo que ilusoriamente se trata de hacer creer, en la práctica, no queda incrementada la capacidad de las familias, de hecho las más desfavorecidas no podrán elegir nada, son los centros más demandados los que eligen a las familias que prefieren. Por eso resulta cómico, si no cruel, decir –como ha afirmado la Consejera de Madrid– que, gracias a la libertad de elección de centro, los niños de familias más desfavorecidas podrán ir a los mejores colegios y se equilibrará el alumnado. Sería bueno que aportase datos de países en que así ha sucedido.

Las políticas educativas, hasta ahora, han primado la asignación de centro en base a sus zonas territoriales de influencia, dentro de una zonificación abierta. La nueva normativa de escolarización en la Comunidad de Madrid (a la que se refería Alejandro Tiana en otra columna de “Escuela”), pero también de Valencia y la propia LOMCE posibilitan que  las familias puedan optar por cualquiera de los centros (públicos o privados concertados) de su municipio. Al igual que en Madrid, en la Comunidad Valenciana se establece distrito único, excepto Valencia (tendrá cuatro zonas), Alicante y Elche (tendrán tres zonas). Para culminar el proceso, imitando lo que ya se hizo en el Reino Unido (Agencia “Ofsted”), se establecen páginas web para facilitar la elección de centros, según preferencias y ranking (resultados históricos de pruebas externas). En Valencia “Geo-Escola” y en Madrid “buscadordecolegios”.
 

Una política de libertad de elección de centro se inscribe en un conjunto más amplio de medidas para convertir la educación en un casi-mercado, en cuya dirección avanza decididamente la LOMCE: autonomía de centros, diversificación de oferta curricular entre centros diferenciados, competencia entre centros públicos y privados, sistemas de financiación centrados en la demanda, evaluación externa y establecimiento de ranking entre centros, etc. De este modo, mientras las familias compiten entre sí para inscribir a sus hijos en un mercado abierto y diferenciado de centros educativos,  éstos compiten para representar en el mercado una oferta educativa atractiva, susceptible de atraer a un mayor número de alumnos. De este modo se confía en el principio de la autorregulación como mecanismo de ajuste del sistema. En fin, como decía sin ambages el Presidente de la Comunidad de Madrid, la libertad de elección a va fomentar una “competencia sana y leal” entre unos y otros, porque cada uno va a pretender ser “el mejor y el más demandado”. Acabamos como comenzamos, si todos pudieran competir en las mismas condiciones, estaríamos de acuerdo; pero eso supondría estar en otro tipo de sociedad. Mientras tanto, si no se toman paralelamente otras medidas, beneficia a unos y perjudica a otros. No son opiniones, lo ha constatado la Sociología de la Educación.

(*) ANTONIO BOLIVAR. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar. Universidad de Granada

– Descargar PDF de este artículo publicado en la revista ESCUELA, Nº 3988 (13/06/2013, 321 Kb)

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