“El nivel de renta de un país nos indica la riqueza que tiene hoy;
el nivel de educación nos indica la riqueza que tendrá mañana”
En nuestra batalla individual y colectiva contra el virus (por su fuerte impacto y por la inmensa tragedia que ha provocado en nuestro país), ya hemos dejado atrás esta anodina Semana Santa que nos ha quedado; sin pasos, sin procesiones y sin gente por las calles. También lo ha hecho la conmemoración reivindicativa y silenciosa del 14 de abril; a los 89 años de la proclamación pacífica y festiva de la II República. Y sigue avanzando el mes de abril…
Mientras tanto, y continuando con el relato que nos propusimos de recoger los cambios educativos que se produjeron en la España democrática, señalaremos que a la Ley General de Educación (LGE) de 1970 le sucederán nuevas reglamentaciones en el creciente proceso legislador de la Democracia. El más importante, sin duda, será la aprobación de la Constitución de 1978. Carta Magna que, redactada bajo el espíritu de consenso de la Transición, recogerá en su artículo 27, los acuerdos básicos a que llegaron los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados en torno a la enseñanza. Es decir, logrado como fruto de los pactos y concesiones mutuas; propio de ese momento histórico. Surgirá así un artículo, intencionadamente ambiguo y plural, que dará cabida a la alternancia en el poder de distintas opciones políticas. Así, por un lado, quedará amparado el derecho de todos a la educación o, lo que es lo mismo, el principio de igualdad ante la educación que podríamos entender como una primacía de la escuela pública. Y, seguidamente, se reconocerá el principio de libertad de enseñanza, que pone más el acento en la libertad de creación y elección de centros por los padres que, lógicamente, ampara a la enseñanza privada; ligada fundamentalmente a centros vinculados a la Iglesia católica.
Indudablemente, ese difícil equilibrio constitucional va a permitir interpretaciones muy distintas que abundarán más en uno u otro sentido. Y, por tanto, con unas consecuencias educativas muy diferentes entre ellas. Contrapartidas que, una vez quedaron lejanos los principios del obligado convenio de la Transición, impedirán la salvaguarda o el mantenimiento de la educación alejada de la esfera de los enfrentamientos políticos e ideológicos.
El cambio más profundo de la escuela en Democracia vendrá con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) del año 1990. En la misma se ampliarán los dos años de Preescolar (llamados párvulos de 4 y 5 años), a dos ciclos completos de Educación Infantil: de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. Se aumentará, también, la escolarización obligatoria hasta los 16 años. Quedando dividida la misma en dos etapas: Educación Primaria, de 6 a 12 años y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de los 12 a los 16 años. Asimismo, se corregirán otras deficiencias estructurales como la formación inicial y permanente del profesorado, la educación de las personas adultas, la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, etc.
Durante todos estos años de restablecimiento democrático debemos resaltar la importancia y efervescencia de numerosos movimientos de renovación pedagógica y la implantación de experiencias de innovación educativa por doquier. Todo ello, acompañado de un aumento significativo en el número de aulas y de profesores, de instauración de cauces de participación de los padres y madres, del cambio en la relación maestro-alumno… Aspectos, todos ellos, tendentes a la consecución de una mayor democratización de la educación y del conocimiento.
Pero, también serán tiempos de disputas políticas que siempre encontrarán en la educación un terreno abonado. Enfrentamientos ideológicos que han conllevado unas continuas reformas y contrarreformas educativas que, en algunos casos, ni llegaban a entrar en vigor totalmente o lo hacían mínimamente. Sucesión de leyes educativas –ya van siete en estas más de cuatro décadas– que, reiteradamente, han ignorando las demandas de nuestra sociedad y que han esquivado la necesidad de dejar a la educación fuera de la lucha partidista. Y con una legislación educativa que se ha quedado enquistada en tres puntos principales: la convivencia de la escuela pública y la escuela privada, los distintos itinerarios educativos dentro del sistema y la religión en las aulas.
Solo una vez, en el año 2010, y siendo Ángel Gabilondo ministro de Educación, se estuvo a punto de conseguir la ruptura definitiva de estos vaivenes legislativos. Por fin, se tuvo al alcance la posibilidad de lograr un pacto de Estado. Un pacto educativo que pusiese fin a este disloque reglamentario continuo y se centrase en la necesaria modernización de nuestro sistema educativo y en la mejora de la calidad de la educación. Ese principio de acuerdo quedó desbaratado y roto antes de estampar su firma. Algún día nos deberían explicar por qué antepusieron sus valores y postulados ideológicos antes que el bien común de la ciudadanía. Sin duda, sería enormemente esclarecedor.
Durante los últimos años el contexto de la escuela se ha vuelto más complejo, más exigente, y se han aumentado las demandas sociales sobre ella: conciliación de la vida laboral y familiar, atención a la diversidad, burocratización del sistema, centros bilingües, aulas digitales, imposición de criterios de eficacia y rentabilidad, adaptación a una tecnología cambiante –y más aún con la enseñanza telemática a la que todos no hemos visto obligados en estos días y que, a la vez, ha abierto la desigualdad de acceso a los medios de los sectores más desfavorecidos; la brecha digital–. Las escuelas rurales, por su parte, sufrirán los efectos de la despoblación de llamada España vaciada y algunas, como Cerrillo Puertas, se cerrarán definitivamente.
También se instalaron los siempre negados recortes y el fuerte detrimento de la escuela pública (en beneficio de la enseñanza privada y concertada) que sintomáticamente se viene experimentando año tras año. Antecedentes por los que, ahora que hemos comprobado en nuestras propias carnes lo que nos urge no descuidar las políticas de salud pública y de investigación, debemos situar un nuevo baluarte en defensa de la escuela y la educación públicas. Olvidándonos, de una vez por todas, de los viejos e interesados cantos de sirena que siempre acuden buscando negocios fáciles, especulativos y rentables. Pero, siempre lejanos al interés público, la igualdad de oportunidades y el bien común. Además, debemos continuar insistiendo en la urgencia de un pacto educativo sincero y verdadero. Pacto que sigue constituyendo todo un desafío y una necesidad vital para la España del siglo XXI.
Y, para concluir, cuando esta tormenta pase –que pasará–, deberemos dejar de una vez de lado el ancestral cainismo que nos divide y debilita como sociedad. Pues, estas excepcionales circunstancias que estamos viviendo y las incertidumbres que se han generado en nuestro futuro –aún no podemos predecir el impacto real que tendrán en la escuela presencial las tecnologías y las plataformas de aprendizaje virtuales de la enseñanza a distancia–, con la perspectiva que nos ofrece el tiempo y la experiencia, deberían hacer prevalecer mucho más la empatía, la solidaridad y el espíritu colectivo de entendimiento entre los españoles. Ejemplos de los que algunos representantes públicos, con sus tácticas de crispación y enfrentamiento, no son modelos a imitar. Precisamente.
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Maestro del CEIP Reina Fabiola (Motril).
Autor de los libros ‘Cogollos y la Obra Pía del marqués de Villena.
Desde la Conquista castellana hasta el final del Antiguo Régimen‘
y ‘Entre la Sierra y el Llano. Cogollos a lo largo del siglo XX‘
